A pesar de la derrota electoral del Partido Quebequés, que iba a aprobar una ley de suicidio asistido, la cuestión aún no está ni social ni jurídicamente zanjada.

Las elecciones recientemente celebradas en Québec (Canadá) han confirmado el brusco descalabro del Partido Quebequés, hasta entonces en el gobierno. Solo unos meses antes las encuestan le daban por claro vencedor; de hecho, la decisión de adelantar los comicios se basaba en los augurios de lograr una mayoría absoluta, con la que poder sacar adelante algunas de los proyectos estrella del partido: la Carta de Valores de Québec (ver Aceprensa, 29-08-2013), la ley de suicidio asistido (Bill 52), o el referéndum secesionista para independizarse de Canadá. Al parecer, ha sido este último proyecto el que ha hecho cambiar la intención de voto de los electores, aunque algunos analistas señalan que también habría influido la elección de un candidato poco acorde con los valores socialistas del partido. Lo cierto es que el PQ ha obtenido solo un 25,4% de votos, y ha pasado de 54 a 30 escaños en el parlamento regional. Quien sí podrá formar gobierno de mayoría absoluta será el Partido Liberal (PL), que ha conseguido un 41% de los votos y 70 escaños. El líder del PL ha mostrado su oposición a la “Carta de Valores”, por lo que parece que este prurito por eliminar los símbolos religiosos de la esfera pública tiene los días contados. Sin embargo, no ocurrirá lo mismo con la ley de suicidio asistido: Philipe Couillard ya expresó su apoyo al proyecto cuando aún estaba en la oposición, aunque sorprendentemente el PL bloqueó su aprobación en último momento aduciendo falta de tiempo para debatir el texto. Con todo, Couillard ha anunciado su intención de aprobar la ley. No en vano, fue su propia formación política la que inició su tramitación. Esperando al Tribunal SupremoMás importante que el resultado final de la Bill 52 en Québec es una sentencia del Tribunal supremo de Canadá, esperada para octubre de este año. En realidad, se trata del último paso –y en principio, definitivo– en una cadena de sentencias y apelaciones que comenzó en la provincia de la Columbia Británica. La British Columbia Civil Liberties Association (BCCLA) había demandado al gobierno local por no permitir el suicidio asistido de una mujer. El tribunal supremo de BC dio la razón a los demandantes, y además obligó al Parlamento regional a reescribir los puntos del Código Penal que castigaban el suicidio asistido. Sin embargo, el gobierno federal recurrió la decisión al Tribunal de Apelaciones de Québec, que le dio la razón y revocó la orden de modificar el Código Penal. La BCCLA fue quien recurrió esta vez, apelando al Tribunal Supremo de Canadá. La sentencia debe juzgar si el Código Penal de Québec viola la Carta de Derechos y Libertades de Canadá. Esta estrategia de apelar a los derechos fundamentales para legitimar la eutanasia o el suicidio asistido puede presionar a los jueces, aunque por otra parte el Tribunal ya cuenta con jurisprudencia contraria al suicidio asistido. Debate entre los médicos canadiensesEn las últimas semanas se ha producido una interesante polémica en la revista de la Asociación de Médicos de Canadá (CMA, por sus siglas en inglés). Todo empezó con un artículo publicado el 7 de abril, en el que tres médicos y un jurista abogaban por irse preparando para una posible legitimación del suicidio asistido por parte del Tribunal Supremo. Según los autores, antes o después el suicidio asistido será legal en Canadá, pues la opinión pública así lo quiere mayoritariamente. Por eso, y para evitar precipitaciones en su implantación o que se desincentive la inversión en cuidados paliativos, los autores proponían que se fuera trabajando en un “plan B”. Louis Hugo Francescutti, presidente de la CMA, escribió una carta contestando a ese artículo apenas un día después de su publicación. En ella explicaba que los médicos canadienses a los que la CMA está consultando están mayoritariamente de acuerdo en que, para plantear la cuestión del suicidio asistido en su debido contexto, hace falta desarrollar antes una red de cuidados paliativos de calidad. Según algunos estudios, actualmente este tipo de cuidados solo están disponibles para el 30% de la población canadiense. Otro punto controvertido relacionado con el suicidio asistido es su aplicación a los pacientes deprimidos. El artículo de los tres médicos reconocía que entre los partidarios de la legalización existe una cierta contradicción en este punto: se acepta que cuando existe un cuadro depresivo puede estar contraindicado aplicar la eutanasia, pero al mismo tiempo el proyecto de ley en Québec incluía “el dolor psicológico insoportable” entre los supuestos en los que sería legal aplicarla. El ejemplo de Oregón, invocado por los autores del artículo como ejemplo de que la legalización del suicidio asistido no tiene por qué desincentivar los cuidados paliativos, ha sido empleado también para defender la postura contraria, especialmente en lo referente a los pacientes deprimidos (ver Aceprensa, 10/04/2014). El debate sobre la prioridad de los cuidados paliativos ha llegado también al parlamento nacional. A principios de abril se ha comenzado a debatir una propuesta para establecer una estrategia nacional unificada sobre el desarrollo de cuidados paliativos. Casi al mismo tiempo, un diputado tetrapléjico ha anunciado que presentará dos proyectos de ley para legalizar el suicidio asistido. No obstante, el propósito parece ser simplemente reabrir el debate, ya que, como ha señalado el Ministro de Justicia, el Parlamento ya se ha pronunciado claramente en contra de la legalización.

Canadá: El debate sobre el suicidio asistido sigue abierto

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