Firmado en Ottawa en diciembre de 1997 por 130 Estados y ratificado hasta hoy por 65 de ellos, el tratado internacional que prohíbe las minas contra personas entró en vigor el pasado 1 de marzo. Los países signatarios se comprometen a no producir, vender ni usar tales minas, así como a destruir las unidades que poseen antes de abril del año 2003. Se estima que, cuando se firmó el tratado, existían en el mundo de 70 a 100 millones de minas contra personas, y que desde entonces han sido destruidas entre 10 y 11 millones. El tratado, promovido por una red de ONG que recibieron por este motivo el premio Nobel de la Paz en 1997, tiene dos sombras. Primera, carece de instrumentos efectivos de verificación, por lo que su cumplimiento depende de la buena voluntad de los Estados signatarios. Segunda, no ha sido firmado por varias de las mayores potencias (Estados Unidos, Rusia, China) ni por países de zonas conflictivas, que siguen sembrando minas (Irak, las dos Coreas, Israel, Yugoslavia, Angola…).
