Ante la próxima votación, en la Cámara de los Comunes británica, del proyecto para reformar la ley sobre fecundación artificial e investigación con embriones, tres ministros han manifestado su desacuerdo y anuncian que no le darán sus votos. Los disidentes son Des Browne, secretario de Defensa; Ruth Kelly, secretaria de Transporte, y Paul Murphy, secretario para Gales.
Ellos se oponen a que el proyecto permita que dos lesbianas, que hayan formalizado una unión civil, puedan ser reconocidas como madres legales de un mismo niño. Tampoco están conformes con que se elimine el requisito, vigente en la ley actual, de que las clínicas de fecundación in vitro consideren la necesidad de que un niño tenga padre, antes de admitir a tratamiento a una mujer sin pareja masculina. Rechazan asimismo que se autorice la creación de embriones híbridos de humano y animal para investigar con ellos y destruirlos después.
Otros diputados laboristas y miembros -de rango inferior a secretario- del gabinete que preside Gordon Brown, mantienen la misma postura. El líder conservador, David Cameron, ha dado libertad de voto a los diputados de su partido. En cambio, el primer ministro no quiere hacer lo mismo. Alega que el proyecto, como los demás anunciados en el último discurso de la reina, es parte sustancial del programa de gobierno. El responsable de disciplina en el grupo parlamentario laborista ofreció a los tres principales disidentes la posibilidad de abstenerse en los Comunes, pero ellos insistieron en que votarían en contra (cfr. The Daily Telegraph, 8-03-2008).
Los tres son católicos. Cuando informó por vez primera sobre el desacuerdo el 6 de marzo en su edición digital, The Daily Telegraph dijo que Browne, Kelly y Murphy se oponían al proyecto “por sus creencias religiosas”, e invitó a los lectores a enviar sus opiniones sobre la siguiente cuestión a propósito del caso: “¿Hay que mantener la religión al margen de la política?”.
Pero ¿dónde está la religión en este asunto? Sostener que no es bueno para un niño privarle de tener padre y adjudicarle dos madres legales no es creencia religiosa alguna. Tampoco es ningún artículo de fe reclamar para los embriones mayor respeto y protección que el previsto en el proyecto. Son convicciones éticas y políticas, y si resultan congruentes con la religión de los tres ministros, es señal de que ellos no acostumbran defender ideas incompatibles, como la generalidad de las personas en su sano juicio; pero eso no convierte en creencias religiosas a las convicciones mismas. Al menos con respecto a los embriones, los tres coinciden no solo con la autoridad de su Iglesia, sino también con Jürgen Habermas, sin que ello les valga el ingreso automático en la Escuela de Frankfurt.
Esta confusión de planos cuando alguien se aparta del guión oficial respecto de cuestiones de familia, bioética y semejantes, funciona como un truco para excluir del debate al discrepante sin necesidad de argumentar. En vez de entrar a las razones éticas y políticas del disidente sobre el bien del niño o la dignidad de los embriones, se desvía la cuestión al terreno constitucional -la laicidad del Estado- y ¡hale, hop!: estás descalificado.
Pero ni siquiera el gobierno de Gordon Brown se atiene en todo caso a la separación de religión y política. Se espera que pronto anuncie la emisión de deuda pública con certificado de compatibilidad con la ley islámica, que prohíbe la usura. Para esto no hay remilgos aconfesionales, y algunos que ven la larga sombra de Roma en la postura de tres ministros no rehúsan mirar a La Meca si de allí vienen los petrodólares. Por eso, algún periódico debería plantear a los lectores esta cuestión: ¿Hay que mantener la religión al margen de la hacienda pública?