El reto demográfico español

Una población envejecida, a falta de los hijos deseados

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Ahora que cualquier proyecto se presenta como reto, no podemos ignorar que si algún reto hay en España es el demográfico, porque lo condiciona todo. Actualmente, tenemos una población envejecida, con más muertes que nacimientos, y que solo se mantiene ya gracias a la inmigración, que además aporta uno de cada cinco nacidos. La natalidad sigue en horas bajas, la maternidad se retrasa y uno de cada cinco embarazos termina en aborto.

El número de habitantes está prácticamente estancado: 46,73 millones en 2018, con un leve aumento del 0,14% respecto a 2011. Si no ha disminuido ha sido gracias a la inmigración, cuyo saldo positivo ha compensado un saldo vegetativo (nacimientos menos muertes) deficitario (–46.273). Desde 2015 hay más ataúdes que cunas, y la distancia se va agrandando.

En 2018 había en España 4,66 millones de extranjeros, lo que supone el 10% del total de población residente. Esta población inmigrante, que es más joven que la nacional, aporta uno de cada cinco nacimientos. Y falta hace. El número de hijos por mujer está en 1,31, mientras que la media de la UE es de 1,59 y en la vecina Francia, de 1,9. Pero se necesita al menos una tasa de 2,1 para la sustitución de generaciones. Las parejas españolas tienen una descendencia insuficiente y tardía. La edad media a la primera maternidad ha subido hasta los 32 años, y el total de nacidos en 2017 (393.181) es el número más bajo desde 1999.

La inmigración no bastará

Por ahora, la inmigración está cubriendo el déficit poblacional español. Pero, si se mantienen las tendencias demográficas actuales, la inmigración no podrá compensar la reducción de la población nacional. Según las Proyecciones de población 2016-2066, del Instituto Nacional de Estadística (INE), España perdería algo más de medio millón de habitantes de ahora a 2031. El número de nacimientos seguiría reduciéndose en los próximos años, sobre todo por la disminución del número de mujeres en edad fértil, que bajaría 1,8 millones en 15 años.

Buena parte de las mujeres y de los hombres declaran que desean tener más hijos de lo que indica la actual tasa de fecundidad

La población ha envejecido. La media de edad ha pasado de 39,2 años en 1998 a 43,13 en 2018, superior a la de países como Francia y Suecia e inferior a la de Alemania e Italia. Y si no es más elevada, es porque la edad media de los extranjeros en España es de 36 años.

El envejecimiento irá a más. La población mayor de 65 años, que ahora representa el 19% del total, en 2031 será el 26,2%, si bien en algunas regiones, como Asturias, ya ha alcanzado el 25%. A su vez, el descenso de nacimientos –en 2018 se redujeron un 5,8%– provocaría que en 2031 hubiera 1,2 millones menos de niños menores de 10 años.

Natalidad reprimida

¿No nacen más hijos en España porque sus padres no quieren? Si hemos de creer a la Encuesta de fecundidad de 2018 del INE, resulta que buena parte de las mujeres y de los hombres desearían tener más hijos. En todos los tramos de edad, el número de hijos preferido es el de 2, ideal del 48% de las parejas. Apenas un 10% de mujeres mayores de 30 años no desea tener hijos. Y en torno al 25% de las parejas dicen que desearían tener 3 o más hijos.

Hay, pues, un desfase entre la fecundidad deseada y la realizada, ya que en el grupo de mujeres de 45 a 49 años, que han terminado su etapa fértil, las que han tenido 3 o más hijos son el 12,7%. Este “tercer hijo perdido” es el que, según los demógrafos, falta para garantizar la renovación de las generaciones y evitar la pérdida de población.

Cuando la encuesta pregunta por las barreras a la fecundidad, las razones más invocadas por las mujeres, a partir de los 35 años, son las laborales o de conciliación de la vida familiar y laboral (25%) y las económicas (25%), mientras que la de carecer de una pareja adecuada no supera en ningún caso el 10%.

¿Qué incentivos a la natalidad esperan las mujeres? El principal que demandan al Estado es el aumento de la duración del permiso de maternidad/paternidad, que actualmente es de 16 semanas. Es curioso, en cambio, que la igualación del permiso de paternidad al de maternidad solo sea un incentivo deseado para menos del 5% de las mujeres de más de 30 años. Da la impresión de que esta medida, tan simbólica para políticos y grupos feministas, no es un objetivo para la inmensa mayoría de las parejas, que prefieren organizarse a su modo.

Tras la ampliación del permiso, los otros dos incentivos más mencionados (en torno a un 10% de las respuestas) son una asignación económica para las familias con hijos menores de 18 años y la flexibilidad en el horario laboral. La conciliación entre trabajo y familia aparece así como el factor clave para pasar de la fecundidad deseada a la realidad.

Pero no todo depende del Estado y de los empleadores. Otro factor son las prioridades de las parejas. Está comprobado que el retraso de la primera maternidad –por dar preferencia a la carrera profesional o por otros motivos– acaba dando lugar por lo general a una descendencia menor de la deseada. Con el aumento de edad disminuye la fertilidad de la mujer. Un dato significativo es que, según la citada encuesta, el 5,4% de las mujeres de menos de 55 años se ha sometido alguna vez a un tratamiento de reproducción asistida. Y la tasa de éxito de estas intervenciones no permite dar un hijo a más de una de cada tres clientes.

Proteger la vida naciente

Asomados a este precipicio demográfico, resulta más paradójico que casi uno de cada cinco embarazos termine en aborto provocado. En 2017 se registraron 94.123 abortos frente a 393.181 nacimientos, lo que equivale al 23,9%. En números absolutos ha habido cinco años consecutivos de descensos en los abortos, tendencia que se quebró en 2017, al registrar un ascenso del 1%. La tasa de abortos por mujeres en edad de concebir ha bajado de un máximo de 12,47 por cada mil mujeres en 2011 a 10,51 en 2017.

En ambientes políticos y en medios de comunicación el descenso se interpreta como un respaldo a la tesis de que la situación está bajo control, que con la ley de 2010 no se ha disparado el número de abortos. Cuando los datos se presentan en el contexto de la evolución de la población, hay motivos para poner en duda esa interpretación tranquilizadora. Tanto en 2010 como en 2018 hay un aborto por cada cuatro nacimientos, dentro de una tendencia constante a la baja del número de nacidos. Parece más lógico decir que el aborto se ha estabilizado a un nivel alto. Aunque el número de mujeres en edad de concebir disminuye y la utilización de anticonceptivos aumenta, la incidencia del aborto se mantiene.

Hay una visión que tiende a desconectar el aborto y el problema demográfico, como si fueran fenómenos independientes. Pero es claro que el aborto priva a la población de casi 100.000 posibles españoles cada año.

El aborto se ha estabilizado a un nivel alto, con un aborto por cada cuatro nacimientos

Al margen de lo que uno piense sobre el aborto, no cabe duda de que es un fracaso que todos desearían evitar. Entonces, tiene mucho sentido ofrecer apoyo a las mujeres embarazadas en situaciones de especial vulnerabilidad familiar, económica o social. Son ayudas que se justifican tanto por la protección de la mujer que quiere ser madre como por el respeto a la vida naciente, y también para reducir el número de abortos que lastra el dinamismo demográfico.

El Partido Popular (PP), que siempre tiene más ideas en política familiar cuando está en la oposición que en el gobierno, ha propuesto, cara a las elecciones generales, una ley de apoyo a la maternidad. La futura ley incluiría una batería de medidas con ayudas económicas, desgravación por hijo, acceso al mercado laboral y conciliación… El nuevo PP de Pablo Casado, que califica de “drama” los 100.000 abortos al año, no tiene intención de tocar el Código Penal, pero desea disminuir el recurso al aborto con medidas positivas de apoyo a la maternidad, y protegiendo a las mujeres que quieran entregar a su hijo en adopción, con una garantía de confidencialidad.

Este tipo de medidas de apoyo a las mujeres que quieren evitar el aborto podría suscitar un consenso entre partidos que siempre se declaran en contra de la discriminación de la mujer y que son conscientes del reto demográfico español.


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