Mientras la LOE ve la educación como «servicio público», Blair quiere abrir la enseñanza al mercado.
Tanto Inglaterra como España están descontentas con los mediocres resultados de sus escuelas de secundaria. Ambos países tienen gobiernos de izquierdas. Pero, puestos a remontar la situación, han elegido caminos opuestos: el gobierno de Zapatero pretende imponer a las escuelas privadas concertadas las mismas normas que a las escuelas estatales; el gobierno de Tony Blair quiere mejorar las escuelas públicas permitíéndoles adoptar criterios de gestión privada. La Ley Orgánica de la Educación (LOE) de Zapatero concibe la educación como «servicio público»; Blair propone que el Estado intervenga menos y deje más espacio a todos los entes privados que quieran colaborar en la enseñanza.
En los nueve años que lleva en Downing Street, Tony Blair ha introducido reformas económicas y sociales modernizadoras, sin atenerse al criterio de nivelar por lo bajo, que mantuvo tanto tiempo al laborismo fuera del poder. Ahora quiere culminar su gestión reformadora con la asignatura pendiente de la escuela, un campo donde los criterios de gestión privada siguen siendo tabú para algunos.
Las líneas maestras de la reforma fueron adelantadas ya en un Libro Blanco presentado el pasado año por la ministra de Educación, Ruth Kelly (cfr. Aceprensa 124/05). El proyecto de ley actual responde a esas directrices, si bien ha limitado algunas de sus innovaciones para evitar el choque con el búnker más izquierdista de su propio partido.
La idea clave es que la mejora de la escuela exige aumentar la variedad y la posibilidad de elección. Así como el modelo LOE responde a la idea de unas fórmulas uniformes decididas desde los poderes públicos, la reforma de Blair y Kelly va en la línea de liberar iniciativas para que haya modelos distintos y las familias elijan.
Algunos dicen que la escuela queda sometida así a criterios de mercado. Pero no será un mercado basado en el poder adquisitivo, dice Blair, ya que la financiación garantizará la gratuidad de la enseñanza. Si la idea se aplica, será un mercado en el sentido de que el cliente podrá elegir, y su decisión tendrá consecuencias para las escuelas públicas y privadas: las buenas escuelas podrán crecer, las malas tendrán que mejorar o cerrar, y podrán crearse nuevas escuelas bajo patrocinio privado (de empresas, de organizaciones religiosas o benéficas, de universidades, de fundaciones…). En definitiva, se trata de aplicar unos criterios que en tantos otros sectores han conducido a una mejora del servicio, y a los que ya están sometidos también las escuelas privadas.
Más autonomía para las escuelas
Las autoridades educativas locales (LEA), de las que actualmente dependen las escuelas, perderán poder sobre la gestión de los centros, para quedar reducidas al papel de supervisoras. En el Libro Blanco ni tan siquiera se les permitía que tomaran la iniciativa de abrir nuevas escuelas «comprensivas», para que todo respondiera a la demanda social. El proyecto de ley, haciendo una concesión, se lo permite, si bien el gobierno se reservaría un derecho de veto.
En cualquier caso, una solución muy distinta a la de España. Según la LOE, a la hora de establecer o ampliar un concierto con un centro privado, las autoridades educativas se reservan el derecho a decidir si responde a «necesidades de escolarización» (por muchos alumnos que tenga), mientras que las escuelas públicas responden a esas necesidades por definición, aunque les sobren plazas.
Pero lo que sin duda causaría escándalo en España es que las escuelas públicas pudieran decidir adoptar un estatuto de gestión privada. En el Libro Blanco británico se decía que las escuelas públicas podrían adoptar la fórmula de «trust», y ser gestionadas por asociaciones de padres, empresas, organizaciones religiosas o benéficas, etc., dentro de unos parámetros establecidos por el gobierno. Pero como esto pone los pelos de punta a un sector de los diputados laboristas, el proyecto de ley no se atreve a utilizar el término «trust schools», si bien el gobierno dice que en la legislación actual ya existe esta posibilidad bajo la fórmula de «foundation schools». En este tipo de escuelas, el consejo directivo contrata al profesorado y tiene la responsabilidad de la admisión de alumnos.
La reforma quiere impulsar la autonomía de las escuelas en la decisión del presupuesto, contratación del profesorado y selección de los alumnos. En la misma línea, los padres tendrán más poder para retirar su confianza a la dirección de un colegio, y para dar su opinión en materias como el curriculum, las comidas o los uniformes.
Los críticos de la izquierda ven aquí el riesgo de que las buenas escuelas seleccionen a los alumnos más aventajados y releguen a los problemáticos, que a menudo proceden de familias más pobres. En esto, no hay gran diferencia con los temores expresados en España. Para acallar estas críticas, el proyecto de ley de Blair prohíbe que se seleccione a los alumnos mediante una entrevista, y exige que las escuelas «actúen en concordancia» con el actual código de admisiones. Pero, de un modo u otro, se trata de potenciar la capacidad de elección de las familias también dentro de la escuela pública.