Una de las consecuencias de que la reforma de la ley del aborto pase a considerarlo como derecho es que, además, será financiado con dinero público.
La ley de 1985 no definía nada al respecto, aunque diversos gobiernos autonómicos lo han hecho gratuito en la sanidad pública o lo han financiado en clínicas abortistas concertadas.
El proyecto de ley actual recoge explícitamente la “interrupción voluntaria del embarazo” dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Se trata de que sea “una prestación pública y gratuita”, según dijo la portavoz del gobierno.
El asunto puede parecer marginal, pero es también significativo. Si durante las primeras 14 semanas el aborto no responde a ninguna necesidad médica, sino a la mera voluntad de la mujer, ¿por qué ha de ser financiado con el dinero de todos? ¿Por qué no financiar también entonces la cirugía estética?
En un país como EE.UU. está prohibido utilizar fondos públicos federales para financiar abortos en los principales programas públicos de salud (Medicaid y Medicare) excepto en los casos de violación, incesto o peligro para la vida de la madre. Fuera de estos casos, que constituyen apenas un 1% del total, se prohíbe la financiación federal para el aborto o para cualquier paquete de prestaciones sanitarias que incluya el aborto.
Y para sacar adelante su reforma sanitaria, Obama volvió a asegurar en su discurso ante el Congreso el 9 de septiembre: “En nuestra reforma no se usarán fondos federales para financiar el aborto”.
Habría que plantearse por qué este tema, que en EE.UU. es crucial en el debate sobre la reforma sanitaria, en España apenas se saca a colación.
