Que Pablo Isla, presidente de Inditex, ganara el año pasado 20 millones de euros es una pasada. Pero se puede ser el directivo mejor pagado de España si tu empresa ha ganado 1.932 millones y es la empresa textil más importante del mundo en volumen de ventas. Lo malo es cuando unos directivos se atribuyen unos sueldos y prebendas desorbitados, y sus empresas están en números rojos y han necesitado ser reflotadas con dinero público.
Para poner coto a estas situaciones, las recientes medidas del Gobierno de Mariano Rajoy manifiestan su disposición a imponer la austeridad sobre los consejos de administración de bancos en dificultades.
Un sector en el que, para empezar, ha habido falta de transparencia. El Informe de gobierno corporativo publicado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a finales del año pasado, denunciaba que en las empresas que cotizan en Bolsa las recomendaciones sobre la aprobación y trasparencia de las retribuciones de los consejos de administración son las que menos se cumplen. La situación deberá cambiar desde este año al entrar en vigor la Ley de Economía Sostenible que obliga a comunicar y someter a votación de la junta de accionistas los sueldos de los directivos, eso sí, con carácter solo consultivo. Esta información deberá ser detallada de forma individual para cada consejero.
Según este informe, en el año 2010 la retribución media fue de unos 2,71 millones de euros por consejo. Aunque esto supuso un 10, 8 % menos que en 2009, las cifras siguen siendo excesivas.
Recortes de sueldos del 70%
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha aclarado cuáles serán los sueldos máximos que podrán cobrar los directivos de entidades bancarias con ayudas o intervenidas.
Los presidentes, directores generales o consejeros delegados de cajas de ahorros con ayudas del Estado no podrán cobrar remuneraciones anuales fijas superiores a 600.000 euros. Para las entidades nacionalizadas el límite serán 300.000 euros. Los consejeros no ejecutivos no podrán cobrar más de 100.000 euros en el primer caso, y de 50.000 euros en el segundo. Esto supone una rebaja estimada de un 70% en las retribuciones de los directivos de estas entidades bancarias en dificultades.
De acuerdo con la Orden Ministerial redactada por el Ministerio de Economía, los bancos con ayudas, antes de pagar a los directivos la retribución variable, deberán devolver los préstamos concedidos para su reestructuración. La parte variable no podrá ser superior al 60% de la retribución fija, con excepción de los directivos contratados a partir de la recepción de los préstamos. Estos podrán llegar a percibir hasta el 100% con el beneplácito del Ministerio de Economía.
Otra de las medidas más contundentes afecta a las jugosas indemnizaciones por cese que los directivos de banca vienen cobrando. Estas compensaciones no podrán superar dos años de remuneración fija. Además, los que hayan sido apartados de su cargo por un expediente disciplinario no podrán cobrar nada.
Directivos de grupos públicos
La reforma del mercado laboral incluye también una disposición para la rescisión de los contratos de alta dirección del sector público. Los directivos de empresas públicas solo tendrán derecho a una indemnización “no superior a siete días por año de servicio de la retribución anual en metálico, con un máximo de seis mensualidades”. Los incentivos o complementos variables no se tendrán en cuenta. También llama la atención que la norma tendrá carácter retroactivo, y que deja en papel mojado cualquier blindaje contrario a lo establecido en el decreto.
No tendrán derecho a indemnización los directivos despedidos que sean funcionarios del Estado, de las Comunidades Autónomas o de los Ayuntamientos.
El Gobierno ha anunciado también que se homogeneizará el modo de retribuir a los cargos electos en los ayuntamientos y que se establecerá un marco de referencia de salarios de altos cargos.
La anunciada Ley de Trasparencia incluirá, entre otras cosas, la publicidad de todos los sueldos públicos.
Todas estas medidas se sitúan en el plan de austeridad que plantea el Gobierno de Mariano Rajoy. Se quiere acabar así con una práctica de sueldos desorbitados sin control y de indemnizaciones excesivas, cobradas por los responsables de entidades que han tenido que ser nacionalizadas o solicitar ayudas por la crisis o por una mala gestión.