Varsovia. El 15 de marzo entró en vigor en Polonia una ley que obliga, entre otros, a periodistas, profesores de universidad y abogados nacidos antes de 1974 a declarar si fueron confidentes o agentes de los servicios de seguridad comunistas. El reconocimiento busca conocer la verdad, pero no implica una sanción legal. Esto forma parte del proceso de «lustración», como se conoce en Polonia el esfuerzo por aclarar quién colaboró con el aparato de represión comunista (ver Aceprensa 105/06).
Todos en Polonia están de acuerdo en que lo peor de la lustración es que se lleve a cabo 17 años después de la caída del comunismo, mientras que en países como la antigua Alemania del Este, República Checa o Hungría este asunto se dejó atrás hace ya bastante tiempo.
Es cierto que, para alguno de los partidarios de la lustración, la lucha por la «verdad» sobre los tiempos del comunismo ha podido convertirse en obsesión, casi en un programa político. Pero, por un lado, lo que hoy ocurre en Polonia no tiene nada de «caza de brujas». Y, por otra parte, basta con atenerse a los hechos para observar que la ofuscación en este tema no es únicamente dominio de una parte de la derecha.
Un grupo de periodistas, en su mayoría pertenecientes o simpatizantes del diario «Gazeta Wyborcza», consideran la ley como humillante, contraria a la libertad de expresión y se han decidido a desobedecerla. No cabe duda de que en algunos aspectos técnicos la ley es mejorable, pero el motivo expuesto para no acatarla no parece en absoluto convincente: la colaboración con los servicios de seguridad del comunismo no es algo que pertenezca únicamente al fuero interno, y menos aún si hablamos de colectivos tan influyentes en la vida social.
El director de «Gazeta Wyborcza», Adam Michnik, personaje emblemático de la lucha contra el comunismo desde los años sesenta, se convirtió de la noche a la mañana en el más radical defensor de los postcomunistas y en partidario de no tocar los archivos de los servicios de represión comunistas: los tachó en su diario de ser documentos llenos de falsedades e incompletos porque fueron quemados en gran parte. Pero ningún historiador serio ha restado importancia a los documentos que producía la SB (siglas del servicio de seguridad en polaco) para uso interno: no son toda la verdad, pero pretender que los funcionarios de los servicios de seguridad pasaban continuamente a sus superiores informaciones falsas es un sinsentido: los servicios de seguridad podían ser y eran perversos, pero no eran tontos.
Michnik insistió en que los archivos que se encuentran ahora en el Instituto de Memoria Nacional no deben usarse para ajustar cuentas con oponentes políticos. En realidad, a lo que puede perjudicar es a la idea del futuro de Polonia abanderada por esa parte de la oposición, y que se basa en el acuerdo entre laicistas y postcomunistas.
Sin condenas
«No se puede juzgar a la gente por algo que supuestamente pasó hace años, cuando todo el mundo sabe además que los agentes de los servicios secretos del régimen comunista mentían a menudo en sus informes», comenta Helena Luczywo, redactora de «Wyborcza» en una entrevista a «El País». Pero cuando han aparecido nombres de colaboradores de ese periódico que en el pasado fueron confidentes del aparato comunista, como el publicista Leslaw Maleszka, Daniel Passent, Krzystof Toeplitz, ha tenido que cambiar ligeramente su discurso, aduciendo que «no se debe condenar a los que fueron chantajeados o sometidos».
Pero no hay ninguna condena: la ley sólo obliga a declarar por escrito si se colaboró o no. Sólo se prevén sanciones legales en caso de que esa declaración sea falsa y nadie obliga a expulsar a periodistas confidentes. Los órganos directivos de «mass media» no estatales (que son la gran mayoría) y de las universidades pueden actuar con absoluta libertad: de hecho, algunas ya han declarado que no tomarán ninguna medida contra los confidentes. Es más, en algunas de las escuelas superiores de Polonia son «las brujas» las que cazan, y existen fuertes presiones sobre el personal docente que trate de pronunciarse a favor de la nueva ley.
Que todo esto pasó hace ya mucho tiempo está claro. Pero Luczywo olvida mencionar que durante los últimos quince años tanto medios de información como universidades y colegios de abogados han tolerado abusos que son resultado de la colaboración con los servicios comunistas.
Los perdedores fueron los resistentes
Además, los casos más sonados han demostrado que los agentes más valiosos no eran precisamente los que se encontraban entre la espada y la pared, obligados por chantaje o violencia, sino los que cooperaban por su beneficio propio y de buen grado. El historiador del Instituto de la Memoria Nacional, Henryk Glebocki, calcula que de los confidentes registrados en los archivos de SB en Cracovia el 96% se decidieron a colaborar por ventajas materiales, ascensos, facilidades para viajar al extranjero, etc. Y así se hizo parte de la élite intelectual de la Polonia de hoy, pues tenían muchas más posibilidades de formarse profesionalmente.
Los perdedores fueron los traicionados por sus propios amigos: gente que sufrió las consecuencias de oponerse al aparato de represión y fueron despedidos de su trabajo, intimidados, torturados, algunos asesinados… El historiador Pawel Skibinski sostiene que la SB tenía por objetivo el control de la sociedad, especialmente la lucha contra la Iglesia católica y la llamada «oposición democrática», y, en fin, todo lo que pretendiera ser independiente del Estado.
Otro de los argumentos esgrimidos era que no se pueden tomar medidas contra los confidentes cuando los funcionarios del aparato de represión no han sufrido ninguna consecuencia. Pero precisamente otro proyecto de ley prevé eliminar los privilegios económicos o materiales a los funcionarios del sistema de represión, que aún reciben en jubilaciones cuotas hasta tres o cuatro veces superiores a las del resto de la sociedad, y a veces viviendas estatales gratuitas.
Finalmente, aunque en otro orden de las cosas, puede servir para darse cuenta de la escala de corrupción arrastrada del pasado comunista un informe elaborado por el Ministerio del Interior en 1999 sobre el crimen organizado: hasta el 80% de los cabecillas del mundo criminal fueron durante el comunismo informadores de los servicios especiales.
Higinio PaternaACEPRENSA