Con un índice de desempleo del 6,1%, la crisis en Gran Bretaña ha hecho desistir a muchos padres de la intención de educar a sus hijos en escuelas privadas (independent schools). Frente a las matrículas que se escapan, la situación económica de estos centros ha venido resultando cada vez más precaria. Por eso el ministro británico de educación, Jim Knight, ha anunciado que el gobierno está dispuesto a hacerse cargo de los costes de la enseñanza si aceptan integrarse en la red pública.
En Gran Bretaña, la red pública incluye tanto las escuelas propiamente estatales como las de otra titularidad -de la Iglesia anglicana o de la católica, en su mayor parte- financiadas por el Estado (llamadas maintained schools). Estas últimas tienen que impartir el plan de estudios nacional y sujetarse a normas de admisión de alumnos semejantes a las estatales.
La batalla por los alumnos
Datos de la Audit Commission han revelado un brusco aumento en el número de solicitudes de matrícula en la escuela pública por parte de padres que enviaban antes a sus hijos a colegios privados. En un tercio de los distritos de Londres, este incremento asciende hasta cerca del 20%, y las estadísticas prevén que siga aumentando a lo largo de 2009 al paso de la recesión.
Especialmente comprometida es la situación en aquellas áreas donde se concentran muchos centros privados, enzarzados más que nunca en una dura competencia. Cinco de estas escuelas, entre ellas dos en Bristol, han adoptado ya el estatuto de públicas.
La escuela privada concentra en Gran Bretaña unos 615.000 alumnos, alrededor del 7% del total de la población en edad escolar. En 1991, al comienzo de la anterior recesión económica, las cifras de la enseñanza de pago estaban en un pico del que pronto cayeron y cuya recuperación tardó unos siete años, remontando entonces hasta niveles que no se alcanzaban desde la década de los 60. Pero este mismo periodo, por otra parte, se caracterizó por una sustancial mejora en los resultados obtenidos por la educación pública, que en ciertos aspectos llegó a rivalizar con la privada.
En su intento por retener a los alumnos, algunos colegios privados han lanzado promociones para ofrecer a los padres ordenadores portátiles, uniformes y tasas rebajadas. Varias escuelas han aumentado los descuentos para las familias numerosas y elevado el umbral de ingresos a partir del cual se puede optar a ayudas.
Qué cambiará y qué no
Según el programa propuesto por el gobierno laborista, las escuelas privadas inglesas pueden acogerse al estatuto de públicas renunciando al cobro de las tasas y a los exámenes de admisión, adoptando el procedimiento de ingreso a la escuela pública e impartiendo las asignaturas comunes del plan nacional de estudios. Se benefician, de este modo, de la financiación estatal, y conservan la potestad de mantener su independencia en lo relativo a la contratación de empleados y a un programa de estudios que, en cualquier caso, seguirá siendo más amplio que el de otras escuelas públicas. A este respecto, la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) ha elogiado la política de la Administración británica en comparación con la de la española, que, según estima, no respeta en el actual sistema de conciertos educativos “la libertad de creación de centros con ideario propio que queda recogida en el artículo 27 de la Constitución como derecho fundamental”.
Como mensaje tranquilizador dirigido a quienes temen por las consecuencias que esta medida pueda tener sobre la libertad educativa, Anthony Seldon, director del Wellington College, ha declarado que “la elección se mantiene. Los padres quieren conservar sus libertades, y las escuelas independientes siguen resultando más libres que las públicas. Esperaría por mi parte que más escuelas se acogieran al nuevo régimen, que al menos es un modo de mantener nuestras tradiciones, nuestro personal y nuestros estudiantes. Vendrán más fusiones, absorciones por cadenas de escuelas y reconversiones en el sector. Hay una enorme ansiedad, es necesaria mucha preparación, pero al fin será muy poco traumático”.
No obstante, algunas voces críticas se han levantado contra lo que califican como un “plan de rescate” a la escuela privada semejante al del sector financiero. John Bangs, de la Unión Nacional de Profesores, opina que la medida del gobierno constituye “la antítesis de la intención original de un programa diseñado para atender las necesidades de alumnos en desventaja”.
Ante estas críticas, el ministro de educación se ha dirigido a la redacción de The Guardian para acotar que “donde las escuelas privadas funcionan bien, donde cumplen un papel frente a las necesidades locales, y donde tienen la voluntad de acatar las mismas normas que las demás escuelas -como un proceso de admisión justo-, estaremos muy contentos de considerarlas como pertenecientes al sector de la educación pública. Tales casos significarían que la educación que ofrecen está a la disposición de todos con independencia de la capacidad de pago: una victoria para la política progresista”.
Hay también quien acusa al sector educativo privado de haber provocado la situación mediante un “aumento exponencial” de su matrícula en los últimos diez años (un dato revelado por un estudio publicado en 2005 por la Office of Fair Trading). Por otra parte, algunos centros de pago sostienen que en ocasiones han debido cancelar sus becas de estudio presionados por nuevas medidas del gobierno que los obligan a justificar su condición filantrópica según parámetros más exhaustivos en cuanto al nivel de ingresos para la asignación de ayudas a los estudiantes de menos recursos.