Evo Morales sigue teniendo el apoyo popular, pero parte de sus bases se han distanciado de él cuando ha intentado suprimir subvenciones insostenibles.

La Paz. Por primera vez en cinco años, el presidente Evo Morales y la Central Obrera Boliviana (COB), el ente que agrupa a los trabajadores, celebraron el 1º de mayo por separado. Es cierto que en la COB no están representados los campesinos, uno de los principales apoyos de Morales, aunque sí los mineros y los obreros fabriles. El distanciamiento de la COB es clara manifestación del desgaste del partido de gobierno. Desde su ascenso al poder en diciembre de 2005, el capital político de Morales se ha ido erosionando a lo largo de estos años de gestión. En realidad esto era inevitable dadas las grandes dificultades estructurales de Bolivia, y los propios errores gubernamentales, pero no hay duda de que la popularidad del presidente sufrió un golpe más duro de lo calculado como consecuencia del llamado “gasolinazo” a fines de 2010. Su autoridad también se ha reducido, pues su capacidad de imponerse –hasta el gasolinazo prácticamente incontestada– se ha comprobado que no es absoluta. El gobierno de Evo Morales puede mostrar unos índices macroeconómicos satisfactorios, pero los grandes proyectos no avanzan Si hay algo que aprendieron los populistas latinoamericanos en los últimos años es que la estabilidad macroeconómica es la condición necesaria para mantenerse en el poder, y más en concreto, que lo peor que les puede suceder es un proceso inflacionario, casi siempre producido por el incremento del gasto público. Evo Morales lo sabe, y a pesar de la creciente transferencia más o menos discrecional de recursos estatales en forma de bonos a los sectores populares, es muy prudente a la hora de tomar medidas económicas. De hecho, buena parte de la propaganda gubernamental se centra en presentar indicadores macroeconómicos satisfactorios: baja tasa de inflación (7,2%), récord de reservas monetarias y de exportaciones –gracias a la subida de precios de las materias primas–, superávit fiscal, crecimiento del PIB de un 3,8%… Por eso, cuando en diciembre del 2010 se decidió aumentar de modo sorpresivo en un 70% el precio de los diversos combustibles, a fin de evitar el contrabando hacia los países vecinos y estimular la producción de carburantes, los economistas ortodoxos aplaudieron la medida. Su planteamiento fue que, tarde o temprano, el Estado se enfrentaría a un déficit fiscal inmanejable si no se producía algún tipo de recorte, concretamente en las subvenciones a los hidrocarburos. Sin embargo, a los pocos días la medida tuvo que ser dejada sin efecto debido al alto grado de resistencia popular al llamado “gasolinazo”. El movimiento obrero protesta A partir de ese momento, las organizaciones sociales, que son la base de la gestión gubernamental de Morales, han tomado una cierta distancia crítica del gobierno y han iniciado un proceso de mayores demandas y presión. A lo largo del mes de abril se han sucedido los paros y marchas protagonizados por la COB exigiendo un aumento de salarios, al cual el gobierno ha tenido que acceder en parte: este tipo de episodios parecían haber quedado en el pasado después de la llegada del MAS al poder… Es cierto que Evo sigue manteniendo una considerable popularidad, y que en realidad la oposición política a su partido, el MAS (Movimiento al Socialismo), tiene escasa fuerza aún. Pero también es real que la simpatía de las clases medias de las ciudades hacia el presidente puede seguir disminuyendo si la eficiencia y honestidad en la gestión pública de su gobierno no se diferencia de sus criticados antecesores “neoliberales”, y si los “éxitos”, algo imprescindible para un gobierno carismático como el de Morales, se limitan a la “recuperación” de los recursos naturales –las materias primas– de manos de las transnacionales, o sea a la nacionalización –estatización– de determinadas empresas, y al aprovechamiento de sus ganancias. Grandes proyectos aplazados En cinco años el gobierno del MAS no ha podido lograr que avance significativamente ninguno de los grandes proyectos prometidos, como la industrialización del gas, el aprovechamiento de las grandes reservas de litio, la construcción de una planta siderúrgica, o –en otros ámbitos– el acceso soberano a parte del litoral marítimo perdido a manos de Chile en el siglo XIX en la guerra del Pacífico, o la recuperación real de las raíces culturales indígenas del país a partir de la nueva Constitución promulgada. Este último 1º de mayo –a diferencia de los años anteriores– Evo no pudo anunciar ninguna nueva nacionalización. A la vez, está planteando la necesidad de utilizar parte de las reservas de divisas para invertir en proyectos productivos, especialmente en el área de los hidrocarburos. Por primera vez se pronostica déficit fiscal. Las inversiones privadas son mínimas –651 millones de dólares el año pasado–, a consecuencia de la inseguridad jurídica, la hostilidad del gobierno y las condiciones sociales poco favorables. Y como Morales no quiere o no puede acudir a las fuentes de financiamiento internacionales, parece que solo puede extraer recursos para la inversión de las reservas internacionales. De todos modos, mientras se mantenga la bonanza externa y los altos precios de las materias primas, Bolivia seguirá creciendo y no se producirán probablemente grandes terremotos políticos. En todo caso, las dificultades económicas del gobierno de Morales son consecuencia de los anhelos populares: una reciente encuesta indicaba que la mayoría de la población apoya las nacionalizaciones que se han ejecutado. No solo es por desconfianza con las empresas privadas y confianza en el Estado que existe ese apoyo: es la seguridad para la mayoría de la empobrecida población boliviana de que al menos parte de los recursos económicos llegarán a sus manos. Pero si se produjera una crisis de precios severa, esos recursos se evaporarían… y con ellos la popularidad sostenida aunque menguada de Evo.

El encanto de Evo Morales se desvanece

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