Pese a las presiones abortistas de algunos organismos internacionales, el movimiento pro vida de América Latina está logrando victorias: desde enmiendas constitucionales en defensa del no nacido al rechazo de la píldora del día siguiente en varios países.

Pese a las presiones abortistas de algunos organismos internacionales, el movimiento pro vida de América Latina sigue sumando victorias: 18 enmiendas constitucionales en defensa del no nacido en distintos estados de México; el rechazo a la píldora del día siguiente en Argentina, Ecuador, Chile y Perú; o la prohibición total del aborto en Nicaragua y El Salvador marcan una época de éxitos espectaculares. México D. F. se ha convertido en el principal campo de batalla. Tras la legalización del aborto y del matrimonio entre personas del mismo sexo en la capital mexicana, ahora se ha abierto un debate ficticio en todo el país sobre la laicidad de la República. Diversas asociaciones cívicas promovieron entonces un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de México, pero el tribunal consideró que la ley era constitucional. Tras este varapalo, los pro vida actuaron con rapidez para evitar que el aborto fuera despenalizado en los demás estados de la República. Para eso, emprendieron un movimiento destinado a introducir en las Constituciones de cada estado una enmienda que proteja la vida “desde su concepción hasta su muerte natural”. A fecha de hoy, 18 de los 32 estados han aprobado ya esas enmiendas constitucionales. El movimiento pro vida ha celebrado estas reformas como un logro histórico. Según Carlos Polo, director para América Latina del Population Research Institute, los sectores abortistas “están aterrados de que su triunfo en México D.F. se diluya (…) y, consecuentemente, se frustren sus planes para América Latina”. Un aspecto que ha suscitado más polémica es que algunos de los estados que han aprobado las enmiendas -como Veracruz o Tamaulipas-, han aprovechado la ocasión para sustituir la pena de cárcel para la mujer que aborta por “la atención médica integral que le permita afrontar las consecuencias de tan dramático acontecimiento”. Junto al empeño legislativo por blindar la vida en las Constituciones estatales, el Comité Nacional Pro-Vida continúa extendiendo una red de apoyo solidario a la mujer embarazada. Su objetivo primordial es facilitar alternativas realistas al aborto a través de los Centros de Ayuda para la Mujer (CAM), distribuidos por todo el país. Además de prestar ayuda a más de 60.000 mujeres gestantes, cada año los CAM salvan del aborto a 1.700 niños. Según sus promotores, más del 90% de las mujeres que acuden a estos centros con el deseo de abortar deciden tener al hijo cuando reciben apoyo emocional y recursos prácticos: casas de acogida, ayudas por maternidad, cuidado y transporte de niños, servicio médico, etc. La experiencia de México ha servido de modelo a 15 países de América Latina. Gracias al impulso de Jorge Serrano Limón, uno de los líderes pro vida más conocido de la región, se ha puesto en marcha la Red Latinoamericana de Centros de Ayuda para la Mujer (www.camslatinoamerica.org). Argentina: querellarse importa En Argentina, el aborto es un delito despenalizado en dos supuestos: cuando exista peligro para la vida o la salud de la madre (y no pueda ser evitado de otra forma), y si el embarazo proviene de una violación a una mujer con discapacidad psíquica. Además, la Constitución protege al no nacido desde el momento de la concepción. Dado que hay fuertes restricciones legales al aborto, la estrategia del movimiento pro vida en este país se dirige a hacer cumplir la ley. En concreto, diversas asociaciones han emprendido una ofensiva para llevar ante los tribunales a quienes promueven políticas abortistas. La cara visible de este movimiento es el abogado Jorge Scala, autor de un libro que muestra los entresijos de International Planned Parenthood Federation, sus conexiones con Naciones Unidas y otros organismos internacionales, y su estrategia para implantar la ideología antinatalista en Latinoamérica (cfr. IPPF: La multinacional de la muerte, J.C. Ediciones, Rosario, 1995). El éxito más sonado de Scala y sus socios llegó con el caso Portal de Belén, una ONG con cinco hogares para madres solas, que se querelló contra un laboratorio por vender la píldora del día siguiente (PDS) sin advertir de sus efectos abortivos. El caso dio lugar a una célebre sentencia del Tribunal Supremo de Argentina (2002), en la que reconoce la inviolabilidad de la vida humana desde el momento de la concepción y, como consecuencia, prohíbe la venta y consumo de la PDS en el país. Esta sentencia está en el origen de las decisiones de los tribunales constitucionales de Ecuador (2006), Chile (2008) y Perú (2009), que protegen la vida del concebido prohibiendo la distribución de la PDS. En diciembre de 2002, la asociación cívica Mujeres por la Vida recurrió la ley argentina de salud reproductiva que autoriza la distribución masiva y gratuita de anticonceptivos; suprime la objeción de conciencia del personal sanitario; y elimina la patria potestad al marginar a los padres en esta materia. Aunque todavía sigue pendiente, el caso Mujeres por la Vida ya ha dado sus primeros frutos. A los pocos días de iniciarse el juicio, la juez competente dictó una medida cautelar para suspender la ejecución del programa de salud reproductiva en todo el territorio nacional, hasta que se dicte sentencia definitiva. Nicaragua: tomar la iniciativa El movimiento pro vida de Nicaragua, uno de los más activos de América Latina, en vez de ir a remolque de los grupos abortistas, ha sabido adelantarse a los debates con iniciativas muy positivas. En 2006, varias asociaciones cívicas lanzaron una campaña para eliminar el “aborto terapéutico” que desde 1891 regulaba el Código Penal. Los pro vida se centraron en explicar que, gracias a los avances tecnológicos, esa regulación había quedado desfasada y era un coladero para otros supuestos de aborto. El Comité Nicaragüense Pro Defensa de la Vida comenzó a difundir material entre los diputados de la Asamblea Nacional. También publicó muchos artículos de opinión en la prensa. La reacción no tardó en llegar: “De pronto, las calles de Nicaragua se vieron inundadas por una inmensa campaña publicitaria a favor del aborto”, explica el gineco-obstetra Rafael Cabrera, fundador y presidente de la Asociación Nicaragüense por la Vida (ANPROVIDA). Para contrarrestar esta campaña, surgió la idea de organizar una marcha multitudinaria, que concluyó con la entrega a la Asamblea Nacional de 290.000 firmas en contra del “aborto terapéutico”. En vísperas del 26 de octubre, fecha en que la Asamblea se reunía para votar, llegaron las presiones diplomáticas, por parte de gobiernos europeos. Finalmente, la prohibición del “aborto terapéutico” salió adelante por 52 votos a favor y 9 abstenciones (29 parlamentarios se ausentaron). Los diputados lanzaron un mensaje muy claro a los diplomáticos que estaban presentes: Nicaragua es un país libre y soberano; no va a aceptar injerencias en sus valores. El nuevo Código Penal nicaragüense, de 2006, castiga el aborto sin excepciones. No obstante, algunos gobiernos europeos -como los de Finlandia y Suecia- y varias organizaciones internacionales están presionando ahora al presidente Ortega para que despenalice otra vez el “aborto terapéutico”. El Salvador: giro histórico El movimiento pro vida de El Salvador destaca por haber sabido dar la vuelta a una situación adversa. Cuando en 1997 se comenzó a debatir la reforma al Código Penal, algunos propusieron ampliar la despenalización del aborto. La ley salvadoreña permitía entonces abortar en tres casos: peligro para la vida de la madre, violación o graves anomalías del feto. Sin embargo, a algunos eso les parecía insuficiente. Así que presentaron un proyecto para introducir el supuesto del grave peligro para la “salud física o psíquica de la embarazada”. Pero el tiro les salió por la culata: el nuevo Código Penal declaró ilícito todo aborto voluntario. La reforma -al igual que otros programas de control de la natalidad- contaba con el apoyo económico de USAID, la agencia de cooperación internacional estadounidense (cfr. Aceprensa, 23-07-1997) Julia Regina de Cardenal, presidenta de la Fundación “Sí a la Vida”, fue una de las protagonistas de aquel giro histórico. Nada más enterarse del intento de reformar el Código Penal para ampliar la despenalización del aborto, los pro vida empezaron a reunirse con los parlamentarios. Presentaron a la Asamblea Legislativa un informe que defendía la inconstitucionalidad del proyecto. También emprendieron una campaña en los medios de comunicación y celebraron una concentración de miles de personas ante la asamblea Legislativa. El 24 de abril de 1997 comenzó el debate en torno al proyecto de ley. “Fue entonces cuando proyectamos ante el Pleno un vídeo sobre el desarrollo del embrión durante el embarazo y sobre los métodos de aborto. Muchos diputados se horrorizaron al ver la dura realidad del aborto. El resultado fue la prohibición total del aborto”, concluye Cardenal. Lo sorprendente es que los pro vida no se detuvieron aquí. Cinco días después, el 30 de abril de 1997, lograron que el Parlamento aprobara -en la última sesión plenaria- un proyecto de reforma constitucional para reconocer expresamente el derecho a la vida desde el momento de la concepción. La enmienda propuesta necesitaba el visto bueno de la nueva Asamblea Legislativa, lo que se logró el 3 de febrero de 1999 por 72 votos de 84. Esta amplia mayoría se explica, en buena medida, merced al hecho de que los diputados pudieron votar en conciencia (cfr. Aceprensa, 10-02-1999). Tras la prohibición total del aborto, El Salvador pasó a situarse en el punto de mira de algunas agencias de Naciones Unidas que comparten la misma ideología antinatalista: la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) o el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) son algunos ejemplos. Julia Regina de Cardenal denuncia el empeño abortista del comité de expertos de Naciones Unidas -feministas radicales, en su mayoría-, cuya misión es velar por el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), aprobada en 1979. Para Cardenal, ni la Convención ni su Protocolo Facultativo pueden ser tachados de abortistas. El problema es la interpretación que les da ese comité.

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