La reforma educativa del gobierno socialista español ha entrado en una fase de negociación, después de que el primer ministro Rodríguez Zapatero recibiera a las organizaciones convocantes de la manifestación del 12 de noviembre. Las organizaciones críticas entregaron a Zapatero una «Propuesta de un Pacto de Estado por la Educación», que recoge en 13 puntos sus posiciones. El presidente del gobierno se comprometió a que el grupo parlamentario socialista negocie con estas organizaciones enmiendas a la LOE que está en trámite parlamentario.
También se ha hecho público que el gobierno ha ofrecido por escrito al Partido Popular una propuesta sobre ocho puntos conflictivos para pactar la reforma.
Tras los cambios ofrecidos por el Gobierno, las posturas de los promotores de la LOE y de sus críticos se han acercado más, aunque subsisten diferencias que pueden resumirse así:
Servicio público
Gobierno. Considera la educación como «servicio público», que se prestará «tanto en la red de centros públicos como privados concertados». Aduce que esta denominación aparecía ya en leyes anteriores.
Organizaciones críticas. No admiten la concepción de la educación como «servicio público», ya que en sentido estricto este es aquel cuya titularidad ha sido reservada a la Administración para que ésta lo reglamente, dirija y gestione, en forma directa o indirecta. Piensan que ese tratamiento deja en manos de la Administración Pública en cada Comunidad autónoma la denegación de crear y concertar centros, aunque sus proyectos respondan a la elección que hacen las familias. Proponen que la educación se considere como un servicio esencial y de interés social, y que las redes pública y privada sean complementarias.
Enseñanzas comunes
Gobierno. Los contenidos básicos comunes para toda España se fijan exactamente en el 55% de los horarios escolares para las comunidades que tengan otra lengua oficial además del castellano y en el 65% para las demás. Antes se decía que «no requerirán más» de esos porcentajes, lo que suponía un máximo.
Organizaciones críticas. Piden que se establezcan enseñanzas mínimas comunes en todas las Comunidades autónomas, de forma que no se deje la puerta abierta a que haya tantos sistemas escolares distintos como Comunidades.
Repetición de curso
Gobierno. Se mantiene que con dos asignaturas suspensas no se repetirá curso, pero se admite que, si se suspenden tres, habrá un examen extraordinario, con cuya nota los profesores decidirán si se repite o no.
Organizaciones críticas. Repetir curso con más de dos asignaturas suspensas y exigir aprobar todas las asignaturas para obtener el título al acabar la ESO.
Iniciación profesional a los 15 años
Gobierno. Los alumnos que tengan malos resultados en la Educación Secundaria Obligatoria podrán incorporarse a los programas de cualificación profesional a los 15 años, en vez de a los 16, como dice ahora la LOE.
Organizaciones críticas. Posibilitar el acceso a los programas de cualificación profesional a partir de los 15 años. Estos programas podrán otorgar una cualificación profesional y el título de ESO.
Itinerarios en 4º de ESO
Gobierno. Posibilidad de crear unas «vías formativas», una especie de itinerarios, con lo que se podría hacer hincapié en distintas orientaciones.
Organizaciones críticas. Ofrecer a los alumnos tres vías formativas a partir de 3º (14 años), y reducir las optativas en 4º para incluir asignaturas humanísticas y científicas con carácter obligatorio.
Prueba final del Bachillerato
Gobierno. Se obtiene el título al acabar el bachillerato, sin reválida. Para acceder a la Universidad hay que superar una prueba de selectividad.
Organizaciones críticas. Una prueba externa al acabar el Bachillerato, que haría innecesaria la prueba de acceso a la Universidad.
Elección de centro
Gobierno. Los padres podrán pedir plaza directamente, como hasta ahora, en los centros públicos o privados que prefieran. Las Comunidades que lo deseen podrán crear Comisiones de escolarización para vigilar el cumplimiento de los requisitos.
Organizaciones críticas. Las admisiones de alumnos se han de cursar en los propios centros, ya que la elección de un proyecto educativo implica una relación entre familia y colegio. Las Comisiones de escolarización no pueden sustituir al poder de decisión de los padres ni la gestión que realizan los titulares de los centros.
Financiación
Gobierno. Se mantiene que los centros públicos y concertados podrán recibir más recursos en razón de las condiciones de especial necesidad de las poblaciones que escolarizan. Estos recursos no podrán provenir de las asociaciones de padres.
Organizaciones críticas. La enseñanza concertada se queja de que se impone la gratuidad sin darle los medios para asegurarla. Por eso pide que la financiación pública responda al coste real de la enseñanza, tanto en los centros públicos como en los concertados. En la dotación de recursos deben establecerse las mismas condiciones para los centros públicos y los privados concertados.
Respecto al régimen de conciertos, advierten que en las leyes anteriores se decía que los centros privados «podrán acogerse» al régimen de conciertos, mientras que la LOE establece que «podrán solicitar». Esta modificación da la impresión de sustituir un derecho por una potestad meramente discrecional de la Administración.
Alumnos con necesidades educativas especiales
Gobierno. La LOE dice que, para equilibrar la distribución de alumnos con necesidades educativas especiales (como los alumnos inmigrantes), se establecerá la proporción de alumnos de esas características que deben ser escolarizados en cada centro público y privado concertado.
Organizaciones críticas. Estos «cupos» de alumnos que deben ser admitidos obligatoriamente por los centros no pueden establecerse sin tener en cuenta la opinión de sus familias sobre el colegio que prefieren para sus hijos.
Programación de la enseñanza
Gobierno. La LOE dice que las Administraciones programarán la oferta educativa teniendo en cuenta la oferta existente de centros públicos y privados concertados (art. 109). También afirma que se conciliará la libertad de elección de centro con las consignaciones presupuestarias existentes y el principio de economía en el uso de los recursos públicos.
Organizaciones críticas. El criterio de referencia para la programación debe ser la demanda de las familias, tanto para los centros públicos como para los privados concertados. El art. 109 silencia la demanda de los padres.
Asignatura de religión
Gobierno. La LOE establece que será de oferta obligada para los centros y de elección voluntaria para los alumnos. No se computará a efectos académicos ni habrá una alternativa para los alumnos que no la elijan. El gobierno ha anunciado que no está dispuesto a cambiar esto.
Organizaciones críticas. También propugnan que los centros deben ofrecerla y que los alumnos pueden elegirla o no. Debe ser una asignatura en igualdad de condiciones con el resto. También debería haber una opción no confesional del «Hecho religioso».
Asignatura de Educación para la Ciudadanía
Gobierno. Se cursará en un curso de primaria y en otro de ESO. En Bachillerato se cursará una materia de «Filosofía y ciudadanía».
Organizaciones críticas. Temen que esa asignatura suplante a los padres en su derecho a establecer la educación ética de sus hijos y abra la puerta a un adoctrinamiento ideológico.