Propuestas para estimular la natalidad

Portugal: la familia y los niños, primero

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Desde hace unos años la situación demográfica de Portugal empeora. Los últimos datos ofrecidos por Eurostat, correspondientes a 2012, sitúan la tasa de fecundidad en 1,28 hijos por mujer, pero el año pasado descendió a 1,21, según las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estatística portugués.

El crecimiento natural es negativo, con 7,9 nacimientos contra 10,2 defunciones por mil habitantes el año pasado. También el saldo migratorio estuvo bajo cero (–36.000). En total, Portugal perdió casi 60.000 habitantes. La población se estima en 10,42 millones, cerca de 150.000 menos que en 2009, último año en que aumentó.

Preocupado por el declive y el envejecimiento de la población –con más del 20% por encima de los 65 años–, el gobierno de Pedro Passos Coelho creó en febrero una comisión para estudiar las posibles soluciones a la crisis demográfica. La conclusiones del grupo de trabajo, que se han hecho públicas recientemente, proponen una política a favor de la natalidad e incluyen casi treinta medidas.

Las recomendaciones del informe tienen como objetivo aumentar la renta familiar y evitar que la situación económica condicione las decisiones sobre el tamaño de la familia

Lo primero, la familia
El informe de los expertos, titulado Por un Portugal amigo de los niños, de la familia y de la natalidad (2015-2035), comienza reconociendo que las instituciones públicas no han prestado suficiente atención a la promoción de la natalidad. Por ello los autores estiman imprescindible dar prioridad a una nueva política que tenga por objetivo revalorizar el papel de la familia y concienciar a la población de que “todo hijo es un regalo”.

Lo más preocupante para los miembros de la comisión es que los portugueses en la actualidad no pueden tomar las decisiones familiares libremente: según una encuesta de 2014 a la que aluden, las familias desearían tener 2,3 hijos de media, pero de hecho solo tienen 1,03, principalmente por motivos económicos. El grupo de trabajo sostiene que una política de promoción de la natalidad debe, antes que nada, quitar los obstáculos que impiden a los progenitores decidir libremente, sin penalizar a quienes optan por tener una familia numerosa.

Un trato fiscal mucho más favorable
El informe recomienda mejorar el tratamiento fiscal de las familias para aumentar el capital disponible. Así, propone reducciones por hijo en la base del impuesto de la renta: del 1,5% por el primer hijo y del 2% por los sucesivos. Además prevé otras posibles reducciones de impuestos especialmente gravosos para los hogares, como los de inmuebles o vehículos.

Pero los padres no deben ser los únicos beneficiarios de la nueva política. Una de las recomendaciones más interesantes es la referida a los abuelos: teniendo en cuenta que son estos quienes cada vez con más frecuencia asumen el cuidado de los niños, es de justicia que también puedan deducirse en sus declaraciones los gastos educativos o médicos en los que incurran por hacerse cargo de sus nietos.

La aparición del informe ha coincidido con la de otro estudio elaborado por la comisión encargada de la reforma del impuesto de la renta, que explícitamente recomienda al gobierno actual aumentar las deducciones de la cuota por hijo. En concreto, insta a pasar del 2% previsto a día de hoy al 2,3% en el caso del primer hijo y al 2,9% por el segundo.

Se reclama tanto al sector público como al privado que se impliquen para formar una nueva “cultura comunitaria” que prestigie el entorno familiar y la natalidad

La situación laboral de los padres
Pese a la importancia de las sugerencias de tipo fiscal, la mejora de la situación económica de la familia pasaría, como indica el informe, por mitigar algunos gastos. Entre otras cosas, sería deseable la revisión de los costes de escolarización de guarderías y colegios y hacerlos proporcionales a la renta familiar. En el mismo sentido, invita a abaratar el material escolar y los libros de texto.

En relación con la situación laboral de las madres, el grupo de expertos plantea que estas puedan acogerse, después de la baja por maternidad, a un horario de media jornada, pero recibiendo también en ese periodo su sueldo íntegro. La idea es que la empresa contrate a un desempleado a tiempo parcial y que el Estado y el empleador compartan al 50% el pago del salario, por lo que no supondría mayor gasto público.

Además, con el fin de evitar que los progenitores sean discriminados en el ámbito laboral, aconseja eximir del pago de las prestaciones sociales a aquellas empresas que contraten a mujeres embarazadas o a padres o madres con hijos menores de tres años a su cargo.

Otras propuestas van dirigidas a garantizar el equilibro entre las obligaciones familiares y las exigencias laborales. La ampliación de horarios en las guarderías, la flexibilización de la jornada de trabajo o el aumento de la oferta extraescolar, especialmente durante los periodos no lectivos, son algunas de las soluciones estudiadas en el informe.

Una cultura social a favor de la familia
El grupo de trabajo que ha elaborado el documento considera imprescindible apoyar a la mujer embarazada; por ello, cree que la Administración ha de garantizar la atención médica de forma universal y gratuita a toda gestante. Además propone que los tratamientos contra la infertilidad sean gratuitos y se amplíe hasta los 42 años la edad para acceder a ellos.

Lo importante, en cualquier caso, es que reclama tanto al sector público como al privado una mayor implicación en la mejora de las condiciones sociales y económicas de la familia, para formar una nueva “cultura comunitaria” que prestigie el entorno familiar y la natalidad. En este sentido, creen que sería útil crear un certificado de “amigo de la familia y los niños” para destacar el compromiso de las empresas y las instituciones. Se prevé también la puesta en marcha de una web que ofrezca al público información detallada sobre este tipo de políticas de promoción de la familia.

Durante la presentación de las conclusiones, el coordinador del grupo de trabajo, Joaquim Azevedo, insistió en que revertir la tendencia demográfica exige el compromiso de los partidos con una nueva línea política común, que no dependa de los vaivenes electorales. Las medidas que plantean el informe solo podrán mostrar resultados a largo plazo: los primeros síntomas de recuperación no serán visibles hasta dentro de veinte años.


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