Barcelona. El Pacto Nacional para la Educación, firmado en marzo pasado, era uno de los compromisos adquiridos por el gobierno tripartito de Cataluña. El mismo presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, recordaba recientemente el acuerdo generado en torno al texto como uno de los logros de la gestión del Ejecutivo catalán («El País», 23-04-2006). El pacto ha sido apoyado por 20 entidades de la comunidad educativa catalana, desde las patronales de la concertada hasta CC.OO. o la UGT.
No obstante, el documento no ha conseguido todo el consenso que se hubiera deseado. La principal organización sindical de la escuela pública en Cataluña, USTEC, no lo ha firmado. La razón quizá se encuentre en el reconocimiento que hace el texto de la función social y de servicio de interés público de todos los centros sostenidos con fondos públicos de Cataluña: una red de centros de titularidades diversas pero con los mismos objetivos.
Este es uno de los puntos por los que la escuela concertada puede felicitarse. No es el único. La progresiva equiparación de las condiciones salariales de su profesorado con los docentes de los centros públicos también es un motivo de satisfacción. Sin embargo, esto puede ser un arma de doble filo. Una vez los profesores de un centro concertado hayan percibido un incremento en su nómina (los docentes de la pública cobran alrededor de un 20% más), ellos serán los primeros en presionar a la dirección del colegio para que no abandone el concierto en caso de fricciones con la Administración.
Por otra parte, el Pacto recoge la ampliación de una hora del horario de la primaria pública. Así, se pretende igualarla con la concertada, que imparte seis horas diarias desde hace dos décadas. Esta medida tendrá una importante repercusión sobre la financiación de los centros. Cuando se aplique la ampliación en la escuela pública, los centros concertados no podrán cobrar a las familias por la sexta hora.
A lo largo de un período transitorio de seis años, la Generalitat ofrecerá unas ayudas económicas a los centros concertados que deseen pasar a ser gratuitos en condiciones similares a los de titularidad pública. Mientras tanto, la Administración reconoce la insuficiencia de los módulos de concierto y permite que los centros reciban aportaciones de las familias.
De esta manera, se reconoce una demanda histórica de la concertada: la insuficiencia de los conciertos. Sin embargo, algunas organizaciones denuncian que estos seguirán sin cubrir los gastos reales de las escuelas concertadas. Estas ayudas van destinadas al pago de los profesores y al funcionamiento del centro, pero el mantenimiento de las instalaciones queda al margen.
Las negociaciones del Pacto, difíciles de por sí, se han complicado por diferentes interferencias con otro proceso paralelo: la aprobación de la Ley Orgánica de Educación (LOE). Primero fue el intento, por parte de la consejera de Educación, de prorrogar los conciertos por sólo un año más: medida que tomaba amparándose en una disposición de la LOE, que en aquel momento no estaba aprobada. Posteriormente, los tribunales dieron la razón a la concertada y la Generalitat tuvo que aprobar una prórroga de cuatro años.
En un segundo capítulo están algunas enmiendas a la LOE introducidas en el último momento en el Senado por los mismos partidos que forman el gobierno catalán. Según un comunicado de las patronales catalanas de la concertada, esto «afecta al necesario clima de confianza que sería deseable para poner en marcha el Pacto Nacional para la Educación». Las patronales citan como uno de los principales puntos de discrepancia que se introduzca un concejal o representante del ayuntamiento en el consejo escolar de todo centro concertado.
El Pacto servirá para la redacción de la futura ley catalana de educación y, por lo tanto, más que el final de un proceso es el punto de partida. De momento, en la constitución de la comisión de seguimiento del Pacto, el 20 de abril, no hubo ningún representante de la escuela concertada. Las negociaciones siguen.
Miquel Urmeneta