Padres maltratados

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Duración lectura: 2m. 51s.

Contrapunto

Un rasgo típico del pensamiento políticamente correcto es su alergia al matiz. En cuanto dictamina que una conducta es indeseable, ya no tolera que el juicio sobre la acción se module en función de las circunstancias y los resultados. Todo está bien o todo está mal. El castigo físico a los hijos obstinadamente desobedientes es uno de estos casos en que el PC responde con reflejos automáticos. Parece como si no hubiera diferencia entre la paliza habitual y un cachete aislado, entre unos azotes sin causar lesiones y la agresión violenta. Todo entra en el capítulo de “malos tratos”, que hay que combatir para “erradicar la violencia”.

En España los menores están protegidos contra castigos violentos tanto por el Código Civil como por la Ley contra la Violencia de Género. Lo cual no es óbice para que el Código Civil, en su art. 154, admita con buen sentido que los padres “podrán corregir razonable y moderadamente a sus hijos”. Pero los sectores PC del gobierno han lanzado ya algunos mensajes de que esto hay que revisarlo. Consideran que es un texto ambiguo, demasiado expuesto a la interpretación de los jueces. ¿Pero los jueces no están precisamente para aplicar la ley al caso concreto, en función de las circunstancias? De hecho, al pensamiento PC le molesta que en algunas sentencias los jueces hayan admitido que unos azotes o una bofetada son admisibles cuando la fuerza empleada es la mínima indispensable para recobrar el control de una situación, siempre de manera proporcionada.

Lo curioso es que mientras el PC cree que el cachete a los hijos es un problema social, la última memoria del Fiscal General del Estado muestra su alarma ante el “incremento desmesurado” de la violencia de menores, generalmente contra sus padres. Una docena de fiscalías han señalado este fenómeno, con delitos de maltrato y amenazas reiterados. Y piensan que los que se conocen son solo una parte, ya que los perjudicados muchas veces no los denuncian, bien porque consideran estos problemas como una consecuencia ineludible del deber de educar a sus hijos, bien porque no desean perjudicarles con una denuncia (cfr. “El País”, 14-09-2005).

Los menores que llevan cabo este maltrato a sus padres no cometen actos violentos fuera del ámbito familiar, en su mayoría. “Suelen ser adolescentes cuyos padres sienten la imposibilidad absoluta de enfrentarse a las situaciones que han generado, y que pasan de comportamientos desobedientes a la agresividad y la violencia”, dice la fiscalía de Guadalajara.

Los fiscales de Huelva y Cádiz constatan que estos casos de violencia doméstica se corresponden con la ausencia de patrones o reglas de conducta adecuados, “sin imposición de límites y normas”, o con una “desacertada combinación de estilos sancionadores y permisivos que dan lugar en ocasiones a que el menor no acepte ningún control”.

Da la impresión de que estamos pues ante un fallo educativo, y que no hubiera venido mal que en su momento estos padres hubieran corregido “razonable y moderadamente a los hijos”. No es que el control se haya de imponer a bofetadas. Pero quizá el principal “maltrato” que hoy sufren no pocos niños es la carencia de una imposición de límites y normas, por una educación sin norte.

Juan Domínguez