La violencia en la lucha política

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Duración lectura: 3m. 57s.

En países como Venezuela, Bolivia y Nicaragua, la violencia surge también como un instrumento más en la lucha política. A veces son los gobiernos los que recurren a la acción de las masas.

“¡Patria, socialismo o muerte!” es el grito que el gobierno venezolano ha instituido como saludo oficial: incluso en las filas castrenses, otrora ajenas a la militancia política, se ha adoptado la consigna. La reciente ley sobre la Fuerza Armada, promulgada mediante poderes especiales reclamados por Chávez al Congreso, ha dispuesto, además del apellido de Bolivarianas para las cuatro fuerzas tradicionales, la incorporación de una reserva paralela, las Milicias, a imagen de las MTT cubanas. “Si ustedes permiten que la oligarquía (…) regrese a la gobernación -advertía Chávez a la población hace poco, en el transcurso de un mitin-, a lo mejor voy a terminar sacando los tanques de la brigada blindada para defender al gobierno revolucionario y para defender al pueblo”.

Pero más allá de la reestructuración de las Fuerzas Armadas, el gobierno de Chávez ha mantenido a su servicio a los Círculos Bolivarianos y a la Coordinadora Simón Bolívar, formaciones de base habilitadas para actuar como fuerzas de choque en defensa del régimen. En ocasiones las televisiones han mostrado que estos grupos manipulan armas de fuego, y resulta muy difícil deslindar sus acciones de las del hampa común o de las de algunos grupos terroristas que, según señalamientos de la oposición, reciben protección oficial (en la web de la Coordinadora Simón Bolívar, por ejemplo, hay un enlace al blog Free Batasuna). El pistolerismo contra las manifestaciones opositoras ha dejado un saldo del que el gobierno, sin embargo, no se responsabiliza. El caso más emblemático ha sido quizá el de Maritza Ron, una venezolana de 62 años residente en Madrid y baleada en 2004 ante las cámaras de televisión por un grupo de motoristas que llevaban la indumentaria de los Círculos Bolivarianos y que abrieron fuego, en la caraqueña plaza de Altamira, contra ciudadanos concentrados para protestar por el resultado de un referéndum.

Tampoco el gobierno de Evo Morales reconoce tener responsabilidad en el reciente episodio que han protagonizado en Achacachi los radicales aimaras conocidos como “ponchos rojos”, que, reivindicando el derecho a administrar la “justicia comunitaria”, llevaron a unos presuntos ladrones hasta el estadio de fútbol y allí los golpearon durante horas y luego les prendieron fuego. Con un saldo de dos muertos y dos heridos graves, la policía intervino para evitar el linchamiento de otras siete personas e hizo nueve presos entre un tumulto de agresores que, según dijo, pasaban de dos mil. El viceministro de Gobierno (Interior), Rubén Gamarra, ha calificado el hecho como “una reacción de la población en virtud de que tienen desconfianza en la acción del Ministerio Público y de la Justicia”.

Asimismo está aún fresca en la memoria la matanza -26 muertos y algo más de 40 heridos por arma de fuego- que tuvo lugar en Pando cuando una columna de campesinos, movilizada presumiblemente para sofocar una invasión sufrida en septiembre por oficinas del gobierno, fue acribillada sin que el prefecto (gobernador) del departamento, opositor al régimen de Morales, hiciera nada por activar las fuerzas del orden. En el previsible cruce de acusaciones -aliado estratégico de la impunidad-, el mandatario regional, ahora encarcelado, sostiene que los hechos respondían a un plan del gobierno central para derrocarlo.

Nicaragua: de las urnas a las armas

Como suele ocurrir también en Venezuela, los empleados públicos en Nicaragua han recibido “orden superior” de sumarse a los grupos lanzados por el gobierno de Daniel Ortega a las calles de Managua para defender la causa sandinista ante las protestas de fraude que, tras las últimas elecciones, encabeza el líder liberal Eduardo Montealegre, candidato a la alcaldía de la ciudad. Encapuchados y armados con morteros y kalashnikovs, los simpatizantes del Frente Sandinista se apoderaron de las principales arterias de la capital para impedir una marcha convocada por la oposición, que efectivamente debió cancelarse. Otro tanto habían hecho en León, donde la sede de Alianza Liberal fue rodeada por hombres llegados en autobuses que portaban machetes, garrotes y armas de fuego.

La violencia desatada por estos grupos, que ha incluido agresiones a varios periodistas, ha llevado a suspender las clases en las universidades y ha obligado a los comercios a echar el cierre en pleno horario de trabajo. El Departamento de Estado norteamericano ha recomendado a sus nacionales que se abstengan de visitar el país centroamericano.

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