Un tribunal de Chicago ha condenado a varios activistas pro-vida por realizar manifestaciones a las puertas de clínicas abortistas, aplicando una ley federal -conocida por las siglas RICO- originalmente concebida para reprimir el crimen organizado. En un artículo publicado en The Human Life Review (verano 1998), Dennis Byrne, colaborador habitual y miembro del consejo editorial del Chicago Sun-Times, señala el contraste entre la dureza usada con los pro-vida y la tolerancia con otros activistas que organizan actos de protesta semejantes.
Chicago es una ciudad muy tolerante. (…) Chicago ha tolerado -acogido, incluso- una larga lista de agitadores, perturbadores, vituperadores, moralistas. Ha soportado perturbaciones, manifestaciones y protestas, desde marchas de nazis en un barrio de mayoría judía hasta asaltos de pacifistas a cajas de reclutas. Todo eso con la aprobación de los defensores de la libertad de expresión.
¿Cómo, entonces, ha podido decidir un jurado de Chicago, bajo la atenta vigilancia de un juez federal, que nada de eso era tan malo como las manifestaciones de los pro-vida frente a las clínicas abortistas? ¿Cómo ha podido el jurado coincidir con la Organización Nacional de Mujeres (NOW) en que tales protestas eran obra del crimen organizado, y sin la menor queja del establishment de la libertad de expresión? (…)
Hasta el día de hoy, los activistas que exigen viviendas baratas presionan a los arrendadores que cobran alquileres abusivos armando ruidosos escándalos delante de sus casas. Activistas en favor de los ancianos o de los minusválidos invaden la casa consistorial y la sede de la empresa municipal de transportes durante las sesiones públicas. Y el año pasado, la acción directa del reverendo Jesse Jackson obligó a suspender la construcción de un aparcamiento: esta vez exigía que se contratara a más obreros pertenecientes a minorías. (…) Todo eso, con la defensa activa, si no el estímulo y la bendición, del establishment de los derechos civiles.
Pero ¿dónde estaban cuando los acusados provida fueron condenados por conspiración para extorsionar en virtud de una dudosa, si no inconstitucional, aplicación de una ley pensada contra los matones y asesinos del crimen organizado? Son los mismos que se quedaron callados en 1994, cuando se aprobó la represiva ley de Libertad de acceso a las clínicas [abortistas] (FACE). Esta ley, dirigida exclusivamente contra los manifestantes pro-vida, es una palmaria violación de la libertad de expresión. Los fanáticos de la libertad de expresión, como la ACLU, no sólo no se opusieron a la ley, sino que hicieron campaña para que se aprobara.
(…) Según la ley RICO, los demandantes sólo tienen que alegar dos delitos para probar que existe una «práctica habitual» de extorsión y violencia. El jurado condenó a los acusados por 21 cargos, pero nunca estuvo del todo claro a qué delitos se refería. (…) «Los demandantes -dijo el abogado defensor- sostenían que todo bloqueo del acceso a una clínica abortista es ipso facto un acto violento, y lo calificaron como extorsión». (…) «Todo lo que hicimos -dijo Joe Scheidler, el principal acusado- se consideró violencia: estar sentados o quedarnos de pie, incluso dar un folleto a una mujer; formar piquetes, cantar, rezar…».
¿Bloquear la entrada? ¿Armar demasiado ruido? ¿Obstruir aceras? ¿Meterte donde no te llaman? ¿Invadir propiedad privada? Según esos criterios, las sentadas ilegales de los manifestantes antiracistas en los restaurantes sólo para blancos habrían sido calificados como extorsión y conspiración. Y si entonces hubiera estado en vigor la actual interpretación de la ley RICO, el movimiento de los derechos civiles habría corrido peligro de quiebra.