La política del bloqueo estadounidense contra la isla aumenta las penurias de los cubanos, perjudica a terceros y se granjea la desaprobación internacional.

La Habana. Como todos los años desde 1992, el 26 de octubre la Asamblea General de la ONU aprobó el informe “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”. Solo dos países -Israel y, por supuesto, EE.UU.- votaron contra el proyecto, que recibió el respaldo de 187 Estados. Hay algo de inexplicable obstinación en que Washington persista, con cada vez menos apoyo, en mantener esa política. EE.UU. no ha podido alcanzar su objetivo: derrocar el sistema de partido único (el Partido Comunista de Cuba). Lo único que ha logrado es, en realidad, aumentar las escaseces y limitaciones que debe enfrentar el pueblo cubano en su vida cotidiana. No es arduo entender entonces que esa política no goza de mucha simpatía entre las grandes mayorías de cubanos, ni dentro ni fuera de la Isla. Los tabacos de Kennedy Desde 1959, aunque el recién estrenado gobierno de Fidel Castro no había declarado aún su carácter socialista, Washington suprimió la cuota azucarera que le correspondía a Cuba en el mercado norteamericano y cortó el necesario flujo de combustibles. Con posterioridad, las refinerías existentes en la Isla, pertenecientes a compañías estadounidenses, se negaron a procesar el crudo procedente de la Unión Soviética, y el Estado cubano las nacionalizó. La gama de áreas y prohibiciones es amplia: además de la negativa de que ciudadanos norteamericanos viajen libremente a Cuba (pueden hacerlo a Corea del Norte, China y Vietnam), el bloqueo impide a la Isla el uso del dólar en las transacciones internacionales y su acceso a créditos del FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Por otra parte, le prohíbe comprar, entre otros insumos, prótesis para usos diversos en cirugía cardiovascular, placas de yodo radiactivo para el tratamiento de niños y adultos que padecen de tumores en la retina, máquinas Braille para estudiantes ciegos, sistemas de esteras para la manipulación del equipaje en los aeropuertos, motores para embarcaciones, fertilizantes para el cultivo del arroz, ordenadores de Intel, Hewlett Pckard, IBM o MacIntosh, y un largo etcétera. Cuando logra obtenerlos, a través de terceros, La Habana debe pagar precios duplicados o triplicados, lo que provoca mayor desgaste económico. Y hay un aspecto más: el de la extraterritorialidad, la extensión de las sanciones a terceros: si un buque holandés o japonés trae mercancías a Cuba, no puede, en virtud de la denominada Ley Torricelli, de 1992, tocar puerto estadounidense hasta seis meses después. Otra legislación -la Helms-Burton, de 1996- estipula que si una empresa foránea invierte en Cuba en lo que un tribunal de EE.UU. considera una antigua propiedad norteamericana, se arriesga a fuertes sanciones. Valga añadir que, temiendo una posible avalancha de demandas, los gobiernos de Clinton, Bush II y Obama han prorrogado semestralmente, desde su aprobación, la entrada en vigor del capítulo III de esa ley. La rendija de los alimentos Un paréntesis en la aplicación del bloqueo lo constituyó la Ley de Agricultura firmada por Clinton en el año 2000, que en uno de sus puntos autoriza la venta de alimentos y medicinas a Cuba. En un primer momento, las autoridades cubanas, deseosas de ir a más, rechazaron la posibilidad de adquirir productos bajo esa licencia, con las miras puestas en la remoción del bloqueo. Sin embargo, las devastadoras consecuencias de un huracán en el otoño de 2001, determinaron que La Habana decidiera aceptar el ofrecimiento de ventas de alimentos hecho por la administración Bush. Desde entonces a la fecha, los productores agrícolas norteamericanos se han convertido en importantes proveedores del mercado cubano (el pico de ventas estuvo en los 711 millones de dólares en 2008), en una relación comercial de un solo sentido, pues Cuba no tiene permitido exportar a EE.UU. ni un solo tabaco ni una botella de ron Havana Club. Además, la Isla cuestiona “las difíciles condiciones de pago para los importadores cubanos -en efectivo y por adelantado- y los costos adicionales de almacenamiento o sobreestadía en que incurre la importadora de alimentos Alimport por trabas burocráticas”. “¿Embargo o bloqueo?” ¿Embargo o bloqueo? Parecerían sinónimos, pero aun las palabras son armas arrojadizas en este escenario. Para el gobierno de EE.UU., se trata de un asunto “bilateral”, un sencillo deseo de no comerciar con el otro, por lo que el asunto no va a más: es un simple “embargo”. Por el contrario, para Cuba, la política de lo que denomina “bloqueo” -y es bajo ese nombre como se vota la resolución anual en la ONU- constituye “un acto de genocidio”. Como se ha dicho, no solo Cuba emplea el término. En visita a La Habana en febrero de 2008, el secretario de Estado vaticano, cardenal Tarcisio Bertone, expresó: “La Santa Sede confirma exactamente las palabras de Juan Pablo II acerca del que el bloqueo es injusto y éticamente inaceptable; es un opresión contra el pueblo cubano (...). Esa es la verdad. El Vaticano confirma ese juicio y hace tentativas de impulsar a los EE.UU. a eliminar este bloqueo”. Por qué EE.UU. mantiene una práctica tan escasamente defendible ante la opinión pública internacional, es difícil de entender. Y aun más cuando una encuesta realizada por la Universidad Internacional de la Florida, poco después de las elecciones presidenciales de 2008, reveló que por primera vez la mayoría de los cubanoamericanos (55 por ciento) se opone al bloqueo, y un 65 por ciento aboga por el restablecimiento de los nexos diplomáticos entre ambos países. Cincuenta años de restricciones sin resultados concretos -como no sean perjuicios a la población cubana-, valdrían para abandonar una política digna de la Guerra Fría por un mecanismo de diálogo. Tal vez un obstáculo sea el hecho de que algunos cubanoamericanos que ocupan puestos en el Capitolio y en la política local de Florida, siguen apostando por mantener el statu quo, la dinámica del enfrentamiento infructuoso. En abril de 2009 Obama levantó las restricciones para que los cubanoamericanos pudieran viajar libremente a Cuba a ver a sus familiares y enviarles el dinero que quisieran. Para los estadounidenses de origen no cubano, la prohibición sí se mantiene, y es eso lo que varios legisladores están intentando cambiar con un proyecto de ley. Si primara en algún momento la lógica y se levantara el bloqueo, ello implicaría, además de un acto de justicia, una oportunidad para poner al desnudo y corregir las manifestaciones de ineficiencia, improductividad y rigidez burocrática que padece la sociedad cubana, y que hoy, gracias a la tozudez de Washington, son, sencillamente, “culpa del bloqueo”.

Cuba y EE.UU.: Cincuenta años de embargo sin resultados

Contenido para suscriptores

Apúntate a la newsletter

síguenos

Cuba y EE.UU.: Cincuenta años de embargo sin resultados

Contenido para suscriptores

Apúntate a la newsletter

síguenos

Contenido exclusivo para suscriptores de Aceprensa

Funcionalidad exclusiva para suscriptores de Aceprensa