EE.UU.: se extiende el control antidroga en el trabajo

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En las oficinas de la empresa norteamericana Home Depot puede leerse una advertencia a los que acuden buscando empleo: “Realizamos un test de consumo de drogas ilegales a todos los solicitantes. Si Vd. consume droga, no se moleste en pedir trabajo”. Desde que, en 1988, varias leyes federales exigieron el test de drogadicción en empleos del sector público, la lista de profesiones controladas no ha dejado de crecer, hasta afectar a 8,5 millones de trabajadores en la actualidad.

Estos análisis se han convertido también en normales en muchas empresas del sector privado. Los expertos calculan que este año un tercio de los nuevos contratos que se hagan en Estados Unidos requerirán el test, lo que indica la proporción más alta de la historia. En total -señala el New York Times (20-IX-96)-, si se incluyen las pruebas que se realizan a los ya empleados, en total alcanzan a 30 millones de trabajadores.

El solicitante que da positivo no es contratado. Y, entre los empleados, el consumo suele impedir un ascenso. Sólo algunas empresas dan la oportunidad de rehabilitarse, pero lo corriente es el despido.

Algunos grupos, como la American Civil Liberties Union, han criticado esta costumbre, diciendo que los tests violan la intimidad y son un despilfarro. A su juicio, nadie debería ser despedido por consumir drogas en privado, mientras no afecte a su rendimiento en el trabajo.

Sin embargo, las empresas esperan que con el control disminuyan los accidentes laborales y los días que los empleados pierden por enfermedad. Según un laboratorio que realizó el año pasado más de 3,7 millones de análisis, el índice de tests positivos ha bajado del 18,1% en 1987 al 6,7% en la actualidad.

Por otro lado, en Alemania la policía de tráfico está preparando un nuevo test que mide el nivel de intoxicación por hachís o marihuana en los conductores. Ahora usan otro que sólo determina si se ha consumido alguna droga, pero no la cantidad. Desde que se hizo legal el consumo de drogas “blandas” (en 1994), las autoridades han considerado necesario prohibir la conducción, como ocurre con el alcohol, a quienes alcancen un determinado nivel de intoxicación.

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