¿Son responsables por las víctimas del apartheid las empresas que hicieron negocios con Sudáfrica antes del cambio de régimen en 1994? La Conferencia Nacional sobre las Reparaciones que tiene lugar en Johanesburgo, organizada por el Consejo Nacional de las Iglesias, intenta conciliar la postura de las víctimas del apartheid, que han emprendido demandas de indemnizaciones contra importantes multinacionales, y el gobierno sudafricano, contrario a una acción que puede afectar a la inversión extranjera en el país.
Este episodio es un aspecto más del difícil proceso de superación del pasado. Para evitar el enfrentamiento, la nueva Sudáfrica escogió el camino del compromiso y de la renuncia en vez del de la venganza. Desde el punto de vista penal, los culpables de violaciones de los derechos humanos durante el apartheid se beneficiaron de la amnistía otorgada a los que reconocían sus crímenes ante la Comisión Verdad y Reconciliación (TRC). En su informe final, la Comisión estimó que «el mundo de los negocios se benefició ampliamente de la era del apartheid», por lo que «tiene una obligación moral de contribuir a la reconstrucción y desarrollo de Sudáfrica».
El gobierno sudafricano anunció el pasado abril que se pagaría una indemnización de unos 3.000 euros a las 22.000 víctimas más directas del apartheid que testificaron ante la TRC (madres que perdieron a sus hijos o esposos, supervivientes de torturas, víctimas con daños físicos…). Compensación que todavía no ha desembolsado.
En cualquier caso, los representantes de las víctimas piensan que pueden obtener mucho más de las poderosas compañías extranjeras que hicieron allí negocios, y han presentado sus demandas ante la Justicia norteamericana. Sus demandas han sido formuladas por abogados de Nueva York que se han especializado en lograr compensaciones para grupos de víctimas, como fue el caso de la responsabilidad de los bancos suizos en los fondos judíos expoliados durante el régimen nazi.
Entre las compañías que están en el punto de mira de estas reclamaciones se encuentran los dos bancos suizos más importantes, petroleras como Exxon y British Petroleum, multinacionales como IBM, Ford, General Motors, gigantes de la minería como De Beers, etc.
Pero estas compañías son las mismas cuyas inversiones en Sudáfrica resultan decisivas para el desarrollo del país. Por eso el gobierno ha optado por no apoyar las demandas de las víctimas. El presidente Mbeki ha rechazado el procedimiento de recurrir a tribunales americanos: «Es inaceptable que estas cuestiones, vitales para el porvenir de nuestro país, sean juzgadas por un tribunal extranjero».
En la conferencia de Johanesburgo, el ministro de Justicia, Penuell Maduna, ha recordado que «el mundo entero, la historia, han juzgado ya el apartheid, y no vamos a volver a empezar». Y ha dejado clara la prioridad del gobierno: «Estamos inmersos en la globalización, y los inversores esperan beneficios y la protección de sus inversiones. El crecimiento económico será la reparación de los daños causados por el apartheid».
Esta postura pragmática no ha logrado convencer a los representantes de las víctimas, que exigen compensaciones en dólares. Por su parte, las multinacionales consideran que sus actividades comerciales en Sudáfrica no implican ninguna responsabilidad en los sufrimientos que causó el apartheid. De hecho, invitadas a participar en la conferencia, no han querido presentarse.
Paradójicamente, Estados Unidos, que está en contra de las leyes que pretenden una competencia universal, cuenta con una ley, la Alien Tort Act, que hoy permite a las víctimas del apartheid demandar a compañías de cualquier nacionalidad ante los tribunales americanos. Esta ley es de 1789, y estaba pensada para juzgar actos de piratería. Durante mucho tiempo apenas se utilizó. Pero a partir de 1980 ha sido invocada por víctimas de violaciones de los derechos humanos, americanas o extranjeras, contra empresas si estas tienen intereses en los Estados Unidos, incluso aunque los hechos hayan tenido lugar en el extranjero.