Contrapunto
En Francia, como en otros países europeos, el gobierno pretende recortar los gastos en medicamentos a cargo de la Seguridad Social. Con este fin, ha manifestado su propósito de potenciar la venta de fármacos genéricos, más baratos que los de marca, y mantiene conversaciones con la industria farmacéutica para reducir el consumo de antibióticos y antidepresivos, que los médicos franceses recetan con largueza. Incluso ha anunciado que se dará a los farmacéuticos la posibilidad de sustituir los fármacos que prescriban los médicos por otros genéricos equivalentes (ver servicio 40/98).
En este contexto, la Agencia de Medicamentos, que asesora al gobierno, acaba de examinar si la Seguridad Social debe pagar la nueva versión de un fármaco, que en otras modalidades anteriores ya corre a cargo de la Sanidad pública. Para ofrecer elementos de juicio, el informe analiza la literatura médica existente sobre las ventajas e inconvenientes de ese nuevo producto considerado «de tercera generación» respecto a los de «segunda generación».
En cuanto a la «mejor tolerancia», los autores del informe estiman que los estudios realizados «no muestran ventajas netas» del fármaco de tercera generación.
En cuanto a los efectos secundarios -sobre todo el riesgo de accidente cardio-vascular-, los estudios existentes han mostrado que, contra lo que se creía, el de tercera generación tiene incluso un riesgo superior a los anteriores. Sin embargo, el informe asegura que la diferencia «es escasa y poco significativa, si es que lo es». Respecto al riesgo carcinógeno, también mencionado, no hay datos que permitan diferenciar a los de tercera generación de los anteriores. En suma, no parece que la versión de tercera generación aporte ventajas reales, y quizá sí algún riesgo más. Por otra parte, la inclusión de este fármaco de «tercera generación», al precio actual, aumentaría la factura de la Seguridad Social en 1.000 millones de francos.
Después de este balance médico y económico, cabría esperar que la Agencia desaconsejara la financiación pública de este fármaco. En cambio, recomienda que corra a cargo de la Seguridad Social «para permitir al médico que lo receta optimizar su elección en cada caso».
Fuentes gubernamentales han comentado que en este caso «no hay una urgencia de salud pública». Sin embargo, se van a empezar negociaciones con los laboratorios farmacéuticos para que, con una rebaja de los precios, estos fármacos de tercera generación sean incluidos en la Seguridad Social.
El asunto se entiende mejor si se tiene en cuenta que se trata de las píldoras anticonceptivas de tercera generación, utilizadas por 1,6 millones de francesas. Estudios epidemiológicos realizados por cuenta de la Organización Mundial de la Salud concluyeron que esas píldoras aumentan realmente el riesgo de tromboembolia, si bien el riesgo sólo afecta a una pequeña proporción de mujeres que las toman (cfr. servicio 4/96).
Quizás el gobierno francés intenta dar a los laboratorios con una mano lo que les quita con la otra. Quizás quiere de paso congraciarse con las usuarias de la píldora de tercera generación. Lo que es seguro es que de este modo se traslada el coste de una conveniencia personal al conjunto de los contribuyentes, en un momento en que se recorta otros gastos médicos.
Ignacio Aréchaga