Canadá pierde la calma

 

(Actualizado el 24-02-2022)

Ottawa, la capital de Canadá –una ciudad generalmente tranquila, de un millón de habitantes–, lleva más de tres semanas perturbada por incesantes protestas. El llamado “Convoy de la Libertad 2022” por sus promotores y sus partidarios, o “bloqueo” y “ocupación”, según sus detractores, ha causado disturbios sociales, división y, en algunos casos, caos. A la vez, ha sido un punto de encuentro para los canadienses cansados o críticos de las prolongadas restricciones por el covid-19.

El desencadenante de estas manifestaciones fue la decisión del gobierno del primer ministro Justin Trudeau de cambiar los requisitos exigidos para cruzar la frontera (vacunación, pruebas y cuarentena), de los que, hasta el 15 de enero, estaban dispensados los conductores de camiones de transporte entre Canadá y EE.UU. Al revocar esta exención, el gobierno impuso la vacunación obligatoria a este gremio, compuesto por unos 300.000 trabajadores, de los que al menos el 75% están completamente vacunados.

La medida ha sido muy cuestionada. Algunos han criticado al gobierno por no ofrecer datos de salud pública para justificarla. Al fin y al cabo, los camioneros son trabajadores esenciales que la mayor parte del tiempo realizan su actividad sin contacto con otras personas y, por tanto, es poco probable que sean grandes propagadores del coronavirus. Así, la decisión fue ampliamente criticada por asociaciones del sector, expertos en salud pública y políticos. Se ha convertido en una de las políticas anticovid más censurada por los “expertos”, y, sin embargo, el gobierno se ha empeñado en imponerla.

De héroes a villanos

El transporte por carretera forma parte de la columna vertebral de la economía canadiense: emplea a gran número de trabajadores y al año factura unos 65.000 millones de dólares canadienses. Además, las restricciones a los conductores se han implantado justo cuando América del Norte sufre graves problemas de suministro y la inflación más alta de los últimos treinta años.

Importa recordar que al inicio de la pandemia, los camioneros fueron aclamados como héroes en todo el país. Con razón, pues gracias a ellos las tiendas de comestibles permanecieron abastecidas, los pedidos por Internet se entregaron puntualmente y en los hospitales no faltó el material sanitario necesario para responder a la pandemia. Los camioneros fueron eximidos de las restricciones de movimiento por su papel crucial para sostener la vida cotidiana y la economía en Canadá. La misma semana pasada, el gobierno anunció discretamente que los camioneros que transporten suministros médicos contra la pandemia podrían cruzar la frontera libremente.

Lamentablemente, no es la primera vez en esta pandemia que quienes ayer eran héroes hoy se han convertidos en los malos de la película. Hace apenas unos meses, en Ontario, algunos trabajadores sanitarios que sirvieron abnegadamente en primera línea, fueron despedidos por no querer vacunarse.

Táctica política

Pero ¿por qué un gobierno se empeñaría en mantener una política tan impopular, ineficaz y económicamente dañina?

Aunque el 89% de la población adulta tiene la vacunación completa, Canadá sigue teniendo algunas de las medidas anticovid más estrictas

Una explicación plausible está en el planteamiento que hizo el Partido Liberal, en el gobierno, de las elecciones federales del verano pasado. Después de haber declarado públicamente que no convocaría elecciones en plena pandemia, Justin Trudeau hizo precisamente eso en agosto, anunciándolas como las más importantes desde 1945. Los liberales adoptaron una línea muy dura en materia sanitaria, presentándose a sí mismos como defensores de las vacunas y a sus oponentes como antivacunas, escépticos y conspiranoicos. Fue una táctica muy hábil, ya que en aquel momento, el 70% de la población canadiense estaba vacunada con la pauta completa. Los liberales lograron ganarse al 70% y volverlo contra el 30%, señalando a los no vacunados como egoístas, una amenaza para la salud pública y el mayor obstáculo para que las personas vacunadas pudieran recuperar la vida normal.

Cuando se exigió la vacunación para los pasajeros de vuelos nacionales, el primer ministro preguntó retóricamente en una conferencia de prensa: “¿Le gustaría que su hijo estuviera sentado junto a una persona no vacunada? Nuestra política mantendrá a salvo a usted y a sus seres queridos”. Incitar tal miedo y desprecio por otros (los no vacunados en este caso) se ha hecho demasiado frecuente últimamente en la política canadiense durante la pandemia.

Esta línea dura, aunque exitosa, frente al coronavirus llevó a los liberales a extremar el celo en las medidas sanitarias, a fin de reforzar su crédito en la lucha frente al coronavirus. Y las han mantenido e incluso las han intensificado, a pesar de que Canadá es uno de los países con mayor tasa de vacunación completa: el 89% de la población adulta. Igualmente, Canadá sigue teniendo algunos de los protocolos más estrictos: pasaportes covid, vacunación obligatoria para distintos grupos, límites de aforo y estrictos controles fronterizos.

En vez de intentar una desescalada, Trudeau atizó las protestas con una retórica incendiaria

El transporte por carretera se convirtió en una herramienta política y un escaparate para el celo del gobierno contra el covid-19. No es para extrañarse, dado que ya se habían exigido la vacunación en otros sectores regulados como bancos, empresas de telecomunicaciones, aerolíneas o servicios postales. Exigir la vacunación en una población ya vacunada en su gran mayoría, y que se haya hecho pese a las advertencias contra las consecuencias económicas negativas, podía fácilmente interpretarse como un teatro político con fines partidistas.

Declaración de emergencia

Es en este contexto como surgió una protesta masiva en el oeste de Canadá, que ganó amplio apoyo –personal y económico– en su marcha hacia la capital. El convoy de camioneros estacionado en Ottawa ha suscitado además manifestaciones del mismo signo en pasos fronterizos de otros lugares –Alberta, Manitoba y el sur de Ontario–, que a veces llegaron a cortar el tránsito rodado o fluvial.

Si bien los bloqueos en la frontera han terminado siendo levantados por las fuerzas de policía local, la semana pasada el primer ministro invocó la Ley de Emergencias para disolver las persistentes protestas en Ottawa [*]. La decisión ha sido recibida con preocupación y, en el ámbito político, con fuertes críticas.

Esa ley, que da al Gobierno poderes realmente extraordinarios en tiempo de crisis nacional, puede entenderse como debida más a una falta de liderazgo nacional que a una agitación social desbocada.

El gobierno de Justin Trudeau vio cómo el convoy iba ganado apoyos y optó por hacer muy poca política. Abdicó de toda responsabilidad en las autoridades locales, alegando no querer invadir competencias de estas, y Trudeau se marchó el fin de semana a esquiar. A su vuelta, atizó el fuego al llamar a los del convoy “racistas y misóginos”, y “una minoría marginal con opiniones inaceptables”. En lugar de intentar una desescalada, el primer ministro inflamó la situación con una retórica incendiaria.

División social

Vista la forma en que Justin Trudeau ha utilizado las vacunas como una herramienta política en las pasadas elecciones, no es extraño que este gobierno continúe utilizando la pandemia para sus propios fines. Pero cada vez es más claro el daño que está causando esa táctica: división social, minorías estigmatizadas, radicalización y menos confianza en el gobierno.

La gente ha comenzado a expresar vergüenza por la situación. Pero ¿vergüenza por qué? ¿Por el espectáculo de unos canadienses que han abandonado su habitual apatía social y han expresado su descontento contra el gobierno? ¿O por la incompetencia y la negligencia mostrada por el gobierno federal?

Los canadienses están fatigados por la pandemia, sí, pero la clase política ha tenido dos años para aprender cómo gobernar durante una pandemia. Que una política anticovid drástica, no respaldada por datos de salud pública y criticada por expertos haya provocado esta perturbación nacional es la verdadera vergüenza.

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[*] El 23 de febrero, el gobierno decidió poner fin a las medidas de emergencia.