En cualquier sector donde existe competencia, una empresa que quiere ganar clientes procura transmitir el mensaje de que presta mejor servicio que sus rivales. Trata de hacer valer que cuenta con el personal más competente, con las instalaciones más modernas, con el servicio más personalizado, con el precio más razonable, para dejar satisfecho al cliente.
Esta elemental política de marketing parece que no va con la enseñanza pública en España, que tiende a presentarse siempre como si estuviera en inferioridad de condiciones respecto a la competencia de la escuela privada. En estos días, las manifestaciones y las huelgas contra los “recortes” en el gasto educativo y el aumento de horas lectivas del profesorado, transmiten una vez más a la opinión pública la imagen –falsa– de un sector al borde del colapso, sin medios para cumplir su misión. Es comprensible el malestar ante ciertas medidas, como las adoptadas en la Comunidad de Madrid, que suponen prescindir de profesores interinos con que los centros ya habían contado en la programación de este curso. Pero aunque estas acciones de protesta se presenten como una defensa de la escuela pública, no la hacen más atractiva, sino todo lo contrario. Nadie se siente atraído por un sector que se declara a sí mismo en crisis.
Una buena defensa de la escuela pública debería hacer énfasis en sus puntos fuertes frente a la competencia. Que los tiene. Puestos en forma de eslóganes publicitarios, podrían ser:
“Una escuela que invierte más en su hijo”. Los datos son elocuentes. Al erario público un alumno en la escuela pública le cuesta más de 6.500 euros, frente a los 2.700 que dedica al alumno de la enseñanza concertada. Las familias que acuden a la concertada aportan también algo de su bolsillo, pero sin llegar a cubrir esa diferencia. Y este ahorro que supone la enseñanza concertada para el erario público es un “recorte” educativo institucionalizado, que no suele suscitar las protestas sindicales.
“Una escuela con un profesorado seleccionado y mejor pagado”. A diferencia del profesorado de la privada, el de la escuela pública ha sido reclutado por oposición, lo que en principio garantizaría mejor su idoneidad. Su sueldo es netamente superior al que la Administración paga a los profesores de la concertada, y su jornada lectiva semanal, inferior. Los profesores de la pública se quejan de que se quiere subir su carga lectiva semanal de 18 a 20 horas, pero en la enseñanza concertada es de 25 horas. Lo que puede volverse en contra de la enseñanza pública es que el profesor, al gozar de la inamovilidad del funcionario, no puede ser despedido por mal que lo haga, a diferencia del de la privada.
“Una escuela con menos alumnos por aula”. Aunque ahora se proteste contra la supresión de puestos de docentes interinos, los datos indican que el número medio de alumnos por clase es de 23,6 en la pública, frente a 26,1 en la privada.
“Una escuela con buenas instalaciones”. Hoy día la escuela pública cuenta con unas instalaciones y unos recursos que no tienen nada que envidiar a los de la mayoría de las escuelas privadas. Otra cosa es que se cuide menos el mantenimiento, pues en este aspecto el propietario privado suele ser más diligente. Y ya que tanto preocupa el uso de las nuevas tecnologías, el dato es que en las aulas públicas hay un ordenador por cada 3,7 alumnos, mientras que en los concertados hay uno por cada 6,7. Pero, en lugar de presumir de buenas instalaciones, los “defensores” de la enseñanza pública se dedican a airear los casos de algún colegio donde se dan clases en unos barracones por no haberse construido aulas a tiempo. Como si eso fuera lo representativo del estado del sector y lo que va a encontrarse una familia que escoja la enseñanza pública.
“Una escuela que no le va a costar un euro más”. La gratuidad de la enseñanza pública en todos los niveles es una gran baza frente a una enseñanza concertada, donde las familias suelen pagar algún tipo de cuotas en la enseñanza obligatoria y todo el coste en la no obligatoria. Lo malo es que esto se transforme en el único argumento para atraer a las familias.
Es verdad que el marketing de la escuela pública no puede hacer gran hincapié en su excelencia académica, ya que el abandono escolar es el 33% en los centros públicos, frente al 13,9% en la enseñanza concertada. También los repetidores durante la escolaridad obligatoria son el doble en la pública. Y en el Bachillerato, los alumnos de las escuelas concertadas que consiguen titularse son el 86% frente al 70% de los de la pública. En esto puede influir también la procedencia social del alumnado, pero no parece que vaya a resolverse solo inyectando más dinero.
El profesorado de la enseñanza pública, cuyos sindicatos tienen una gran fuerza, defiende lógicamente sus salarios y condiciones laborales. Pero muchas veces tiende a disfrazar sus intereses de parte con la defensa de la enseñanza pública, como si fueran la misma cosa.
En cualquier caso, una defensa de la enseñanza pública basada en el victimismo no es muy productiva, excepto para la batalla política. En lugar de pedir nuestra adhesión ideológica, lo que debería buscar es la adhesión del cliente satisfecho.