Francia
El pasado 3 de agosto, el Parlamento francés aprobó una ley que castiga con penas de hasta de seis meses de prisión a los estudiantes que ofendan a cualquier funcionario del sistema educativo del país. El código penal prevé penas de prisión para los insultos a personas depositarias de la autoridad pública. Los directores de los centros educativos ya gozaban de esa protección. La nueva ley abarca también a profesores, bedeles y cualquier miembro del sistema educativo. Tras la reciente modificación en la edad penal en Francia, las penas de prisión podrán aplicarse a niños de 13 años. Los padres de alumnos que ultrajen a un funcionario dentro del centro escolar quedarán sujetos a las mismas sanciones. Como la casuística hubiera resultado grotesca, la ley se limita a definir las conductas delictivas como “palabras, gestos o amenazas, escritas o con imágenes” cuya finalidad sea “atentar a la dignidad” de los funcionarios públicos, así como el envío de objetos con esa misma intención. Según los expertos, la imprecisión de la ley hace pensar que se aplicará muy excepcionalmente.
