El 13 de mayo, la Cámara de Representantes del estado norteamericano de Vermont aprobó una ley de suicidio asistido que ha sido muy discutida en las dos cámaras del Parlamento. La ley entrará en vigor con la inminente firma del gobernador demócrata, que ya ha anunciado su apoyo.
Vermont es conocido por ser uno de los estados más “progresistas”. Fue el primero en aprobar las uniones civiles para parejas del mismo sexo (2003) y posteriormente el matrimonio homosexual (2009). En parte, la demora en aprobar el suicidio asistido se ha debido a la pugna entre el Senado y la Cámara de Representantes por fijar un texto con más o menos restricciones. Las últimas semanas han sido decisivas.
En principio, la propuesta se fijaba en el modelo de Oregón, el primer estado en aprobar una ley de suicidio asistido. La norma de Oregón establece un control de cada caso por parte de las autoridades del estado, y obliga a los médicos a rellenar un exhaustivo formulario y acreditar que la decisión del enfermo es libre e informada.
La ley establece unas garantías que en parte serán relajadas dentro de tres años
Tira y afloja por las restricciones
El primer texto de la norma de Vermont fue aprobado en la Cámara de Representantes por holgada mayoría. Sin embargo, en su paso por el Senado, algunos parlamentarios propusieron una reducción de las restricciones. Este segundo texto estuvo un tiempo bloqueado al no conseguir la mayoría necesaria. Después de varias idas y venidas entre una cámara y otra, finalmente el 8 de mayo se aprobó en el Senado una ley que contenía algunas de las condiciones de la norma de Oregón, pero no otras. También se establecía que el control por parte de las autoridades del estado se relajaría después de los tres primeros años de vigencia de la norma. Con este compromiso, varios de los parlamentarios más abiertamente pro-choice desbloquearon el empate técnico, y el texto fue aprobado por 17 votos contra 13. De vuelta a la Cámara, salió adelante sin tantos problemas, aunque con menos votos que la versión original.
Finalmente, la ley obligará a los médicos a asegurarse de que el enfermo entiende su diagnóstico y su pronóstico. La esperanza de vida no debe ser superior a seis meses, según dictamen de al menos dos especialistas, para excluir que los enfermos mentales puedan acogerse a la ley.
Además, se establece que los pacientes deben conservar las facultades mentales suficientes como para tomar una decisión, y que esta debe ser informada: por ello se ordena a los médicos que le expliquen la posibilidad de optar por los cuidados paliativos. El paciente debe manifestar dos veces, con un intervalo de al menos quince días, su deseo de morir. Además, deberá firmar en presencia de dos testigos (no pueden ser familiares) una declaración escrita.
Se teme que aumenten los suicidios, por imitación de los casos legales
Aunque el texto definitivo aún no ha sido firmado por el gobernador, la propuesta explica que esta ley no abre la puerta a la eutanasia “activa”, aunque sea por “compasión”. También reconoce el derecho a la objeción de conciencia para médicos y enfermeros.
Pendiente resbaladiza y efecto espejo
Con todo, aún no está claro qué cautelas serán eliminadas a los tres años. Algunos parlamentarios han manifestado su temor a que el relajamiento de los controles lleve a una pendiente resbaladiza, como ha ocurrido en Holanda y Bélgica. Además, existe el peligro de que la legalización de esta forma de suicidio, aunque sea por causas médicas, incite a otras personas a suicidarse, por imitación. En Oregón, el primer estado en aprobar una ley similar (incluso algo más restrictiva) en 1998, la tasa de suicidios aumentó un 21% entre 2000 y 2010.
Por otro lado, la aprobación de la ley en Vermont también ha suscitado críticas desde el punto de vista legal, pues no ha sido sometida a referéndum, a diferencia de Oregón y Washington.
En Montana, un tribunal declaró a finales de 2009 que la legislación estatal no prohibía explícitamente el suicidio asistido, dándole carta legal. En febrero de este año una ley para prohibirlo estuvo a punto de prosperar en el parlamento estatal.
Aunque Vermont es un estado pequeño y eminentemente rural, la legalización del suicidio asistido puede provocar que se reabra el debate en otros estados, como por ejemplo Massachussets, donde en noviembre fracasó una propuesta para aprobarlo.