Perú: la crisis de la coca ocasiona protestas campesinas

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Duración lectura: 2m. 46s.

El cultivo de coca ya no es en Perú tan buen negocio. En los últimos meses el precio de la hoja se está hundiendo. Pero lo que podría ser una buena noticia tiene también su lado negativo: miles de agricultores cocaleros sufren la crisis. La situación pone en primer plano la necesidad de desarrollar otros cultivos para salir de la economía de la droga.

El gobierno, que dice no tener dinero para rehacer la economía con cultivos de sustitución, ha establecido algunas medidas de urgencia para las zonas más afectadas. En el valle del Huallaga, donde viven aún adeptos de Sendero Luminoso, el ejército ha distribuido alimentos; los ayuntamientos han organizado maratones de solidaridad, y algunos productores han sido autorizados de modo excepcional a vender sus propias cosechas de coca, pues la empresa estatal Enaco, que tenía el monopolio de la comercialización, cerró en agosto.

Pero la coca no aporta ahora tantos beneficios. Desde enero, el precio del kilo de coca se ha reducido a la séptima parte. Algunas de las causas de ese hundimiento son la saturación del mercado, la guerra contra la droga, y el desmantelamiento en Colombia del cártel de Cali.

Bastan las 20.000 toneladas de coca que se cultivan legalmente para cubrir las necesidades de dos millones de consumidores peruanos -principalmente campesinos y mineros que mastican la hoja-, de los laboratorios farmacéuticos y de los productores de tisana. En cambio, buena parte de las 150.000 toneladas de hoja que compraban anualmente los traficantes no encuentran salida. Se secan en los arbustos o se pudren en los almacenes, según informaciones de Le Monde (3-XI-95).

La posible solución, los cultivos alternativos, no se ha aplicado. Los cocaleros han exigido al gobierno que declare el sector en crisis para financiar un programa de reconversión que requeriría créditos, precios garantizados de los nuevos productos y fábricas sostenidas por el propio gobierno. Pero el ministro de Agricultura, Absalón Vázquez, ha reconocido que el gobierno carece de los recursos necesarios. El presidente del sindicato agrícola asegura que si el gobierno no resuelve la situación podrían producirse movimientos de protesta armados.

Sobre los cultivos alternativos, la experiencia de la región boliviana de Chapare enseña que hace falta mucho dinero para desterrar la coca y, aun así, siempre hay riesgo de volver a ella. Los promotores del “desarrollo alternativo”, especialmente norteamericanos, han invertido con éxito millones de dólares para proveer a Chapare de electricidad, agua potable y carreteras. Los agricultores reciben hasta 2.500 dólares por hectárea de coca que dedican a otros cultivos. Y se les enseña a usar la tierra para las producciones alternativas. Se han formado asociaciones de agricultores y pequeñas fábricas para procesar los nuevos productos. En consecuencia, en esta zona, el ganado y los cultivos de bananas, piñas, yuca y té ocupan ahora el doble de los de coca.

Los agricultores pueden ganar más dinero con la piña que con la coca, pero el nuevo producto requiere más inversión y trabajo. Mientras la coca se cultive más fácilmente y perviva el tráfico de droga, el fantasma cocalero del pasado seguirá asomándose al valle de Chapare.

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