Resurge el debate sobre la universalidad de los derechos humanos

Ante la próxima Conferencia Mundial en Viena
Viena.- Del 14 al 25 de junio va a tener lugar en Viena la II Conferencia Mundial de Derechos Humanos, organizada por la ONU. A la hora de examinar la situación de los derechos humanos en el mundo, resurge un viejo debate: ¿puede haber concepciones diferentes de los derechos humanos? Superada la división de la guerra fría, el debate está hoy entre los que apelan a la especificidad cultural y los que piensan que los derechos humanos deben respetarse del mismo modo en Francia que en Arabia Saudita. Discusión no sólo teórica, sobre todo cuando empieza a asentarse el principio del “derecho de injerencia humanitaria”.

La Conferencia de Viena va a ser la segunda que la ONU dedica específicamente a estudiar la situación de los derechos humanos en el mundo desde la aprobación de la Carta de los Derechos del Hombre en 1948. La primera tuvo lugar hace 25 años (1968) en Teherán.

Desde entonces han cambiado muchas cosas en el mundo. El cambio de régimen en Irán es sólo una muestra de los nuevos problemas que hoy afectan a la vigencia de los derechos humanos. El desarrollo de las asociaciones internacionales creadas para defenderlos, la mayor preocupación de los organismos mundiales, los continuos llamamientos a la opinión pública, la acción de las Iglesias en favor del respeto a la dignidad humana, el desencanto con las ideologías que pisoteaban los derechos del hombre concreto en nombre de un porvenir radiante, son factores que han contribuido a que los derechos humanos se conviertan en un tema fundamental en nuestros días.

Esta mayor sensibilidad mundial sobre los derechos humanos no excluye las discrepancias sobre el modo de concebirlos y defenderlos, lo cual creará tensiones en la Conferencia de Viena.

Una conferencia monstruo

Al igual que ocurrió el año pasado con la Conferencia de Río sobre el medio ambiente, también ésta va a ser muy numerosa. A Teherán acudieron tan sólo 84 países; en Viena, los 183 países miembros de las Naciones Unidas enviarán cerca de 3.000 representantes. A ellos hay que sumar, por primera vez, entre 2.000 y 3.000 congresistas de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y unos 1.000 periodistas acreditados.

Entre los que van a asistir se encuentran los 20 últimos Premios Nobel de la Paz, más de 70 ministros de Asuntos Exteriores y un buen número de personalidades: desde políticos en activo como Nelson Mandela o François Mitterrand, hasta personajes militantes como el Dalai Lama, Rigoberta Menchú, Corazón Aquino o Elena Bonner.

Esta “masificación” es la que hace a su vez más difícil la Conferencia. La presencia de las ONG va a aumentar la desconfianza de los países que ven cómo, poco a poco, pueden ir perdiendo su papel dirigente en las sesiones en favor de los distintos grupos activistas.

Además, estos grupos parecen decididos a aprovechar la reunión de Viena. Para ello han convocado un Foro de las ONG en Viena del 10 al 12 de junio, con el fin de acordar una línea de acción unitaria cara a la Conferencia. Los recelos de los países no parecen afectar al ímpetu de los distintos activistas, que han convocado manifestaciones y actos paralelos a la Conferencia en los que van a presentar sus denuncias.

Posturas enfrentadas

A juzgar por lo sucedido en las distintas reuniones preparatorias, la Conferencia promete ser muy discutida. En Ginebra, donde se realizó la última sesión previa, no se pudo alcanzar un acuerdo para redactar un borrador de la resolución final: la oposición de los países del Tercer Mundo parece ser decisiva. En otras reuniones locales (San José de Costa Rica o Bangkok) estos países han dejado bien claras sus pretensiones: no quieren sentarse desde el principio en el banquillo de los acusados.

Para ello han pasado a la ofensiva. Pretenden que junto a los derechos humanos reconocidos se incluyan una serie de medidas prácticas para asegurar el derecho humano al desarrollo económico, cultural, social y educativo. Con ello quieren dejar bien claro a los países desarrollados que un país con problemas de subsistencia no puede poner como primera meta de su política el afianzamiento de los derechos humanos. Se quiere alcanzar de este modo una mayor ayuda económica para el desarrollo.

Otra reivindicación de los países pobres es el derecho a la emigración. El ataque está perfectamente dirigido contra aquellos países industrializados que hoy quieren reforzar las medidas restrictivas contra los inmigrantes del Tercer Mundo. El principio de igualdad que se quiso consagrar en la Declaración de 1948 se esgrime así para reclamar un trato no discriminatorio a los inmigrantes.

Los países islámicos, por su parte, no están dispuestos tampoco a dejar que se les imponga una política concreta en lo referente a la igualdad entre los sexos o a la libertad religiosa. Los emires de Arabia Saudita, Kuwait y los regímenes fundamentalistas de Irán y Afganistán pretenden mantener su política actual. China acude también a la reunión y, desde luego, no va a estar tan sólo como oyente; pasará a la ofensiva, en lo que considera “hipocresía occidental”.

¿Los mismos derechos para todos?

Estos son tan sólo algunos ejemplos de las diferencias que se van a poder observar en Viena. Pero estas mismas diferencias hacen que se planteen temas mucho más profundos: ¿son los derechos humanos universales e indivisibles? ¿Qué fundamento tienen? ¿Puede haber concepciones diferentes según las distintas culturas?

Amnistía Internacional, uno de los principales grupos impulsores de las ONG, ha querido dejar bien clara su postura desde el principio. Para Amnistía la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos debe quedar plasmada en el documento final; es más, lo consideran como un principio fundamental.

A esto se oponen los países asiáticos por considerar que los derechos humanos son “de inspiración occidental-cristiana”, y no tienen en cuenta las costumbres budistas, musulmanas, hindúes… El senegalés Pierre Sané, secretario general de Amnistía Internacional, respondía a este planteamiento en una entrevista publicada en Le Monde (20-IV-93): “Esto llevaría a dividir el género humano en categorías, lo cual es simplemente racismo. Nosotros pensamos, por el contrario, que se deben utilizar los mismos criterios en todas partes, cualquiera que sea el nivel de desarrollo económico. El argumento de la especificidad cultural no es válido. Son valores universales, que están contenidos en todas las religiones tradicionales”. La discusión llega a otros campos cuando se pretende afirmar que esos valores universales son la ley natural y que los derechos humanos no son otra cosa que una manifestación de ella.

El legítimo derecho de injerencia

Otra novedad es la reivindicación del “derecho de injerencia” de la comunidad internacional en defensa de los derechos humanos, sin que los países afectados puedan refugiarse en que se trata de asuntos internos. La defensa de los derechos del hombre en el seno de la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa es un ejemplo de esto. El propio Juan Pablo II ha enunciado así esta regla: “Una vez que todas las posibilidades ofrecidas por las negociaciones diplomáticas, los procesos previstos por las convenciones y las organizaciones internacionales se han puesto en práctica, y, a pesar de todo, las poblaciones están en riesgo de sucumbir bajo un agresor injusto, los Estados no tienen un ‘derecho a la indiferencia’. Parece claro que su deber es desarmar a este agresor, si todos los otros medios han demostrado ser ineficaces”.

Este principio de injerencia se ha aplicado ya en casos como las intervenciones para defender a los kurdos en Irak o para desarmar a grupos enfrentados en Somalia o Liberia. También Amnistía Internacional defiende este principio, según explica su portavoz en Austria: “Debe desaparecer la idea de que los derechos humanos en cada nación son competencia única del Estado. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo es una muestra de cómo se puede establecer una institución internacional por encima de las injusticias nacionales”.

Sin embargo, en las conferencias preparatorias esta posible injerencia en los asuntos de un país ha sido ya criticada y rechazada categóricamente por países como Malasia, Pakistán, Siria, Colombia, México y Cuba.

El nuevo papel de la ONU

Pierre Sané declaraba en la citada entrevista que “son cada vez más fuertes las presiones para que la ONU intervenga [en defensa de los derechos humanos] y se reduzca el espacio de soberanía nacional de los Estados. Y es reduciendo este espacio como se podría conseguir una mayor eficacia de la ONU”.

Para conseguir una mayor eficacia en la lucha por los derechos humanos, Estados Unidos ha propuesto la creación de un Alto Comisariado para los Derechos Humanos, con funciones similares a los de la lucha contra las drogas y protección de refugiados. La nueva administración Clinton está decidida a dar un impulso a la lucha por los derechos humanos, una política tradicional del partido demócrata. A esta propuesta se han unido una serie de medidas para acabar con la tortura en el mundo antes del año 2000, defensa de los derechos del niño…

La presión de las ONG en la Conferencia se va a notar. Muchos países ya se han distanciado de los resultados finales y se duda sobre el éxito de la reunión. Pierre Sané, en una entrevista en la BBC, afirmaba que “varios países quieren sabotear la reunión de Viena, desviando la discusión a temas de poca importancia, para evitar el verdadero debate sobre la universalidad de los derechos humanos”. En otro momento señalaba los distintos enfoques que, a su juicio, se observarán en la Conferencia de Viena: Asia va a insistir en la soberanía nacional y en la primacía del desarrollo económico, pues teme que la insistencia en los derechos humanos frene la competitividad de sus economías; América Latina, que quiere olvidar las dictaduras, adoptará posturas cercanas a las de Europa y Norteamérica; África continuará marginada, y Europa y Japón, presionados por su opinión pública, intentarán que se alcance algún adelanto en materia de derechos humanos.

El tema del “derecho de injerencia” promete ser el más discutido. Para ello se deberán crear las bases operativas y financieras de este derecho. La continua reducción de la aportación económica de los países occidentales y la “inflación” de operaciones militares de la ONU exigen una reforma global del papel de la organización, una vez superada la guerra fría. En definitiva, en Viena podemos asistir al primer “round” por unas Naciones Unidas con funciones “policiales” en el mundo. La triste experiencia de los Balcanes, donde la comunidad internacional ha demostrado su impotencia, impulsará en Viena a los que pretenden crear un sistema nuevo en el orden mundial.

José María López-BarajasTribunales internacionales para exigir los derechos

Los textos internacionales sobre el reconocimiento de los derechos humanos han proliferado en el último medio siglo. Lo difícil es conseguir que se cumplan. Por eso tienen particular interés los instrumentos jurídicos que permiten reclamar ante instituciones internacionales una reparación en justicia por violaciones de los derechos humanos.

Este es el caso del Tribunal Europeo de los Derechos del Hombre, con sede en Estrasburgo. Este tribunal fue creado en 1950 por los países miembros del Consejo de Europa (26 en la actualidad), en cuyo seno se elaboró el Convenio europeo de derechos humanos. A diferencia de otras declaraciones de derechos, éste es un auténtico tratado que vincula a los Estados que lo han firmado y ratificado. El convenio se limita a los derechos civiles y políticos que defienden al individuo de las actuaciones arbitrarias del poder público, y no incluye los llamados derechos sociales.

Su innovación está en considerar al individuo como sujeto de derecho internacional. De este modo, pueden dirigirse a la jurisdicción de Estrasburgo las personas físicas, los grupos de particulares y las organizaciones no gubernamentales que estimen que uno de los Estados firmantes ha violado los derechos reconocidos en el Convenio. Para poder dirigirse al Tribunal hay que haber agotado antes los recursos de apelación en el propio país. El Convenio creó dos órganos: la Comisión, encargada de estudiar si las demandas son admisibles y de instruir los expedientes, y el Tribunal, formado por un juez de cada país, que pronuncia las sentencias. El Comité de ministros del Consejo de Europa se encarga de velar por la ejecución de los fallos.

La puesta en marcha del Tribunal de Estrasburgo fue retardada por el lento proceso de ratificación del Convenio. Alemania fue el primer país que reconoció la competencia del Tribunal en 1955, cosa que Francia no hizo hasta 1981. Las primeras sentencias se produjeron a partir de 1960, y en total el Tribunal ha pronunciado unos 300 fallos. En 1991 se dictaron 71 sentencias. La duración media de los procesos es de tres a cuatro años. La jurisprudencia del Tribunal va teniendo un peso no despreciable en las legislaciones nacionales, en el sentido de asegurar más la defensa de los derechos individuales.

Tribunal sobre crímenes de guerra. El pasado 22 de febrero, el Consejo de Seguridad de la ONU decidía por unanimidad en su resolución 808 la creación de un tribunal internacional para juzgar a los responsables de crímenes de guerra cometidos en la exYugoslavia. Es la primera vez que la comunidad internacional constituye un tribunal de este tipo, después de los juicios de Nuremberg y Tokio al final de la II Guerra Mundial.

Desde entonces, todas las tentativas de crear un tribunal permanente, encargado de juzgar los crímenes contra la humanidad, habían fracasado por la división propia de la guerra fría. Durante este tiempo, todos los horrores de la Historia cometidos sobre poblaciones indefensas han quedado impunes.

El nuevo clima mundial y el creciente papel que se quiere atribuir a la ONU ha hecho posible la creación de este tribunal. Su objetivo (concretado después en la resolución 827 del pasado 26 de mayo) es juzgar a los sospechosos de haber cometido violaciones graves del derecho humanitario internacional en la exYugoslavia entre el 1 de enero de 1991 y la fecha que fije el Consejo una vez restaurada la paz. Los delitos incluyen los asesinatos masivos, violaciones, torturas, destrucción de propiedades, desplazamiento forzoso de poblaciones y la “limpieza étnica”. El Tribunal estará formado por 11 jueces elegidos por la ONU. Todos los Estados miembros quedan obligados a cumplir las órdenes del Tribunal, incluido la detención y entrega de los acusados. El Tribunal no impondrá la pena de muerte ni podrá realizar los juicios en rebeldía.

La creación del Tribunal es un hecho significativo, aunque el castigo de los culpables resulte bastante improbable. A menos que caigan en manos de sus adversarios para que éstos los entreguen a la justicia, lo peor que les puede ocurrir es que su libertad de movimientos quede reducida a su propio país. Además, algunos de los criminales de guerra, mencionados por el gobierno de los Estados Unidos, son políticos serbios de alto nivel, con los que habría que negociar un eventual plan de paz.

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