Ignacio Sánchez Cámara, catedrático de Filosofía del Derecho, escribe en «ABC» (24 agosto 2004) acerca del principio de las mayorías en la democracia y la libertad de crítica.
No faltan entre nosotros ejemplos y síntomas de estos malentendidos. Por ejemplo, cuando el Gobierno considera que las críticas de la Iglesia católica a su proyecto de extender la institución del matrimonio a las uniones homosexuales entraña una falta de respeto al Parlamento y, por ello, a la soberanía nacional y una ilegítima intromisión en la política. Bien es verdad que este anatema socialista sólo se exhibe cuando la Iglesia se opone a sus decisiones, no cuando las apoya. Y también es cierto que no considera intromisiones las tomas de posición de otras instituciones y grupos sociales. El resultado es que la Iglesia debe callar mientras que, pongamos por caso, una Asociación de Gays del Bajo Aragón tiene todo el derecho del mundo a opinar. Aquí no estamos ya ante una mera tergiversación de la democracia, sino ante la pura hostilidad antirreligiosa. (…)
La democracia es una forma o método político que posee valor moral, pero que no garantiza la moralidad de sus resultados, pues éstos dependerán, sobre todo, del criterio y de la formación moral de la mayoría de los ciudadanos. Se concede, por lo demás, una valoración excesiva al consenso como método para determinar lo que es o no correcto en el orden moral. Si es dudoso en el ámbito de la política, es falso en el orden moral. El diálogo verdadero puede ser camino para descubrir la verdad, pero no para inventarla o crearla. El acuerdo de voluntades es una excelente fórmula para determinar el contenido de las leyes, pero no para discernir entre el bien y el mal en sentido moral.
La democracia es una forma de gobierno, no un método científico ni un criterio de la moralidad. Es una condición necesaria, pero no suficiente, de la justicia, pero no tiene nada que ver con la verdad, ni en sentido filosófico, ni científico, ni moral. Expresa un acto de voluntad, una forma de tomar decisiones colectivas. Pero la mayoría no tiene necesariamente razón. Lo que tiene es la fuerza democrática. Si abusa de ella, degenera en tiranía. Y abusa cuando reclama a la minoría no sólo el cumplimiento de la ley sino también la identificación de su propia opinión mayoritaria con la justicia y la verdad. (…)
Andan por ahí algunos demócratas extraviados a quienes les desasosiega la posibilidad de que una religión o una doctrina filosófica se atribuyan el conocimiento o la posesión de la verdad. Y piensan, es un decir, que tamaña pretensión destruye la democracia a manos del dogmatismo oscurantista. Pueden sosegarse. Ni las leyes lógicas ni las teorías científicas se oponen a la democracia. Tampoco las verdades reveladas de la religión o las pretensiones de las doctrinas filosóficas de alcanzar la verdad. Donde, desde luego, no se encuentra la verdad es en las Ejecutivas de los partidos ni en las votaciones parlamentarias. Entre otras razones, porque no es su misión la de determinar lo verdadero y lo falso. Cuando el Papa u otras autoridades religiosas pretenden declarar la verdad revelada de la que son depositarios, o cuando Platón, Tomás de Aquino o Husserl aspiran a establecer la verdad filosófica, ni acatan ni se oponen a la democracia. Se encuentran en otro nivel. Sólo quienes aspiran a imponer por la fuerza a la mayoría (y a la minoría) su propia opinión vulneran la democracia.
Un ejemplo, por si coopera con la claridad. Supongamos que el Parlamento español legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo. Tan demócrata es quien está favor como quien está en contra, mientras no aspiren a imponer su criterio por la fuerza sino mediante la convicción. Tan antidemócrata es la minoría que, salvo el caso de objeción de conciencia, incumple la ley y pretende imponer por la fuerza su criterio, como la mayoría que impide la libertad de crítica y tilda al discrepante de antidemócrata. Decir lo que se piensa y proclamar lo que uno estima que es la verdad nunca es contrario a la democracia. (…)