El desinterés por fundamentar los derechos humanos los deja expuestos a batallas políticas, como se ve en el intento de los conservadores británicos por vincularlos al concepto de soberanía.

La pregunta por el fundamento de los derechos humanos no es un plato de gusto en las sociedades secularizadas, quizá por temor a tropezar con las aportaciones de la religión, aunque los creyentes apelan a la razón y a la naturaleza humana además de a la fe. Lo llamativo es que esas mismas sociedades se apuntan rápidamente a predicar que los derechos humanos son universales, sin detenerse a explicar por qué y exigiendo al resto un acto de fe en su modo de entender esos derechos. La idea de unos derechos inalienables se apoya en la convicción de la igual dignidad de todos los seres humanos, otra idea revolucionaria que el cristianismo abrazó desde sus orígenes (por ejemplo, Hechos 10, 34). Sobre este fundamento, se empezó a construir el armazón jurídico-político que permitiría la protección efectiva de los derechos humanos. En la antesala de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), destaca por ejemplo el trabajo de pensadores creyentes para construir un marco conceptual claro. El profesor de Harvard Samuel Moyn, autor del libro Christian Human Rights, incluye ahí los documentos pontificios de los años 30 y 40, la filosofía personalista o el incipiente movimiento ecuménico protestante. Pero la resistencia a reconocer esas contribuciones es grande. En un largo artículo publicado en New Statesman, el filósofo británico John Gray critica las cruzadas laicas por afirmar los derechos humanos sin más base que la fe en la democracia liberal. Para Gray, el atractivo de los valores liberales de la libertad y la tolerancia no es algo que se pueda por supuesto, ni siquiera en Europa. Por eso, en su opinión, quien quiera defender su universalidad, encontrará más argumentos en la tradición judeocristiana que en el liberalismo político contemporáneo. “Si se afirmó que esos valores eran universales, es porque se creía que habían sido ordenados por Dios. Hoy, la mayoría de los liberales tienen puntos de vista seculares y, sin embargo, siguen creyendo que sus valores son universales”. El plan de los “tories” abre la puerta a una controvertida interpretación “británica” de los derechos humanos Lo más paradójico es que, en las campañas militares que emprenden los gobiernos occidentales para garantizar los derechos humanos en el mundo, “acaban poniendo en peligro el mismo estilo de vida que intentan proteger”. Y pone como ejemplo las “desastrosas aventuras militares de la era Blair-Cameron”, que derrocaron a Sadam Husein y Muamar el Gadafi al precio de “destruir el Estado en Irak y Libia, dejando zonas de anarquía a merced de los yihadistas”. Más británicos que universales Aunque Gray no pretende llegar tan lejos, no es exagerado concluir que el desinterés por fundamentar los derechos humanos acaba dejándolos más expuestos a los intereses políticos. Así se ve, por ejemplo, en el empeño del gobierno británico por retomar, una vez concluido el Brexit, la promesa de David Cameron de sacar al Reino Unido de la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). EL TEDH es la máxima instancia judicial sobre derechos humanos en Europa. Y aunque el Reino Unido deje la UE, seguirá estando bajo su jurisdicción, al igual que otros países miembros del Consejo de Europa que no forman parte de la Unión. Esto preocupa al gobierno de Theresa May. “No tenemos ningún problema con el contenido del Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero sí con la forma en que se aplica”, explica el fiscal general, Jeremy Wright. Los conservadores creen que la Human Rights Act (HRA), aprobada por los laboristas en 1998, dio al Tribunal de Estrasburgo más competencias que las que le correspondían. Por eso, desde hace años, quieren sustituirla por otra ley de derechos humanos que ponga “primero al Reino Unido”, como dice un documento de 2014 que sintetiza la posición del partido. La nueva British Bill of Rights and Responsibilities convertiría al Tribunal Supremo británico en la máxima autoridad para interpretar el Convenio en los casos de derechos humanos que afecten a los británicos (ver Aceprensa, 24-06-2015). Las sentencias del TEDH, por tanto, solo tendrían valor orientativo para los tribunales del Reino Unido, y tampoco podrían obligarle a cambiar sus leyes. Lo que no parece posible bajo las reglas de funcionamiento del TEDH. La seguridad del Reino Unido, primero De acuerdo con las fuentes tories citadas por Christopher Hope, jefe de la sección de política de The Telegraph, la idea de May es esperar a que se complete el Brexit, previsto para marzo de 2019, y entonces poner en marcha el proceso de salida del TEDH. Hope sugiere incluso que la primera ministra podría poner esta batalla “en el centro de su programa” para las elecciones generales de mayo de 2020. Al igual que en el debate sobre el “Brexit”, la soberanía vertebra el discurso de los conservadores para sacar al Reino Unido de la jurisdicción del Tribunal de Estrasburgo No debe de andar muy alejado por los términos en que se expresó May pocos meses antes de ser elegida jefa del partido y primera ministra: “El TEDH –dijo en abril– puede atar las manos al Parlamento [británico], no añade nada a nuestra prosperidad, nos pone más difícil deportar extranjeros peligrosos, y no hace nada para cambiar la actitud de gobiernos como el ruso en materia de derechos humanos”. Aunque fue Cameron quien hizo la promesa, se entiende el interés de su sucesora por recoger el guante. Entre 2010 y 2016, siendo ministra de Interior, May vivió de primera mano el encontronazo entre el gobierno y el TEDH, que durante un tiempo frustró sus planes para extraditar al clérigo islamista radical Abu Qatada, recuerda Hope. Los tories también se quejan de la interpretación evolutiva que los jueces de Estrasburgo están haciendo del Convenio. A su juicio, más que adaptar el documento a la sociedad actual, lo están ampliando hasta límites que exceden los previstos por los artífices del Convenio originario. La tendencia a proteger cada vez más pretensiones con las garantías reservadas a los derechos humanos es un problema real, como muestra la proliferación de tratados y otros instrumentos internacionales no vinculantes destinados a crear “nuevos derechos”. Pero los ejemplos que pone el documento de 2014 –derechos de los presos en las cárceles, prohibición de la cadena perpetua, obstáculos para las deportaciones, denuncias contra los soldados británicos en combate…– refuerzan las sospechas de quienes dicen que lo que de verdad pretenden los conservadores es librarse del criterio que mantiene el Tribunal de Estrasburgo en materia de política antiterrorista y seguridad nacional. Keir Starmer, portavoz laborista para la gestión del Brexit, denuncia que sacar al Reino Unido de la jurisdicción del TEDH “reduciría la transparencia y la rendición de cuentas, no solo del gobierno sino también de todas las autoridades públicas”. También los liberal-demócratas prometen oponerse a la iniciativa del gobierno. Pragmatismo sin cimientos Al igual que ocurrió en el debate sobre el Brexit, los conservadores más euroescépticos parecen dispuestos a convertir la soberanía en el caballo de batalla para impulsar su ley de derechos humanos. Recuperar la autoridad de los jueces británicos frente a los de Estrasburgo es una idea-fuerza del documento tory, antes citado. En cambio, llama la atención que un texto de 7 páginas no muestre el menor interés por el debate sobre la fundamentación de los derechos humanos. La razón podría estar en la deriva cada vez más pragmática de los conservadores británicos. “La protección de los derechos humanos por parte del Reino Unido –dice el texto– siempre ha partido de las circunstancias reales, en vez de quedarse en un simple asunto de principios abstractos”. John Gray critica las cruzadas laicas por defender la universalidad de los derechos humanos sin más base que la fe en la democracia liberal Pero no hay por qué contraponer ambos enfoques. Es más, si se quiere defender la universalidad de los derechos humanos no hay más remedio que acudir a conceptos tan abstractos como los de naturaleza y dignidad humana. La idea de que todos tenemos unos derechos que son intrínsecos a toda persona e inalienables en cualquier tiempo y lugar también es, además, el mejor antídoto contra la interpretación expansiva de los derechos humanos que denuncian los tories. En efecto, como ha explicado ampliamente Janne Haaland Matlary, catedrática de Política Internacional en la Universidad de Oslo, si obviamos la noción de naturaleza humana, acabamos creyendo que los derechos humanos no son otra cosa que lo que es considerado legítimo en cada momento por los parlamentos y los tribunales. Y si esas son las reglas del juego, nada impide la politización de los derechos humanos. Sea por la obsesión soberanista de los conservadores británicos, por la creación de “nuevos derechos” por parte de jueces progresistas o por las intervenciones militares de los gobiernos occidentales.

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