Los “nuevos” derechos se comen a los “viejos”

Los derechos humanos, entre la política y la ley

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La tendencia de los organismos internacionales a usar las leyes de derechos humanos para cada vez más causas políticas ha llevado al gobierno británico a anunciar su intención de sacar al Reino Unido de la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). El plan de los tories ha reabierto el debate sobre la inflación de estos derechos y sus consecuencias para la sociedad civil.


Una versión de este artículo se publicó en el servicio impreso 50/15

Cameron quiere convertir al Tribunal Supremo británico en la máxima autoridad para interpretar el Convenio en los casos de derechos humanos

Crecido por su recién estrenada mayoría absoluta, el gobierno de David Cameron ha retomado la propuesta de sustituir la Human Rights Act (HRA), aprobada por los laboristas en 1998, por otra nueva ley de derechos humanos.

La HRA incorporó al ordenamiento británico el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Esto permite a cualquier ciudadano del Reino Unido acudir a los tribunales británicos si considera que ha sido vulnerado alguno de los derechos protegidos por el Convenio. Si no está conforme con la sentencia, puede apelar al TEDH, con sede en Estrasburgo.

El Supremo británico tendrá la última palabra

La nueva British Bill of Rights convertiría al Tribunal Supremo británico en la máxima autoridad para interpretar el Convenio en los casos de derechos humanos que afecten a los británicos. La doctrina del TEDH dejararía de ser la última palabra, y tampoco podría imponer criterios al Reino Unido.

Los desencuentros entre Estrasburgo y la justicia británica no son muy habituales. Según The Economist, de los 1.997 casos que han llegado desde el Reino Unido al TEDH, el gobierno solo ha perdido cuatro. Otra cosa es que los criterios de Estrasburgo en materia de política antiterrorista o de seguridad nacional sean siempre de su agrado.

Dice el gobierno que con este cambio pretende recuperar los principios que inspiraron el Convenio “originario”, adoptado por el Consejo de Europa en 1950 y ampliado después en sucesivos protocolos, y frenar “la ampliación que ha llevado a usar las leyes de derechos humanos para cada vez más propósitos”.

Pero los críticos del plan del gobierno tienen otra visión de la jugada. Para la jurista Susan Kemp, miembro de la Comisión Escocesa de Derechos Humanos, lo que de verdad pretende Cameron es librarse del criterio que mantiene el TEDH en una serie de asuntos como la actuación de los soldados británicos en combate; las detenciones indefinidas a extranjeros sospechosos de terrorismo; el uso de pruebas obtenidas a través de tortura…

Kemp recuerda que el TEDH funciona como una garantía frente a las autoridades de los Estados firmantes del Convenio.

El sistema de protección de los derechos humanos, en vez de ser un terreno común, se ha convertido en un campo de batalla para promover las propias causas ideológicas

Politizar los derechos humanos

Pero el sistema de protección de los derechos humanos de la HRA también presenta aspectos discutidos. En un artículo de Spiked, el abogado londinense Jon Holbrook recuerda que esta ley no impidió crear las medidas de prevención e investigación del terrorismo (“control orders”), que “otorgan al Estado un poder que no debería tener en una democracia”: el de mantener bajo arresto, de forma indefinida, a una persona sobre la que todavía no hay una acusación probada. Estas medidas ultrapreventivas fueron creadas bajo el gobierno laborista en 2005 y no desaparecieron hasta 2011.

Otro ejemplo son las disposiciones legales que persiguen la incitación al odio (“hate speech”) contra un grupo o sus miembros por su raza, sexo, religión, nacionalidad, orientación sexual… En la práctica, las normas de este tipo –dispersas en varias leyes británicas– se utilizan a veces para silenciar las ideas que cuestionan el progresismo establecido. Aquí el truco es presentar como motivada por el odio lo que solo es una discrepancia ideológica en el ejercicio de la libertad de expresión (cfr. Aceprensa, 5-03-2014 y 7-01-2015).

Otro problema con las regulaciones de este tipo, añade Holbrook, es que “abren las puertas al activismo judicial”. Una interpretación de esas normas en clave ideológica permite “sacar determinadas causas de la esfera política, donde están sujetas al control democrático, para llevarlas a la esfera legal, que está más allá de ese escrutinio democrático”. En otras palabras: se saca del debate público una cuestión controvertida y se blinda mediante sentencia judicial.

Para recuperar la “adecuada demarcación entre la política y la ley”, Holbrook propone distinguir claramente entre los derechos civiles y políticos, que “son el distintivo de calidad de las sociedades democráticas”, y “los que no revisten esa importancia”.

Una avalancha de corrección política

Sacar al Reino Unido de la jurisdicción del TEDH no garantiza que el gobierno de turno vaya a ser más parco en materia de los auténticos derechos humanos. Hace diez años, el exlíder tory Michael Howard culpó a la HRA de crear “una avalancha de corrección política y de pleitos costosos”. Pero lo mismo se podría decir de algunas medidas antidiscriminación recogidas en la Equality Act de 2010, aprobada por la coalición entre conservadores y liberal-demócratas.

Tampoco está libre de polémica el nuevo plan antiterrorista de Cameron, que ampliará el poder de las autoridades para censurar las actividades de los extremistas que supongan riesgo de desorden público, entre otros motivos (cfr. Aceprensa, 27-05-2015).

Otra pega es que la nueva British Bill of Rights dará al traste con uno de los principales logros de la Declaración Universal de 1948, que supuso la internacionalización de los derechos humanos (cfr. Aceprensa, 24-12-1997). Con la ley de Cameron, los derechos humanos volverán a considerarse un asunto interno del Reino Unido.

Pero los críticos del gobierno, entre los que despuntan los activistas pro derechos humanos, tendrían que preguntarse qué parte de culpa han tenido en todo esto. Si los tories se han desencantado con la HRA y el TEDH es porque el sistema de protección de los derechos humanos ha perdido credibilidad, opina Aaron Rhodes, presidente del Forum for Religous Freedom-Europe: en vez de limitarse a ofrecer “un terreno común para los ciudadanos de todas las tendencias políticas”, se ha convertido en un nuevo campo de batalla para promover causas ideológicas particulares.

Muchos derechos no dependen de tratados internacionales sino de las posibilidades económicas y sociales de los países

¿Un derecho humano al bienestar?

Otra polémica que ha motivado el plan del gobierno británico es el uso de los derechos humanos para defender la ampliación ilimitada del Estado del bienestar. La controversia empezó en 2013, cuando The Telegraph (13-07-2013) informó de que los laboristas estaban pensando un plan para convertir las prestaciones sociales en un derecho humano.

El periodista del Telegraph Patrick Hennesy explicaba en su artículo que los derechos económicos y sociales (conocidos también como derechos de segunda generación, frente a los civiles y políticos, que corresponden a la primera) no eran jurídicamente exigibles, pues la HRA no los incluía.

A Hennesy le contestó Alex Hern desde las páginas de New Statesman, alegando que “las prestaciones sociales ya son un derecho humano”. Y citaba el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por Naciones Unidas en 1948, que entre otras cosas dice: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios (…)”.

Fuerza jurídica… sin recursos

Aunque esta declaración de principios no tiene fuerza jurídica, sí la tiene el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la ONU en 1966 y en vigor desde 1976. Pero a nadie se le escapa que la fuerza jurídica de este Pacto está condicionada por las posibilidades económicas y sociales del país.

Naciones Unidas puede decir que toda persona tiene derecho a una vivienda digna. Pero los jóvenes de Níger, Etiopía o Somalia –Estados todos ellos adheridos al Pacto– no pueden ir a sus gobiernos con el documento en la mano exigiendo que se la den. Lo mismo ocurrirá cuando reclamen el derecho a trabajar o a los servicios médicos.

Es muy positivo que un tratado internacional reconozca estos derechos. Pero si el Estado no tiene dinero, no habrá modo de disfrutarlos. Y no hace falta irse a África. La situación actual de Grecia es la de una sociedad que ha vivido durante décadas de la generosidad del Estado, y que ahora se encuentra con que las escuelas, los hospitales y los municipios apenas logran proveer los servicios básicos (cfr. The New York Times, 25-05-2015).

Derechos de unos, obligaciones de otros

La idea de que el Estado tiene que financiar todos los derechos que vayan surgiendo, a menudo pasa por alto que las arcas públicas no son ilimitadas, y que satisfacer algunos derechos acarrea una contrapartida para el conjunto de la población.

De los países del norte de Europa se admiran sus generosos sistemas de protección social. Salvo Islandia, los países nórdicos están entre los países de la OCDE que más recursos económicos destinan a sus políticas de bienestar. Pero la otra cara de la moneda es que la carga tributaria de esos países oscila entre el 40% y el 48% del PIB, mientras que el promedio de la OCDE es de un 34% y en España, un 32% (cfr. Aceprensa, 6-02-2015).

Tampoco se suele decir que, para asegurar la viabilidad a largo plazo de los actuales sistemas de pensiones, todos los países nórdicos han emprendido reformas durante los últimos años. Las hay de más calado, como la de Suecia, que además de cambiar su tradicional sistema de reparto por uno de capitalización, estableció la obligatoriedad de suscribir algún plan privado de pensiones. Y las hay más modestas, como las de Dinamarca y Finlandia, que optaron por penalizar la jubilación anticipada, entre otros cambios. Pero todas coinciden en exigir más sacrificios, y no solo a los ricos.

En el extremo opuesto estaría Podemos, uno de los vencedores de las elecciones autonómicas y municipales celebradas en España el pasado mayo. El partido de Pablo Iglesias quiere para España un modelo de bienestar tan generoso como el de los países nórdicos. Pero lo quiere “solo con los derechos, sin obligaciones”, criticaba hace unos meses en El País Santiago Carbó, catedrático de Economía y Finanzas de la Bangor Business School.

En la misma línea, el también economista Juan Ramón Rallo denuncia en un nuevo libro (Contra la renta básica, Deusto, 2015) los intentos de sustituir la ayuda a los más necesitados, “condicionada a carecer de ingresos y también a que el beneficiado intente insertarse y salir de la situación de necesidad en la que temporalmente se encuentra” (por ejemplo, a través de una renta de inserción), por las ayudas incondicionales, como la renta básica, que “se garantiza a todos los ciudadanos de un territorio por el mero hecho de vivir allí".

Aparte de los problemas de financiación que plantea la renta básica –una de las propuestas estrella de Podemos para las elecciones europeas de 2014 hasta que dio marcha atrás–, Rallo critica la mentalidad que lleva a exigir derechos como si fueran gratis: “Un derecho incondicional genera en otro una obligación incondicional a trabajar para pagar ese derecho. [Si tienes derecho a una renta básica] incluso aunque no quieras trabajar, otro va a tener que trabajar para pagártela”.


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