Se extiende la idea de dar mayor margen de libertad a los colegios para diseñar el plan de estudios. El caso más reciente es una iniciativa de la Comunidad de Madrid. Los principales beneficiados serán los centros públicos, si su poca autonomía para formar su plantilla docente no les estorba en la práctica aprovechar esa flexibilidad.
No es frecuente que un partido político proponga una reforma y un destacado miembro del partido contrario la tilde de interesante. Menos aún si la idea se refiere a la educación. Es lo que ha ocurrido con el anuncio hecho por la Comunidad de Madrid de que permitirá a los colegios e institutos diseñar un 35% de su plan de estudios.
Según la ley de educación vigente en España (LOE), el Ministerio de Educación y Cultura fija el 65% del programa, así como las horas mínimas que se deben dedicar a las asignaturas obligatorias. El otro 35% lo establece cada comunidad autónoma. La de Madrid ha decidido trasladar esas funciones a los propios centros escolares.
La medida no concede completa discrecionalidad a la dirección de los colegios. La administración autonómica tendrá que aprobar el currículo de cada centro. Además, los colegios que voluntariamente se acojan a esta posibilidad deberán someterse a las evaluaciones externas que establezca la Consejería de Educación.
Ajustarse a las necesidades propias
El objetivo es dinamizar el sistema educativo, diversificarlo de manera que ofrezca una mayor variedad de ofertas para los padres, y de paso motivar a los propios estudiantes.
Con el 35% del programa en manos de los propios colegios, se espera que cada uno adapte el currículo a sus principales necesidades o intereses. Así, algunos centros optarán por la enseñanza de un tercer idioma; otros por un perfil más orientado hacia las humanidades o las ciencias; otros por el refuerzo en matemáticas o lengua.
No es la primera vez que se propone algo parecido. Un ejemplo son los colegios bilingües financiados con dinero público, de los que la misma Comunidad de Madrid ha hecho bandera. En ellos, la carga lectiva de las asignaturas se modifica para incluir una hora de Inglés al día, en vez de las tres semanales del currículo oficial.
De mayor calado -más parecida a lo que ahora se propone en Madrid- es la reforma que se aprobó en Cataluña el pasado agosto. De acuerdo con ella, el centro podrá desplazar algunas asignaturas de curso, crear otras nuevas o incluso juntar en una misma aula a alumnos de distintos cursos, siempre que lo justifique la estrategia educativa.
Más flexibilidad es más eficiencia
Las reformas de Cataluña o Madrid parte de una premisa: a mayor autonomía del centro, más creatividad; a mayor creatividad, más variedad de oferta; a oferta más variada, más competencia; y a mayor competencia, más esfuerzo por mejorar.
No en vano, la queja más habitual entre muchos profesionales de la enseñanza es la de que el sistema es demasiado rígido, y que la rigidez perjudica la calidad.
Con todo, esta flexibilidad despierta recelos entre los que piensan que esta medida solo se podrá aplicar efectivamente en centros privados y concertados, y que por tanto contribuirá a acentuar la brecha entre estos y los centros públicos, donde la mayor rigidez de la plantilla puede ser un obstáculo.
Otro factor asociado a la rigidez de la plantilla en los centros públicos es que, al no poder decidir a quién se contrata, resulta más difícil para la dirección formar un equipo docente cohesionado en torno a unos objetivos. Por otro lado, el hecho de que la antigüedad constituya el principal activo en la promoción no favorece la motivación del profesor.
¿Igualdad o mediocridad?
En declaraciones al periódico Magisterio (2-03-2011), José Luis Garivia, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, señalaba la peligrosa frontera entre la igualdad de oportunidades y el igualitarismo: “Cuando se habla de excelencia se pone como límite la equidad. Y esto refleja una realidad, y es que en el sistema educativo español se concibe la búsqueda de la excelencia como un juego de suma cero, de forma que quien la busca se entiende que va a detraer recursos de otros que pueden necesitarlos más. Y nuestro sistema, que tiene una concepción comunitarista, entiende que eso es malo […] Por eso en este sistema es prácticamente imposible que un centro salga con prácticas didácticas y pedagógicas innovadoras, porque la ley se lo impide”.
Los datos no favorecen, además, esta concepción comunitarista según la cual la excelencia y la igualdad estarían reñidas de algún modo: en las últimas pruebas realizadas, las comunidades que han obtenido un mayor número de calificaciones excelentes fueron también las que contaban con un menor número de alumnos rezagados.
Por el contrario, el “exceso de equidad” del sistema educativo español ha provocado que solo un 3% de los jóvenes españoles hayan alcanzado los máximos niveles de excelencia, mientras que la media en la OCDE ronda el 8%.
No todo es dinero
En parte, la eficiencia de un colegio tiene que ver con el aprovechamiento de sus recursos económicos; aspecto en el que, según el informe Going for Growth 2008, de la OCDE (cfr. Aceprensa, 12-03-2008), los centros concertados y privados están por encima de los públicos. En ese mismo informe, se sugiere que el gasto público es más eficiente si sigue las preferencias del usuario, con lo que se da un espaldarazo al cheque escolar.
No obstante, la solución no se limita a optimizar el dinero, ni los resultados académicos están tan determinados por el factor socioeconómico del alumno, que según algunas investigaciones solo supone un tercio de los resultados. Basta observar el ejemplo de países como Corea y Finlandia, a la cabeza en lo académico sin ser los que más gastan. En el otro lado, España se sitúa por encima de la media de la OCDE en gasto y por debajo en resultados.
La eficacia tiene que ver también con el papel del director del colegio. El informe de la OCDE señala que el rendimiento del centro suele mejorar cuando el equipo directivo goza de más autonomía.
Otra discusión es la de qué características debe cumplir el director, o quién debe elegirlo. A este respecto, hay quien aboga por profesionalizar el cargo. Esto facilitaría que solo accedan personas específicamente preparadas para la tarea de dirigir centros escolares. Los detractores de esta opción opinan que un director que no haya salido del claustro de profesores estará deslegitimado y será menos eficaz.
Movilidad y transparencia
Otra de las recomendaciones de la OCDE en su informe es evitar la zonificación en la enseñanza pública: “Un análisis empírico muestra que estas fórmulas -reparto de los alumnos por lugar de residencia- van asociadas con mayores niveles de ineficiencia”. De modo parecido a como sucedería con los profesores, ofrecer más posibilidades para elegir un centro u otro o para cambiar, debería favorecer la identificación con el centro.
Otro de los retos es la evaluación comparada y transparente de los centros. En España, las comunidades que han introducido exámenes normalizados obtienen mejores resultados.
A pesar de que la evaluación comparada es explícitamente recomendada por la OCDE en su informe -aunque advierte de que para que realmente exista competencia entre los centros habría que prever mecanismos de ayuda para aquellos con más dificultades-, cuando la Comunidad de Madrid propuso aplicarla en sus colegios, la mayor parte de los sindicatos de la escuela pública se opusieron.
Algunos piensan que esta competitividad supondría una consecuencia negativa: los títulos de la educación obligatoria tendrían un valor muy diferente dependiendo del centro. Sin embargo, esto ocurre ya, aunque de forma poco transparente. Por otra parte, en muchos casos el precio que se paga por igualar los títulos es la mediocridad. Además, suponiendo que lo que interese sea la calidad de la educación, siempre existe el recurso de financiar iniciativas privadas que demuestren su eficiencia.