En la UE los países del Grupo de Visegrado (Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia) han sido tachados de insolidarios por oponerse al sistema de cuotas en el reparto de refugiados. Pero si la insolidaridad consiste en poner los intereses nacionales por encima de los de la Unión, habría que meter en el mismo saco a los países que bloquean la “tasa Google” y a los que siguen frenando la movilidad en la zona Schengen con controles fronterizos. Y estos insolidarios no están solo en el Este.
En el Este, Polonia y Hungría son hoy las ovejas negras que se salen del redil de Bruselas. El hecho de que los electores hayan llevado al poder a partidos conservadores nacionalistas, que enarbolan la bandera de los valores nacionales, irrita a las instancias europeas. Pero, en lo que se refiere a la política migratoria, no da la impresión de que la mayoría de los otros socios comunitarios estén dispuestos a compartir la carga de la acogida de refugiados.
Vuelven los controles fronterizos
De los 1,4 millones de migrantes arribados a las costas mediterráneas en el pico de la crisis de 2015 y 2016, la Comisión Europea tomó la decisión de repartir 160.000 entre los distintos países. Pero hasta esa medida modesta fracasó. Polonia y Hungría rehusaron participar en el plan, que habría supuesto incorporar a inmigrantes musulmanes ajenos a la cultura nacional. Los otros tampoco han hecho gran cosa. Al expirar el programa en septiembre de 2017, se vio que en dos años se habían distribuido unos 29.000 refugiados (20.000 desde Grecia y 9.000 desde Italia). Incluso los que más apoyaron la medida (Alemania, Francia, Holanda y Portugal) se quedaron muy lejos de los objetivos.
La “tasa Google”, que gravaría en cada Estado los ingresos de las tecnológicas, encuentra resistencias
Pero lo más significativo es que la lucha contra la inmigración irregular ha llevado a volver a establecer controles fronterizos entre países europeos, lo que socava la libre circulación de personas dentro de la zona Schengen. Estos controles, establecidos de modo provisional en 2015 a raíz de la crisis de los refugiados, se están perpetuando. En Alemania, Austria, Dinamarca, Noruega y Suecia los controles expiraban el pasado 11 de noviembre, pero sus gobiernos ya han comunicado que los mantendrán al menos por otros seis meses.
La amenaza yihadista y la desconfianza en el control de los países de la periferia que deben velar por el filtro en las fronteras explican esta actitud. Los países del centro se quejan del aumento de la documentación falsa que pasa inadvertida, de la falta de control para evitar que los migrantes que entran irregularmente en un país pasen a otro, del fracaso a la hora de devolver a estos inmigrantes al país por donde han entrado… Así que los países del interior prefieren establecer controles para detectar y devolver inmigrantes irregulares. Por ejemplo, en la frontera entre España y Francia, la policía francesa devuelve a España más de 1.000 de estos inmigrantes cada mes.
Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, ha advertido que el mantenimiento de estos controles fronterizos es “un paso atrás” en uno de los grandes logros de la integración en la UE. Pero la preocupación por la seguridad y el deseo de controlar quién entra en el país se están imponiendo sobre el espíritu de la Europa sin fronteras. Parece que la cuestión migratoria no solo inquieta a Theresa May y los partidarios del Brexit. Y especialmente en un momento en que el control de la inmigración se ha convertido en un argumento electoral clave en cada vez más países, desde Alemania a Italia.
Por su parte, los países del Sur (sobre todo España, Italia, Grecia) se quejan también de la falta de una política común europea sobre inmigración, que permita repartir la acogida de los refugiados, tarea que ahora recae especialmente sobre ellos.
Gravar los ingresos donde se producen
La solidaridad europea está también en juego en el establecimiento de la llamada “tasa Google”, con la que la Comisión Europea pretende atajar unas prácticas fiscales por las que los gigantes tecnológicos pagan menos impuestos que las empresas tradicionales. Actualmente, compañías como Google, Facebook, Amazon y Apple, tributan menos que otras sociedades porque, aunque vendan en distintos países europeos, declaran sus beneficios allí donde más les conviene. Se aprovechan así de que la fiscalidad está pensada en función de la presencia física, mientras que su actividad es la propia de una economía digital, que permite sacar beneficios por los servicios digitales en un país sin estar físicamente presente. Se produce así una desconexión entre donde se crea valor y donde se pagan los impuestos.
Según los cálculos de la Comisión Europea, estas compañías de Internet pagan solo en torno al 9% de sus beneficios, mientras que el promedio del impuesto de sociedades en Europa está en el 23%.
Para corregir este desequilibrio, la Comisión Europea propuso gravar con un tipo del 3% el volumen de ventas de las compañías de Internet por tres tipos de servicios: la publicidad online, la venta de datos de los usuarios y la intermediación de las plataformas que conectan a los usuarios para que estos puedan hacer negocios entre ellos.
La tasa habría que pagarla en los Estados donde están localizados los usuarios, a diferencia de la situación actual. Y solo afectaría a compañías con una facturación de más de 750 millones de euros a nivel mundial y 50 millones en Europa, lo cual deja fuera a más pequeñas startups. La Comisión Europea estima que la nueva tasa podría afectar de 120 a 150 empresas –la mitad de las cuales serían americanas– y proporcionar unos ingresos fiscales de 5.000 millones euros al año.
Lejos de la unanimidad
Los cinco grandes países de la UE (Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España) apoyaron la propuesta. El eje franco-alemán funcionó, y Merkel se puso de acuerdo con Macron en lograr un acuerdo sobre la “tasa Google” antes de fin de año. Pero los Veintiocho están aún lejos de lograr la unanimidad necesaria.
Los países que han atraído a grandes empresas americanas de Internet con su baja fiscalidad –como Irlanda, donde tributan muchas multinacionales, o Luxemburgo–, ven que se reduciría su ventaja comparativa ya que la nueva tasa se pagaría en cada Estado donde tuvieran actividad.
La lucha contra la inmigración irregular ha llevado a volver a establecer controles fronterizos entre países europeos
Pero no son estos los únicos que se oponen. Suecia, que cuenta con un pulpo tecnológico como Spotify, manifiesta sus reservas a la nueva tasa, al igual que Dinamarca y Malta.
Como alternativa proponen alcanzar un acuerdo sobre una tasa global en el seno de la OCDE. Pero esto requeriría más tiempo y supondría poner de acuerdo a más países. Por el momento, parece que Alemania vacila. Teme que un impuesto que afectaría especialmente a multinacionales tecnológicas americanas podría provocar represalias por parte de la Administración Trump. Un documento confidencial del Ministerio de Finanzas alemán, citado por el diario Bild, condenaba la “demonización de las grandes compañías de Internet”, lo que al ministerio le parecía “poco efectivo”. Todo esto hace plantearse si Merkel está realmente decidida a apoyar la “tasa Google”.
Tanto la política migratoria como la “tasa Google” ponen de relieve los límites de la solidaridad europea. Si Polonia y Hungría apelan a los valores nacionales para rechazar imposiciones de Bruselas, otros países de la UE se resisten a apoyar iniciativas que supondrían repartir con los demás beneficios que han sido generados fuera de sus fronteras.