Dinero privado para los colegios públicos estadounidenses

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Duración lectura: 3m. 6s.

Cuando la escuela estatal se encuentra escasa de recursos, su respuesta tradicional ha sido exigir más fondos públicos. En Estados Unidos, ahora las escuelas públicas empiezan a buscar fondos privados por su cuenta, dirigiéndose a asociaciones de padres, fundaciones, promotoras inmobiliarias o particulares, para realizar todo tipo de mejoras: desde el mobiliario hasta laboratorios de alta tecnología. La escuela pública emprende así un camino por el que le ha precedido la escuela privada.

En el condado de Montgomery (Maryland), una comisión estudia la forma en la que esas contribuciones se llevarán a cabo. La noticia, que recogió el Washington Post (4-XII-2001), ha encendido una fuerte polémica.

Más recientemente, el Denver Post (14-I-2002) informaba de que diversas ciudades y pueblos de Colorado han creado organizaciones sin ánimo de lucro para obtener fondos para la construcción de nuevos colegios en zonas de rápida urbanización que disponen de pocas instalaciones educativas. Se pide a las constructoras más de mil dólares por cada vivienda unifamiliar construida, dinero que se distribuye entre los distritos escolares según las necesidades. Las empresas salen beneficiadas, pues así su oferta de viviendas incluye los servicios educativos -algo que en los EE.UU. no está garantizado por los planes urbanísticos-, y no ponen problemas a estas contribuciones.

También en Minneapolis, según el rotativo local St. Paul Star Tribune (7-X-2001), algunas fundaciones, que habían prestado ayudas en el pasado -financiando actividades extraescolares o complementos para las instalaciones-, están sosteniendo partidas de gasto básicas en las escuelas: compra de libros de texto, líneas de autobús escolar, salarios de los profesores, etc.

Algunas voces se muestran inquietas. El Washington Post se hace eco de quienes piensan que no todas las comunidades locales pueden recaudar dinero para gastos extras, y que esto supone una violación de la igualdad que debe presidir el sistema público. Pero el Post aporta un matiz: las campañas de financiación contribuyen a reforzar el sentimiento de solidaridad comunitaria. Sobre esta base puede construirse un sistema en el que “se busquen vías para generar ingresos extras que puedan reservarse para los colegios sin medios”. Vista así, la financiación privada, no sólo no sería perjudicial, sino que representa un eficaz refuerzo de los vínculos sociales: “Creo que lo mejor sería que los colegios realizaran proyectos compartidos, sin dejar de buscar fondos”, dice el presidente de una asociación de padres al Washington Post. Estos complementos son además un modo de atraer a los alumnos de clase media, que requieren de las escuelas un mínimo de condiciones en la calidad de los centros. Si no se consigue retener a estos alumnos, no puede cumplirse el papel social de la enseñanza pública. De momento, sin embargo, las diferencias entre zonas pobres y otras con mayor capacidad económica es patente.

El uso de fondos privados para financiar las mejoras de los colegios en zonas acomodadas, por otra parte, podría desahogar a las arcas públicas, que así contarían con recursos para atender las necesidades de los colegios de distritos o barrios más pobres. Incluso algunos de los miembros de la comisión que está estudiando la regulación del asunto en el condado de Montgomery, hablan de un pequeño impuesto sobre esas donaciones, que se invierta en proyectos de escuelas en zonas sin capacidad recaudadora adicional. En cualquier caso, ya se piensa en regular el tipo de inversión que se autorizará: no es lo mismo añadir lujosas columnas de mármol, que gimnasios o campos de deporte, útiles para todo el vecindario.