La Ley de Educación en Cataluña otorgaría mayor autonomía a los centros

Barcelona. El documento de Bases de la futura Ley de Educación de Cataluña ofrece importantes novedades sobre la autonomía de los centros públicos, lo cual ha provocado una reacción defensiva del profesorado.

El pasado 16 de noviembre, la consejería de Educación de la Generalitat presentó el documento “Bases para la Ley de Educación de Cataluña”, en un primer paso para dotarse de un marco regulatorio propio en materia educativa (el nuevo Estatuto de Autonomía ofrece esta posibilidad).

Este texto ha cosechado numerosas críticas por parte de los sindicatos del profesorado de la escuela pública. Este desencuentro llevó a los sindicatos USTEC-STEs, CC.OO., ASPEPC-SPS, FETE-UGT y CGT a organizar una huelga el 14 de febrero, que tuvo un seguimiento del 52% según admitió la propia Generalitat.

Sin embargo, las principales asociaciones de padres de alumnos como Fapac, Fapaes o Fapel, se mantienen a una cierta distancia y sus críticas son más moderadas. Así pues, sin el apoyo de los representantes de los padres, el rechazo a las Bases no puede ser tomado como proveniente de toda la comunidad educativa, sino -en todo caso- de una parte: el profesorado.

En primer lugar, tal como ha recordado el consejero de Educación, Ernest Maragall, “se trata de un documento de bases que no pretende ser aprobado ni rechazado, sino generar el debate necesario”.

Para los sindicatos, los puntos más críticos hacen referencia a la autonomía que se otorgará a los centros, a las supuestas maniobras para privatizar la enseñanza pública y a la consideración del profesor como principal culpable de la mala situación -en esto sí hay consenso general- de la enseñanza en Cataluña.

La autonomía de los centros educativos es una de las innovaciones que presenta el documento de Bases. La dirección de los centros educativos ha de ser “competente, profesional, formada y estable” y tendrá un “margen importante para la consolidación de un equipo suficiente y estable, tanto pedagógico como administrativo y de recursos”.

Esta autonomía supone, entre otras cosas, la capacidad de la dirección de los centros públicos para definir los perfiles del profesorado necesario para llevar a cabo su proyecto educativo. Esto ha sido criticado por parte de los sindicatos como una puerta abierta a la endogamia y al amiguismo en la asignación de plazas. Además, los centros podrán definir parte del currículum. Para los sindicatos, esta posibilidad de diversificación fomentaría la segregación social.

El papel de la enseñanza privada

Por otra parte, los sindicatos de profesores han visto en las Bases un intento de privatización de la escuela pública, ya que incluye la posibilidad de una “gestión indirecta”, es decir, que “entidades cooperativas y sin ánimo de lucro o equipos de profesionales” se encarguen de la gestión y organización de los recursos de centros públicos. La Generalitat insiste en que se trata de medidas excepcionales. En esta línea, CC.OO. va más allá y exige: “En ningún caso, la Generalitat ofrecerá suelo público para la construcción de centros de titularidad privada” (esta situación ya se ha dado en la Comunidad de Madrid).

En cuanto al papel de la enseñanza privada concertada, el documento de bases sigue la misma línea del Pacto Nacional para la Educación (ver Aceprensa 50/06), que reconocía la función social y servicio de interés público de todos los centros sostenidos con fondos públicos, con indepencia de su titularidad. Los sindicatos convocantes de la huelga no están conformes con un planteamiento que para ellos perpetúa la “dualidad” del sistema público de enseñanza dando prioridad a la escuela concertada.

Por otra parte, hay un cierto acuerdo en que falta desarrollar más parte de la financiación. En este sentido, los sindicatos piden una inversión del 6% del PIB (un dato difícil: ahora mismo no hay acuerdo sobre qué porcentaje se está invirtiendo).

El documento de bases sigue el acuerdo del Pacto Nacional cuando habla de la educación como un derecho y de la libertad de elección de centro. No obstante, desde Fapel consideran que “es poco correcto plantear la elección de los padres como potencial causante de la falta de cohesión social”. Esto llevaría al absurdo de admitir implícitamente que el ejercicio de un derecho humano pueda vulnerar la justicia social.

El documento de bases asienta los fundamentos de la futura ley, que introduciría cambios de un cierto calado. Por esto, hay gente que piensa que esta ley sólo la podría impulsar con éxito un ejecutivo socialista y, a la vista de la contundencia con que han reaccionado de los sindicatos de profesores, puede que no les falte razón. Probablemente un gobierno conservador no tuviera demasiadas opciones. Sin embargo, una cosa es segura: hasta la aprobación de la ley queda un largo camino por recorrer.

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