El obispo Richard E. Pates ha pedido en una carta dirigida al secretario de Defensa, Chuck Hagel, la liberación de 86 detenidos en Guantánamo cuyos crímenes no han sido probados y el cierre de una prisión que “se ha convertido en el símbolo de la detención indefinida sin juicio”.
La carta, respetuosa pero dura del presidente de la Comisión Justicia y Paz de los obispos de EE.UU., apoya la decisión que manifestó el presidente Obama el pasado 23 de mayo de cerrar la prisión y su petición al Congreso de que levante las restricciones a la transferencia de los detenidos.
La carta se hace eco de las noticias divulgadas por la prensa de que 100 detenidos están en huelga de hambre y sometidos a alimentación forzosa. A juicio del obispo, “la huelga de hambre se debe en gran parte al hecho de que 86 de los 166 detenidos fueron declarados hace tres años listos para ser liberados y aprobados para ser transferidos, pero aún así permanecen encerrados”. La carta recuerda que “la mayoría de esas personas nunca han sido juzgadas, a pesar de haber transcurrido 11 años en Guantánamo. Sometidos muchos de ellos a un encierro en aislamiento, están llenos de desesperación”.
La carta advierte que “los detenidos siguen teniendo derechos humanos básicos. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha manifestado su oposición a la alimentación forzosa. (…) En vez de recurrir a esas medidas, nuestro país debería en primer término hacer todo lo necesario para responder a las situaciones de desesperación que han llevado a esa protesta”.
El obispo Pates cita en su carta varios textos del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, que descalifican la detención indefinida como la de Guantánamo. Si bien existe siempre el derecho a defenderse contra actos de terrorismo, “nunca debe ser ejercido al margen de las normas éticas y morales”. “La identificación de los culpables debe ser debidamente probada, ya que la responsabilidad penal es siempre personal”.
En la realización de las investigaciones, la doctrina social de la Iglesia prohíbe absolutamente la práctica de la tortura y excluye “el recurso a una detención motivada solo por el intento de obtener informaciones significativas para el proceso”. También recuerda que “una duración excesiva de los procesos resulta intolerable para los ciudadanos y termina por convertirse en una verdadera injusticia”.
“La detención indefinida de esos prisioneros no solo es dañino para esas personas, sino que también hiere la reputación moral de nuestra nación, perjudica nuestro compromiso con el imperio de la ley y socava nuestra lucha contra el terrorismo”, asegura Bates.
La carta concluye pidiendo al Secretario de Defensa que “haga una cuidadosa revisión de las condiciones de los detenidos en Guantánamo y que trabaje con otros organismos de la Administración para liberar a los 86 detenidos que ya están libres de responsabilidades y para llevar a la práctica el compromiso del Presidente de cerrar esa instalación que se ha convertido en el símbolo de la detención indefinida sin juicio”.