Es posible acabar con la plaga de la coca en el Perú

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Duración lectura: 5m. 32s.

Desciende la superficie cultivada
Lima. Nuevas circunstancias políticas y económicas en el Perú están llevando a pensar que es posible conseguir lo que hasta hace algunos años era sólo un sueño: acabar con la producción de coca en el país o, al menos, reducirla drásticamente.

Durante la década de los ochenta, el combate contra la producción de hoja de coca y pasta básica de cocaína (PBC) resultaba imposible desde el punto de vista militar, ya que el ejército y la policía se encontraban concentrados en el combate contra la guerrilla de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, que además controlaban o mantenían una presencia significativa en los valles del Huallaga, Aguaytia y Apurímac, las principales regiones cocaleras del país.

Durante el primer lustro de los 90, la falta de infraestructura económica, pero sobre todo los altos precios de la hoja de coca, hacían imposible combatir la producción o pensar en un cultivo sustitutivo. En efecto, entre julio de 1994 y enero de 1995, el kilo de hoja de coca llegó al precio récord de 4,5 dólares, haciéndola entre tres y cinco veces más rentable que cualquier otro producto agrícola de la región como el café, el cacao o la hierbaluisa.

El camino de la pura represión contra los campesinos cocaleros era igualmente inviable. Y no sólo porque alineaba a la población en contra del gobierno, sino porque para 1995, el Perú contaba con 115.300 hectáreas cultivadas, muchas de ellas en zonas de difícil acceso, donde el transporte y mantenimiento de un solo soldado costaba cerca de 100 dólares diarios.

Caen los precios

Como alternativa, la hoy llamada “doctrina Fujimori” propuso, en 1995, una estrategia basada en tres pilares:

— Atacar al narcotráfico que transporta la hoja y la PBC hacia Colombia y México.

— Promover el cultivo alternativo mediante un programa integral económico y social.

— Conseguir el apoyo internacional y privado para proyectos de desarrollo de largo aliento en la región.

El primer objetivo, con el apoyo de la Agencia Antidroga (DEA) de los Estados Unidos y la acción directa del Ejército y la Fuerza Aérea Peruana, se logró con creces: tras 17 avionetas derribadas e incontables lanchas hundidas o capturadas, el transporte de la droga por aire y por río se hizo tan peligroso que los envíos de los narcotraficantes comenzaron a convertirse en esporádicos.

Dada la carencia de transporte de salida, los agricultores se vieron obligados a tener que rematar su producción, lo cual hizo bajar mucho el precio de la hoja y el margen de ganancia. El efecto fue casi inmediato: para julio de 1995 el precio de la hoja había caído a 50 céntimos de dólar por kilo -actualmente se ha estabilizado alrededor de un dólar por kilo-, mientras que para finales de 1997 las hectáreas cultivadas se habían reducido a 70.000, es decir, en más del 25%.

La caída no dejó de tener consecuencias sociales: el movimiento comercial en la región centro y sur de la selva peruana decayó en un 80% -demostrando hasta qué punto la economía de la región se había vuelto “coca-dependiente”-, la emigración hacia las ciudades creció en un 50% y la oferta de PBC -altamente nociva cuando se utiliza para consumo directo- a precios reducidos se incrementó sensiblemente dentro del país.

Impulsar la agricultura en la selva

En 1996 se impulsó el segundo pilar del proyecto, consistente en incrementar la productividad y rentabilidad de la agricultura selvática. A diferencia de la costa peruana, la selva nunca ha sido importante en materia de agricultura. La razón fundamental no es ni el clima ni la tierra, superior en productividad a la costeña, sino la distancia y los precarios medios de comunicación que encarecen el costo de cualquier producto. Como consecuencia, del total de 75,6 millones de hectáreas de la selva peruana -la mayor parte de ella jungla tropical no renovable-, 4,6 millones tienen un alto potencial agrícola, del que se aprovecha sólo el 10%. El objetivo del programa se concentró en ampliar la zona agrícola mediante el abaratamiento del costo de producción -reduciendo, por ejemplo, el impuesto a los fertilizantes-, la formación de la población en nuevas tecnologías agrícolas y la mejora de la infraestructura vial -un proyecto que, por su alto costo, tomará muchos años-.

Para el éxito de este segundo pilar, es fundamental la implementación del tercero: obtener el apoyo internacional y privado para asegurar la continuidad del proyecto. Al respecto, el gobierno peruano confía en que el éxito de sus programas, refrendados por la reciente certificación norteamericana, le permitirán obtener un respaldo sustancial el próximo mes de octubre, cuando el grupo de apoyo auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo y la OEA discutan el financiamiento del proyecto.

Según el informe oficial preparado por la comisión multisectorial denominada CONTRADROGAS, del gobierno peruano, “el apoyo de la comunidad internacional debe programarse para un tiempo prudencial que asegure el factor de sostenibilidad de los proyectos. La experiencia enseña que muchos proyectos fracasan al momento de retirarse el apoyo externo por no haberse considerado dicho factor”. En otras palabras, los responsables del programa no quieren una donación “simbólica”, sino un compromiso sostenido de inversión que permita que los programas se desarrollen, evalúen y -si es necesario- se rediseñen, hasta que se consoliden en la región.

El gobierno, por su parte, luego del período de consolidación, se compromete a garantizar la continuidad de los proyectos de producción alternativa mediante dos medios fundamentales: asegurar la participación activa de la población en la aplicación de los programas e involucrar a la inversión privada local. Para esto, el gobierno deberá aplicar una legislación favorable a la inversión en la región -similar a la de la creación de “zonas francas”-, emprender una campaña de titulación de tierras, promover el crédito productivo y realizar obras de infraestructura.

Por lo pronto, una importante empresa privada nacional, asociada a capital norteamericano, ha anunciado el interés de explotar la palma aceitera a gran escala en la zona del Bajo Huallaga. Así el Perú podría desaparecer del mapa de los principales países productores de droga en el mundo.

Alejandro BermúdezEn busca de cultivos alternativos para erradicar la cocaVer primera parte del servicio

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