El aumento de la violencia desatada por el narcotráfico en países como México y el cansancio de una lucha inacabable contra las drogas, vuelve a poner sobre la mesa un debate clásico: ¿es deseable legalizar la venta de drogas para frenar el crimen organizado que acompaña al tráfico clandestino? Repasamos algunos argumentos empleados a favor y en contra.
Drogas y criminalidad
A FAVOR:
Las leyes anti-droga ocasionan un mal mayor -el crimen organizado- que la droga misma. En algunos lugares, el modelo represivo está produciendo más muertes y sufrimientos que el propio consumo de drogas.
El actual modelo represivo no funciona. La prohibición no consigue eliminar el consumo y, además, ocasiona efectos perversos adicionales: aumenta el crimen organizado que acompaña al tráfico ilegal; favorece los sobornos a políticos y funcionarios; financia grupos terroristas…
La legalización arrebataría el negocio a los criminales y desaparecerían sus secuelas perversas. Serían otros comerciantes honrados, como los farmacéuticos, los que se llevarían los márgenes autorizados.
Si desaparece buena parte del contrabando, bajarían los costes. Al ser la droga más barata, muchos adictos ya no necesitarían delinquir para obtenerla. Así, es previsible que disminuyan al menos los robos para comprar drogas.
Además, el dinero que cuesta actualmente la persecución del tráfico ilegal se podría emplear en programas de prevención y rehabilitación. Las sumas destinadas a tales programas podrían ser incluso mayores si el gobierno decidiera establecer un impuesto sobre las drogas.
Ahora bien, la legalización ha de ser global y coordinada. De poco serviría legalizar el consumo o el tráfico de drogas en un país, si los vecinos tienen otras reglas. De ahí la necesidad de un debate internacional en el seno de la ONU, que revise la estrategia mundial sobre narcóticos.
Esto es lo que propuso hace pocos días el ex presidente del gobierno español Felipe González, sumándose así al grupo de ex dirigentes que, una vez dejado el cargo, plantean reabrir el debate sobre la legalización de las drogas. El año pasado lo hicieron los ex presidentes de Brasil, Fernando Henrique Cardoso; Colombia, César Gaviria; y México, Ernesto Zedillo.
EN CONTRA:
Si admitimos que las drogas son destructoras (algo en lo que coinciden partidarios y adversarios de la legalización), la mejor política será la que lleve a reducir el número de consumidores. Y un negocio legal siempre tendrá más clientes que otro ilegal.
Trasformar a los narcos en empresarios de la droga legal no les arrebata el negocio, sino que les ayuda a extenderlo y a realizarlo sin trabas y con menores costes de producción. Lo que pierdan por el descenso de precios quedará más que compensado por la extensión del negocio entre nuevos consumidores.
Entre los consumidores, puede descender la criminalidad relacionada con la obtención de medios para drogarse. Pero con el aumento del consumo también pueden extenderse las conductas antisociales relacionadas con las perturbaciones psíquicas que crea la drogadicción (violencia, abusos sexuales, desintegración familiar, malos tratos…).
Por otra parte, imaginar un mundo sin narcotráfico no deja de ser una utopía. Las mafias no se van a quedar de brazos cruzados al ver cómo les arrebatan unas ganancias multimillonarias (el negocio ilegal mueve más de 250.000 millones de dólares al año y abastece a unos 200 millones de usuarios en el mundo).
El tráfico ilegal es imposible de erradicar mientras haya demanda. Por eso la legalización no significa quitar el negocio a los criminales, sino poner al Estado a competir con ellos. Y en esta competencia quien tiene la responsabilidad de la salud pública lleva siempre las de perder.
Legalizar y regular el mercado
A FAVOR:
Al sacar la producción y el consumo de la clandestinidad, se podría regular el mercado y vigilarlo. Los consumidores tendrían a su disposición drogas fabricadas conforme a unas normas, mientras que con la clandestinidad hay más fraudes y riesgos para la salud.
La existencia de un mercado negro favorece los fraudes e incrementa los daños para la salud y otros riesgos, al no existir controles sobre las sustancias y llevar a muchas personas adictas a un consumo clandestino y en ambientes marginales.
No hay que olvidar la experiencia de la ley seca estadounidense, que prohibía vender alcohol. Mientras estuvo en vigor entre 1920 y 1923, se produjo un auge del crimen organizado. Bastó levantar la prohibición para que todo aquel negocio criminal se evaporara, sin que el alcoholismo alcanzara dimensiones trágicas.
EN CONTRA:
Cualquier regulación que establezca límites será un incentivo para que persista el tráfico ilegal de lo todavía prohibido. Necesariamente habría que hacer un catálogo de drogas legales; ¿o es que se admitiría cualquiera que apareciese en el mercado, por nociva que fuese? Y si se prohíben algunas, seguirá habiendo el mercado clandestino de los adictos a ellas.
Lo mismo ocurriría con cualquier otra reglamentación: límite de edad para adquirir drogas, cantidad máxima que se pudiera comprar de una vez, establecimientos autorizados para venderlas, etc. Y si la droga se grava -como se quiere hacer ahora en California-, ¿qué impide la aparición de un mercado negro, libre de impuestos?
Contra lo que se cree, los grandes narcotraficantes saldrían beneficiados con la legalización. Empezarían por inundar el mercado con droga muy barata: pueden hacerlo, ya que funcionan con unos márgenes gigantescos.
De ese modo conseguirían millones de nuevos adictos, y con esa expansión del mercado se resarcirían con creces de la reducción de precios. Los gobiernos tendrían que reaccionar con controles más severos, lo que llevaría a la subida de los precios y a un nuevo aumento del negocio ilícito.
Efectos sobre el consumo y la producción
A FAVOR:
Con la legalización no necesariamente aumentaría el consumo, porque desaparecería la curiosidad y el atractivo de lo prohibido. La legalización iría acompañada de medidas educativas y preventivas.
Si se levanta la prohibición, desaparecería buena parte del estigma social de las drogas. Muchos adictos perderían el miedo a salir del anonimato y acudirían a tratarse a los establecimientos autorizados. Al mismo tiempo, las campañas de prevención llegarían con más facilidad.
Además, las cárceles están llenas de personas que han cometido pequeños delitos para satisfacer su adicción. Pero la cárcel no es el lugar adecuado para ellas. El castigo sólo empeora la situación de los adictos.
EN CONTRA:
El atractivo de la droga no se basa en la curiosidad por lo prohibido, sino en la adicción que crea. También hay un atractivo por productos legales, y su fácil disponibilidad no frena el consumo sino que lo estimula.
La legalización haría que la demanda se disparase. Al sacar las drogas de la clandestinidad, más gente daría el paso de probarlas (seguramente a precios más bajos) y acabarían enganchados.
También los que ya son adictos saldrían peor parados. Además de acrecentarse el riesgo de dependencia, los enganchados podrían entrar en el sistema de “escalada”, por el cual consumen drogas cada vez más potentes y peligrosas (sean legales o ilegales). Se terminaría creando una clientela cautiva.
Es cierto que la prohibición sirve de poco si no va acompañada de medidas educativas y preventivas. Pero legalizar las drogas restaría eficacia a aquellas medidas. El mensaje de que las drogas son dañinas pierde credibilidad si al mismo tiempo se legalizan.
Al definir una conducta como delictiva, las autoridades están diciendo que aquello es dañino y no debe hacerse. La prohibición legal no tiene solamente una función represiva, sino también pedagógica: prohibir es una forma de educar.
La penalización no tiene por objetivo principal meter en la cárcel al que se droga (cosa que no se hace), sino sobre todo disuadir a los que no las han probado. La prohibición envía el mensaje de que las drogas son dañinas, circunscribe su difusión a ciertos ambientes en los que si uno no quiere, no se mete. Bajo la prohibición el consumidor tiene que ir a buscar la droga, con la legalización la droga le buscaría a él.
Respecto a la producción, nuevos datos demuestran que las leyes anti-droga pueden dar frutos. El Informe Mundial de 2010 de la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas sostiene que la superficie total de cultivo de cocaína ha caído un 13% desde 2007, debido sobre todo a la eliminación del 58% de los cultivos de Colombia gracias a la política de Álvaro Uribe. Parece que la menor oferta incide en una menor demanda.
La existencia de otras drogas legales
A FAVOR:
Las drogas derivadas del cannabis (marihuana y hachís, principalmente) no son más peligrosas que otras permitidas, como el alcohol y el tabaco. Éstas también causan daños a la salud y muertes, y sin embargo no están prohibidos. Se buscan otros límites: prohibición de publicidad, de venta a menores, de uso en lugares públicos.
EN CONTRA:
Existe una diferencia importante entre los motivos que pueden conducir al consumo de alcohol y los que llevan al consumo de drogas. Se puede desear consumir bebidas alcohólicas porque se aprecia su sabor, pero sin buscar que produzcan efectos sobre el sistema nervioso, por lo que pueden consumirse en dosis bajas y espaciadas.
Las drogas, en cambio, se consumen buscando las alteraciones que producen sobre el sistema nervioso. Tienen efectos directos e inmediatos sobre el estado de conciencia, cosa que no experimentan los bebedores moderados ni los simples fumadores.
Ciertamente, el consumo excesivo de alcohol es peligroso; pero su consumo moderado, no. No puede afirmarse lo mismo respecto del cannabis. Desde el momento en que se busca como psicoativo, su consumo -cualquiera que sea la dosis- comporta un mayor o menor riesgo de dependencia psicólogica.
Más allá de los riesgos, cabe preguntarse qué sentido tendría que el mismo Estado que emprende enérgicas campañas anti-tabaco se volviera comprensivo con los que fuman marihuana, cuando el daño pulmonar y la presencia de sustancias cancerígenas en el humo del cannabis es mayor que en el cigarrillo.
Y después de perseguir tanto la conducción bajo los efectos del alcohol, ¿se pondrá el mismo celo para evitar los accidentes de tráfico provocados por quienes conducen bajo la influencia del consumo de marihuana?
Respetar la libertad del individuo
A FAVOR:
Está en juego el respeto a la libertad del individuo. Cada uno es dueño de sí mismo y por tanto libre de hacer lo que estime conveniente con su cuerpo, siempre que no perjudique los derechos de los terceros. El Estado no es quien para dictar a la gente lo que debe o no consumir.
EN CONTRA:
La sociedad no puede asistir indiferente a la posibilidad de que una buena parte de sus miembros se autodestruyan de forma legal. Las drogas no son malas porque están prohibidas; están prohibidas porque son malas.
Tampoco está claro el principio de que cada uno puede hacer lo que quiera con su cuerpo. El problema concreto de la droga pone de manifiesto que el declive ético tiene un elevado coste social. El Estado sí tiene algo que decir en este asunto, puesto que los vicios privados -entre los que se cuenta la droga- tienen consecuencias públicas (gastos sanitarios, conductas antisociales…) .