La aprobación por el Gobierno del proyecto de ley que permite el aborto en los tres primeros meses del embarazo, ha reabierto el debate en la opinión pública española. La tramitación parlamentaria del proyecto se presenta incierta, al no existir garantías de que vaya a ser aprobado en esta Legislatura, tan zarandeada por la inestabilidad política. Pero la discusión del proyecto influirá de todos modos en la opinión pública. Los debates en España y en el extranjero sobre el aborto han sido seguidos con atención en Aceprensa, como puede advertirse en los índices anuales. En este servicio recordamos algunos artículos e informaciones de los últimos años, como sugerencias para el suscriptor que desee documentarse.
Legislación y jurisprudencia
El Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo coincide básicamente con el anteproyecto que no logró el visto bueno del Consejo General del Poder Judicial el año pasado. En el servicio 128/94, el jurista Benigno Blanco hacía un análisis de la aplicación de la ley del aborto de 1985 y del cambio legislativo propuesto. La iniciativa del Gobierno, se decía allí, responde a un objetivo claro: «Lo que se quiere es arbitrar el medio para que el aborto sea visto por la sociedad como parte de la libertad que dignifica a la persona. No basta con que ninguna mujer vaya a la cárcel por abortar (este problema no existe): la meta es que los españoles perciban el aborto como un derecho».
Aunque el Tribunal Constitucional exigió en su día el requisito de que exista un conflicto entre la vida del no nacido y ciertos derechos fundamentales de la gestante, la nueva regulación no es más que el aborto libre disfrazado: «El teórico ‘conflicto’, del que depende según el TC que el aborto pueda ser no punible, queda reducido a un juicio interno de la mujer cuya veracidad no es comprobable; y la protección del Estado al nasciturus -necesaria, según el Tribunal Constitucional- queda reducida a una entrevista sin contenido definido ni eficacia jurídica alguna».
Un aspecto llamativo del proyecto es el no reconocimiento de la objeción de conciencia de los médicos en el caso de que el aborto «fuera urgente por existir riesgo vital para la gestante» (art. 4). El proyecto prescinde de gran parte del texto anterior, pero sigue sin hacer justicia ni a la realidad médica ni a la objeción de conciencia (cfr. servicio 97/94).
Un agudo análisis de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el aborto y la eutanasia puede encontrarse en el libro de Andrés Ollero Derecho a la vida y derecho a la muerte (Rialp, Madrid, 1994). El autor concluye que, a pesar de la doctrina del Tribunal, presuntamente equilibrada, a la hora del conflicto el nasciturus queda desprotegido, situación que se acentúa con la nueva legislación propuesta (cfr. servicio 97/94).
Situaciones conflictivas
El nuevo proyecto sanciona en la práctica el aborto libre al permitirlo cuando la continuación del embarazo suponga a la mujer «un conflicto personal, familiar o social de gravedad semejante» a la de los supuestos admitidos hasta ahora. Pero el mismo conflicto puede ser vivido y resuelto de otro modo, como puede verse en el caso de dos mujeres que cuenta Faith Abbott en el servicio 99/93.
Por otra parte, el posible conflicto ante un embarazo no deseado no termina con el aborto. Gran parte de las mujeres que abortan sufren después trastornos psíquicos de distinta gravedad, como lo refleja un estudio de la Dra. Maria Simon, psicóloga de la Clínica Ginecológica Universitaria de Würzburg (cfr. servicio 139/92). Muchas mujeres acusan a médicos y asesores de que no les habían informado suficientemente de estas posibles consecuencias psíquicas.
También médicos que empezaron a realizar abortos con un sentido militante encuentran que su conciencia profesional se degrada. Así le ocurrió al ginecólogo norteamericano George Flesh, que explica por qué dejó de hacer abortos (cfr. servicio 129/91). Esta insatisfacción explica que en Estados Unidos cada vez haya menos médicos dispuestos a practicar abortos (cfr. servicios 26/95 y 73/92).
Doctrina de la Iglesia católica
El valor y el carácter inviolable de la vida humana ha sido confirmado en la reciente encíclica de Juan Pablo II Evangelium vitae (cfr. servicios 47/95 y 48/95). La relación entre el derecho a la vida y la ley civil se aborda sobre todo en los números 68-74: allí se examinan las motivaciones aducidas para exigir una legitimación jurídica de los atentados contra la vida humana.
Por aunar el rigor y el sentido divulgativo, sigue siendo especialmente útil el documento El aborto. 100 cuestiones y respuestas, publicado en 1991 por el Comité Episcopal para la Defensa de la vida. El texto responde a los principales interrogantes médicos, sociales, jurídicos y éticos que puede plantearse sobre el aborto en el debate público. (cfr. suplemento 8/91).
A favor de la mujer y del hijoEl aborto se presenta como una solución para resolver un conflicto que enfrenta a la madre y al hijo ya concebido. Pero es posible un planteamiento nuevo que defienda los intereses de las madres y de los hijos, antes y después del nacimiento. Es lo que proponían 35 personalidades norteamericanas en un manifiesto publicado en la revista First Things (Nueva York, XI-92). Aunque referido a la situación norteamericana, contiene ideas válidas para el debate en otros países.
Al igual que la esclavitud, el aborto plantea las más elementales cuestiones sobre la justicia, que no se pueden eludir, ni se pueden resolver mediante una decisión judicial: ¿Quién merece ser protegido? ¿A quién reconoceremos derechos? ¿A quién respetaremos su dignidad humana? ¿Del bienestar de quién se responsabilizará la sociedad? Estas preguntas entrañan profundos temas de moralidad personal y pública. (…)
Los primeros doscientos años de la república norteamericana manifiestan el desarrollo de una aspiración -y un progreso- al ideal de libertad y justicia para todos. (…) De modo ininterrumpido, se fueron ampliando las categorías de personas a las que se otorgaba protección, de suerte que Norteamérica se hizo una sociedad cada vez menos excluyente. Los Estados Unidos acogieron a los inmigrantes, protegieron a sus trabajadores, liberaron a los esclavos, emanciparon a las mujeres, ayudaron a los necesitados, proporcionaron Seguridad Social a los ancianos, garantizaron los derechos civiles de todos sus ciudadanos, e hicieron los espacios públicos accesibles a los minusválidos: todo para mejor servir a sus ideales de justicia.
Después, en enero de 1973, el Tribunal Supremo, en sus sentencias sobre el aborto Roe v. Wade y Doe v. Bolton, invirtió drásticamente esta tendencia expansiva. (…) Los jueces privaron a todo ser humano, durante los primeros nueve meses de su existencia, del derecho humano más fundamental: el derecho a la vida. (…) Hoy se defiende el aborto como medio de garantizar la igualdad e independencia de las mujeres y como solución a diversos problemas: los de las madres solteras, los malos tratos a los niños y el aumento de la pobreza entre las mujeres. La triste verdad es que la despenalización del aborto ha resultado ser un desastre para las mujeres, los niños y las familias, y, en consecuencia, para la sociedad norteamericana.
Llevamos 20 años de aborto prácticamente libre. Sin embargo, en el mismo periodo se ha extendido sin cesar la pobreza entre las mujeres y los niños. La insistencia de los partidarios del aborto libre en que sólo se debe dejar nacer a los «niños deseados» no ha servido para mejorar nuestra tasa de mortalidad infantil, que sigue siendo una de las más altas de los países industrializados; y tampoco ha ayudado a disminuir los casos de malos tratos a niños, que, por el contrario, se han hecho más frecuentes y graves.
El aborto sin restricciones no ha satisfecho ninguna verdadera necesidad de las mujeres, ni les ha devuelto la dignidad. De hecho, ha producido justamente lo contrario. Ha estimulado a los hombres irresponsables o rapaces, que tienen en el aborto una excusa fácil para eludir sus obligaciones, y ha extendido enormemente la explotación de las mujeres por parte de la industria del aborto. (…)
Ahora sabemos lo que sucede cuando la sociedad hace de la eliminación de la vida no nacida una cuestión de «elección» personal. La planificación familiar responsable y de mutuo acuerdo se ha devaluado. Ya no es sólo que la mujer afronte sola el aborto; la mayor parte de las parejas se separan a consecuencia de él. La licencia para abortar no ha proporcionado libertad ni seguridad a las mujeres. Más bien, ha traído una nueva era de irresponsabilidad -que ahora empieza antes del nacimiento- hacia las mujeres y los niños. (…)
Proponemos un planteamiento nuevo que no enfrenta madre contra hijo. No hace falta legalizar el aborto para instaurar la justicia y promover el bienestar social. Lo que se necesita son políticas responsables que protejan y favorezcan los intereses de las madres y de sus hijos, antes y después del nacimiento; políticas que den la máxima protección legal posible al no nacido y la máxima atención y ayuda posibles a las mujeres embarazadas.
(…) Afortunadamente, hoy el embarazo rara vez es una amenaza a la vida o la salud de la madre. No obstante, una política adecuada sobre el aborto debe prever esos casos excepcionales y autorizar las acciones médicas necesarias para salvar la vida de la embarazada, incluso cuando de ellas se siguiese inevitablemente la muerte del no nacido. (…)
Al mismo tiempo, una política que responda más adecuadamente a las tradiciones y convicciones del pueblo norteamericano no puede limitarse a restaurar la protección legal al no nacido. Tendrá que tomar en serio las necesidades de las mujeres que por sus circunstancias sociales y económicas podrían estar tentadas a optar por la «solución» del aborto. Tendrá que reconocer nuestra común responsabilidad, tanto en la vida pública como en la privada, de facilitar a esas mujeres alternativas realistas al aborto. Tendrá que ayudar a esas mujeres a cuidar de sus hijos, si deciden hacerse cargo de ellos, así como a encontrar hogar para los que ellas no puedan cuidar. Tendrá que procurar que la madre y el hijo tengan una vida digna antes y después del nacimiento.
En suma, podemos y debemos adoptar soluciones congruentes con la dignidad y el valor de todo ser humano, y que partan de la base de que la sociedad tiene el deber de poner en práctica políticas que favorezcan verdaderamente a las mujeres y a los niños. Lo que queremos es una sociedad y unas políticas que ayuden a las mujeres que tienen dificultades para llevar a término el embarazo eliminando las dificultades, no al hijo.
La retórica abortista contiene una verdad que muchos abortistas olvidan. El aborto es una cuestión de elección. Pero no es una «elección» a la que se enfrenta una mujer sola en el ejercicio de sus derechos individuales. Es una elección a la que se enfrentan todos los ciudadanos de nuestra sociedad. Y la opción que tomemos, deliberada y democráticamente, será una respuesta elocuente a estas dos preguntas: ¿qué clase de sociedad somos?; ¿qué clase de sociedad seremos?
Si abandonamos el principio del respeto a la vida humana, haciendo depender el valor de una vida de que alguien la considere valiosa o deseada, nos convertiremos en un determinado tipo de sociedad.
Hay una posibilidad mejor.
Podemos optar por reafirmar nuestro respeto a la vida humana. Podemos optar por volver a extender nuestra protección a todos los miembros de la familia humana, incluidos los no nacidos. Podemos optar por prestar atención efectiva a madres e hijos.
La ley del más fuerteAnte el proyecto de ampliar los casos de aborto legales, Mons. Fernando Sebastián, arzobispo de Pamplona, comenta en El Mundo (8-VII-95):
(…) Este proyecto nos lo presentan como un ejercicio de política progresista. Tenemos derecho a preguntar en qué consiste ese progreso. Los partidarios de esta medida nos dirán que es preciso reconocer a la mujer la facultad de decidir sobre su maternidad.
Pero hay que contar con la realidad de las cosas. El aborto voluntario consiste estrictamente en la destrucción violenta de un ser humano. Nadie que discurra y hable con rigor puede negar esto. Por eso tenemos derecho a preguntar qué clase de progreso es el que una mujer pueda disponer de la vida de su hijo.
(…) Es justo que la mujer decida sobre su propia maternidad, pero tiene que hacerlo a tiempo y por medios lícitos. Una vez que ha concebido a su hijo, ya no decide sobre su maternidad sino sobre la vida de su hijo, que es ya una persona distinta de ella.
(…) La cuestión no puede reducirse a un problema entre la Iglesia o los católicos y el Gobierno. Es la conciencia moral de la sociedad entera, con independencia de las adscripciones religiosas de cada uno, la que tendría que reaccionar contra esta política favorecedora del aborto.
Fomentar el aborto es una forma más de favorecer la inmoralidad y el deterioro de la juventud, de la familia y de respeto a la vida. (…)
Conocemos los problemas personales y sociales que hay detrás de muchos abortos. Por eso resulta urgente el desarrollo de una política familiar y antiabortista: una seria información y formación sexual de los jóvenes sobre la base de una buena educación moral, ayudas a la maternidad, facilidades para la adopción, y tantas otras cosas más.
Si el aborto es un crimen, está claro que tiene que existir alguna penalización. Aun así, el tratamiento penal que haya que dar a los abortistas, sobre todo a la madre, debe ser flexible y atento a las posibles circunstancias atenuantes.
Lo verdaderamente importante es que el aborto deje de aparecer como una solución, como un instrumento de liberación y progreso. No se debe ocultar la gravedad moral del aborto, ni animar a los jóvenes a abortar, ni presentar como progreso lo que en realidad es una perversión moral y una verdadera degradación.
(…) ¿Se puede presentar como progresista una política que favorece la libertad y el bienestar de los fuertes, en este caso los adultos, contra los derechos de los más débiles y pequeños? ¿Se puede llamar progresista a una política que pretende resolver los problemas de la madre dándole facilidades para que mate a su hijo recién concebido?