América Latina y la vía constitucional al golpe de Estado

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Duración lectura: 6m. 44s.

Cuando Chávez juró el cargo presidencial apartándose del protocolo y diciendo que lo hacía sobre una “constitución moribunda”, anunciaba una estrategia a la que pudo aplicarse de inmediato gracias a la voluntad popular de derrocar, por sus excesos, a los partidos tradicionales firmando si era preciso un cheque en blanco a cualquier forma de cambio. Pues el voto-castigo había sido la carta de triunfo para este outsider que, mediante las urnas, conseguía el objetivo al que no había podido acceder años antes liderando una insurrección armada. Sólo que, en realidad, el objetivo no era convertirse en presidente, sino en dictador.

Las Constituyentes, supremas hacedoras

El cheque en blanco de la ciudadanía lo fue verdaderamente, porque no se conformó con los procedimientos de reforma o enmienda que la propia Constitución vigente preveía para transformarse, sino que se resolvió por apoyar la propuesta presidencial de convocar una Asamblea Constituyente. Se trataba de una solución cosmogónica: la invocación del poder originario no para modificar el Estado, sino para crearlo ex nihilo, derribando todas sus instituciones y volviéndolas a levantar según el nuevo gusto (hasta la República misma, que fue rebautizada con el apellido de “Bolivariana”).

La fórmula chavista lograba concretar una jugada política que, por ejemplo, se le resistió siempre a Salvador Allende, y que opuso al régimen de la Unidad Popular el obstáculo más importante: el equilibrio de poderes. El recurso a la Constituyente, en cambio, da la posibilidad de hacer caída y mesa limpia en todos los cuadros del poder público. Algo que, cuando coincide en el tiempo con la improvisación de una clase política que emerge y está ávida de posicionarse dentro del nuevo orden (y más aún so pretexto de “revolución”), produce naturalmente un Estado monocromo, identificado por completo con el “movimiento” que lo origina.

Ahora Chávez prueba de nuevo. El intento de enmendar la carta magna, fallido en 2007 y sobre el que vuelve con nuevos ánimos el próximo 15 de febrero, es una vuelta de tuerca a su empeño por mantenerse ilimitadamente en el poder. De momento, y ante la baja de Fidel Castro, su presidencia se ha convertido en la más larga de cuantas permanecen en activo en el hemisferio occidental.

El caso de Bolivia

Como el ecuatoriano Rafael Correa, Evo Morales se ha mostrado buen discípulo de Chávez. El proyecto del boliviano, además, cuenta con un argumento extra para pretender una refundación del país: el de la raza. Encarnando él mismo la Bolivia que, según dice, ha de prevalecer por haber sido hasta ahora objeto de exclusión, su liderazgo político es una redefinición de la identidad nacional a cuyo servicio debe disponerse un marco jurídico completamente nuevo. A la estrategia del golpe de Estado por consenso se suma, pues, la del indopopulismo.

La forma plenipotenciaria de esta nueva clase de Asambleas Constituyentes es significativamente distinta de que la se estableció, por ejemplo, en España para redactar la Constitución aún vigente (y eso teniendo en cuenta que los países americanos no vienen de dictaduras, como en el caso español). Porque en España no se creó un poder que desplazara al Estado constituido, sino que el Congreso era a la vez Asamblea Constituyente, y, como explica la politóloga Esther del Campo, “se tenía que dedicar a tareas de gestión política, a tareas de gobierno, a resolver los problemas de los ciudadanos, pero también a escribir una Constitución. La solución que se encontró fue generar una comisión constitucional que era la encargada -y con representación de todas las fuerzas políticas de ese Congreso- de debatir y construir un borrador, y aun dentro de la comisión se generó la llamada ponencia constitucional, que en el fondo era muy reducida y que eran aquellos que intentaban afinar y adecuar todo, sometiéndolo luego a la aprobación de la comisión, luego a la de las cámaras y, finalmente, del pueblo español”.

Diferente ha sido la errática historia de los 255 constituyentes bolivianos y del texto constitucional, contra el que muchos -el Poder Judicial incluido- han señalado vicios de nulidad, teniendo en cuenta que ha sido aprobado después de una rocambolesca elaboración plagada de irregularidades, en Oruro, en el edificio de la Lotería Nacional en La Paz, en un cuartel militar de Sucre, en el Parlamento y en un hotel. Los obispos bolivianos han resumido el proceso diciendo que “el Proyecto ha sido el resultado más de la correlación de fuerzas políticas y sociales que de la expresión total de las propuestas y anhelos del pueblo boliviano”.

Neutralizando a la oposición

Frente a estos liderazgos de barrido, la oposición se ve, por lo general, enfrentada al dilema de pactar con el gobierno o desaparecer. Un ejemplo claro es el que ha dado el partido Podemos, sobre el que Morales ha aplicado el célebre “dividir para vencer”: una parte de sus miembros ha acordado con el presidente dar luz verde al proyecto constitucional y al referéndum para aprobarlo, haciendo insignificante el peso solitario de la oposición autonomista de Santa Cruz.

El compromiso de Morales para lograr este pacto ha sido el de conformarse con una sola reelección -no concurrirá en 2014-, si bien después de aprobada la nueva constitución volverá a postularse para un nuevo período presidencial (pues ésta es otra virtud de las Constituyentes: que a los presidentes que las impulsan les ponen el cuentakilómetros a cero, y les permiten volver a la inocencia de la primera candidatura).

Pero también Chávez se había conformado, tras “su” Constituyente, con una sola reelección.

Algunos puntos polémicos en el proyecto de constitución de Bolivia

– Como en el caso de la “República Bolivariana”, el modelo de Estado propuesto por el proyecto de constitución de Bolivia se basa en un nuevo concepto: el del “Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario”, según define al país el primer artículo de los 411 que conforman el texto. Las disposiciones sobre los símbolos patrios han elevado a esta categoría a la wiphala, la irisada bandera que, según algunos, es más bien un icono de la causa indigenista que una verdadera seña histórica de identidad.

– La constitución propuesta introduce la elección por sufragio universal y directo de los miembros de los principales órganos del Poder Judicial. Según Willman Durán, ex presidente del Tribunal Constitucional, se trata de un modelo que “podría ser funcional en un país con partido único, pero en un régimen democrático es imprescindible que exista un órgano judicial independiente, y eso no pasará porque esas cúpulas serán objeto de una intensa lucha electoral y partidista”.

– La protección consagrada en el texto sobre la cultura y las formas de organización propias de las 36 minorías indígenas -etnias originarias mucho menos numerosas que las poblaciones quechua, aymara y mestiza- parece contradictoria con la decisión de erigirlas en circunscripciones electorales, obligándolas a elegir diputados y a participar de la política nacional.

– Para Durán, aunque la constitución es muy amplia en su parte dogmática y menciona muchos derechos, “no articula ningún mecanismo para que los ciudadanos tengan la posibilidad de recurrir ante organismos independientes si esos derechos son agredidos”.

– El proyecto constitucional ahonda la brecha entre el gobierno central y los departamentos autonomistas de la llamada “media luna”, pues el primero se reserva una serie de competencias legislativas que le permiten imponerse en la gestión de los recursos energéticos sobre estas regiones que concentran el 90% de la producción del gas y del petróleo.

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