La Asamblea General de la ONU ha cerrado su conferencia sobre las drogas con un acuerdo que muchos, sobre todo los que pretendían un anuncio espectacular, consideran insuficiente. Nada se dice de la legalización de la producción y el consumo recreativo. Y del uso médico, se señala la conveniencia de que las sustancias sean accesibles para todo el que las necesite, pero bajo estricto control. Todo lo contrario a lo que está pasando en algunos países, donde algunos medicamentos se han convertido de hecho en drogas legalmente accesibles.
Mucho se había hablado acerca de la sesión especial celebrada en la sede central de la ONU del 19 al 21 de abril. Algunos la habían calificado como una oportunidad histórica para abandonar la llamada “guerra contra las drogas”, un enfoque eminentemente policial y judicial de tolerancia cero, y sustituirla por otro más centrado en la salud pública, y que indirectamente pudiera contemplar una relajación con respecto a algunas sustancias, fundamentalmente la marihuana.
El texto avala el uso médico de ciertas sustancias, pero pide un estricto control sobre ellas
Sin embargo, el documento final, diseñado con anterioridad a la cumbre pero ratificado ahora, sanciona en casi todos los puntos el statu quo, aunque con un vago llamamiento al “equilibrio” en las políticas sobre droga. De ahí que algunos de las delegaciones que se habían manifestado más claramente por el cambio de paradigma, como las de Nicaragua o Bolivia, lo hayan calificado como un fracaso rotundo o una oportunidad perdida.
Continuidad
El hecho de que la frase más repetida en el documento sea “de conformidad con los tratados de fiscalización internacional de las drogas” (refiriéndose a los tres textos reguladores en esta materia, aprobados por la ONU en 1961, 1971 y 1988), da cuenta del carácter continuista de la resolución.
En el texto no hay ninguna referencia directa a la posibilidad de legalizar la producción y el consumo recreativo de ninguna de las sustancias actualmente fiscalizadas. Lo más cerca que llega el documento es cuando, hacia el final, se alienta a la Comisión de Estupefacientes, la reunión anual de los estados miembros de la ONU para discutir políticas sobre drogas, a que, “en cooperación con las autoridades competentes de las Naciones Unidas, y dentro de sus respectivos mandatos, considere la posibilidad de examinar las directrices existentes y, cuando sea necesario, formular nuevas directrices sobre los distintos aspectos del problema global de las drogas”.
Menos guerra contra las drogas
Si en el tema de la legalización (o regularización, como algunos prefieren llamarlo eufemísticamente), el documento ha defraudado a los que querían un cambio significativo, la convención sí ha recogido el guante en otro aspecto: la idea de rebajar el tono judicial de la guerra contra las drogas. En varios párrafos el documento sugiere la posibilidad de adecuar las penas a la gravedad del delito (muchos de los activistas por la legalización señalan que la tolerancia cero ha llevado a una tasa de encarcelamiento y a unas penas desproporcionadas). Así, se habla de “medidas sustitutivas o complementarias en lo que respecta a la pena o la condena”.
No se abandona el enfoque judicial, pero se pide una adecuación de las penas a la gravedad del delito
Otra de las reivindicaciones de los detractores de la guerra contra las drogas es que este enfoque estaba eclipsando la ayuda sanitaria a las personas necesitadas. La resolución adoptada señala repetidamente que la lucha contra las actividades delictivas no debe suponer un deterioro de la asistencia. Y no solo para los drogodependientes: para erradicar el problema es imprescindible una política de prevención dirigida especialmente a los jóvenes, ofreciéndoles alternativas saludables a las drogas. Además, hay que abordar “los factores socioeconómicos más apremiantes relacionados con las drogas, como el desempleo y la marginación social”. También es preciso tener en cuenta las necesidades de las comunidades que actualmente sobreviven por el cultivo de plantas destinadas al consumo ilícito. Las autoridades estatales, señala el texto, deben diseñar un plan de transición hacia otros modelos de subsistencia.
Duro con el narcotráfico
En cuanto a la persecución del narcotráfico, el documento es muy contundente. Pide a los Estados y organismos internacionales una mayor cooperación para perseguir el delito: compartir datos para desvelar las conexiones de estos negocios con tramas de corrupción, tráfico de armas, y para destapar sus redes financieras.
El texto también incluye un capítulo dedicado a las nuevas tendencias y riesgos detectados por la ONU. Se habla, por ejemplo, de las nuevas sustancias psicoactivas, distribuidas muchas veces a través de Internet y por canales aparentemente inocuos. Se dedica un espacio especial a la “cambiante amenaza de los estimulantes de tipo anfetamínico”, particularmente la meta-anfetamina. Además, hay un apartado para el uso no médico de fármacos que contienen componentes psicoactivos. Esta preocupación ha estado muy presente durante toda la cumbre, gracias en parte a la intervención del delegado norteamericano. En Estados Unidos, los calmantes opioides se han convertido en un enorme problema de salud pública (cfr. Aceprensa, 6-01-2016).
Uso médico
La relajación de las restricciones para la utilización médica de ciertas drogas era el otro gran caballo de batalla de esta cumbre. Al contrario que en el caso del uso recreativo, en este punto sí parece haber un cierto consenso a favor. El texto de la resolución menciona, por ejemplo, la conveniencia de “simplificar y racionalizar esos procesos y eliminar reglamentos e impedimentos innecesariamente restrictivos”, o “considerar la posibilidad de formular y aplicar de manera más generalizada directrices clínicas sobre el uso racional de los medicamentos fiscalizados”.
La resolución marca una línea continuista con el marco legal vigente, aunque hay una invitación a repensar las directrices
Con todo, no hay ninguna mención explícita a la marihuana, cuyo uso terapéutico ha sido reivindicado por parte de la comunidad médica, y sobre todo por activistas, desde hace tiempo. En una gran parte de Estados Unidos ya está aprobado. Sin embargo, algunos médicos han señalado el carácter precipitado y chapucero con que se ha desarrollado el proceso, como si hubiera estado guiado más por necesidades políticas que por la evidencia científica (cfr. Aceprensa, 11-09-2014). La resolución adoptada en la cumbre pide que estas sustancias solo se utilicen en el campo sanitario cuando estén bien estudiados sus efectos, y la seguridad del paciente.