Las medidas anunciadas por el Gobierno español para, supuestamente, frenar la desinformación pretenden en realidad controlar a la prensa, aprovechándose de su fragilidad económica.
Los resultados de las recientes elecciones en Cataluña ofrecen, en teoría, una posibilidad de pacto entre partidos no nacionalistas, pero el contexto político de crispación lo hace poco probable.