A partir del próximo curso, los alumnos españoles de primaria y secundaria podrán recibir enseñanza de religión protestante o islámica en las escuelas estatales. Los padres que la deseen para sus hijos lo comunicarán al centro escolar, y cada confesión designará los profesores. Según fuentes de una y otra confesión, serán unos 75.000 (55.000 protestantes y 20.000 musulmanes) los alumnos que recibirán esta enseñanza religiosa.
Esta fórmula es igual a la adoptada para la enseñanza de religión católica, que todas las escuelas están obligadas a ofrecer y los padres pueden o no elegir. Las clases de religión son semanales, de una hora, y los alumnos que no acuden a ellas realizan otras actividades. El contenido de estas ocupaciones es motivo de una vieja disputa entre la Iglesia católica y el Estado. La primera quiere que los alumnos que no eligen religión reciban formación moral no confesional, por ejemplo con una asignatura de ética -como ocurría antes-, y que ambas materias cuenten para el expediente académico. Pero desde que el Ministerio suprimió la alternativa entre religión y ética, no ha dado una solución satisfactoria. La Iglesia ha ganado en los tribunales varios recursos contra sucesivos decretos que regulaban esas clases alternativas; el último, que prevé actividades diversas -en ningún caso una asignatura propiamente dicha-, también ha sido recurrido.
Las confesiones musulmana y protestante no se preocupan de lo que hagan los alumnos que no asisten a clase de religión. Sus convenios con el Estado se refieren sólo a la enseñanza de los respectivos credos. Ambas confesiones están legalmente reconocidas como religiones de «notable arraigo» en España, lo que permite acuerdos formales con el Estado.
Un portavoz de la Conferencia Episcopal católica valoró de modo positivo este convenio: el paso dado, dijo, es «una decisión normal y lógica en un Estado de derecho y en un país de pluralidad religiosa».
Mientras tanto, en Gran Bretaña, la clase de religión ha sido objeto de quejas por parte de familias musulmanas. Según la ley de Educación de 1988, la enseñanza religiosa debe «reflejar que las tradiciones religiosas en Gran Bretaña son principalmente cristianas, a la vez que se tiene en cuenta la enseñanza y las prácticas de otras religiones». Por esto, los alumnos de escuelas estatales reciben, desde que tienen cinco años, información sobre múltiples credos: cristiano, hindú, islámico, budista y judío. Este modelo de enseñanza ha sido criticado por distintas confesiones. Lo que se ha conseguido con esta enseñanza, dicen, es que los alumnos no crean en casi nada.
De hecho, en el mes de enero cientos de padres musulmanes retiraron a sus hijos -1.500 alumnos en total- de las clases de religión, en protesta por la enseñanza que recibían. Desde entonces profesores musulmanes los educan en su fe. Recientemente, la Asociación de Profesores Cristianos (2.800 miembros, en su mayor parte evangélicos) ha pedido a los padres que rechacen la enseñanza multiconfesional y soliciten para sus hijos una enseñanza cristiana. Afirman que los niños necesitan saber cuál es su religión.
También en Alemania hay polémica en torno a la clase de religión. En virtud de la Constitución de 1949, la enseñanza religiosa es materia obligatoria; los profesores son designados por las Iglesias y pagados, en la mayoría de los casos, por el Estado. (Hay dos excepciones: Bremen y Berlín, donde la religión no era asignatura obligatoria antes de 1949). Tras la reunificación del país, este modelo se trasladó a los nuevos Länder del Este. Pero el gobierno de Brandeburgo ha decidido sustituir la actual enseñanza religiosa por una nueva asignatura obligatoria, de tipo laico, sobre ética y religión.
De impartir esta materia se encargarán en cada caso un profesor de la escuela y un representante de la Iglesia. El sistema ya ha sido experimentado durante tres años en 44 escuelas estatales. Y las Iglesias se quejan de que, en la práctica, sus representantes eran relegados, sin que se pidiera su intervención más que para hablar ocasionalmente a los alumnos de temas como las festividades o costumbres religiosas.
En consecuencia, la Iglesia luterana se ha declarado en contra del proyecto de Brandeburgo. Y la Iglesia católica se niega a colaborar con el nuevo sistema, a la vez que ha amenazado con recurrirlo ante el Tribunal Constitucional.