La fórmula de las cuentas de ahorro educativo

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En EE.UU. la fórmula del cheque escolar ha estado sometida a distintos avatares, al compás de decisiones judiciales que en algunos estados la han permitido y en otros no. Pero los legisladores han intentado también otros métodos para favorecer la libertad de elección de escuela con financiación pública.

Uno de estos programas son las Education Savings Accounts (ESA), una fórmula parecida a la de los cheques, pero en la que el dinero aportado por el Estado puede ser empleado por los padres no solo para la educación de sus hijos en escuelas privadas sino también para para otros fines educativos.

Arizona fue el primer estado que utilizó esta fórmula en 2011, después de que el Tribunal Supremo del estado anulara el cheque escolar. Las familias que renuncian a la educación de su hijo en la escuela pública, reciben del estado una cantidad correspondiente al 90% del coste escolar en una cuenta que pueden utilizar para distintos fines educativos: la matrícula en una escuela privada, enseñanza en casa (home schooling), clases de refuerzo, material escolar y otros gastos educativos aprobados por el estado.

El programa se había limitado a una minoría de alumnos (unos 3.300), principalmente los que tienen necesidades especiales o provienen de escuelas por debajo de los estándares educativos. Pero ahora los legisladores de Arizona han extendido esta posibilidad a todos los alumnos. Cada estudiante de secundaria podrá acogerse al sistema, aunque para las nuevas inscripciones habrá un tope de 5.000 al año.

En la cuenta se depositará un importe de 5.600 dólares, que se estima sería suficiente para cubrir la matrícula en la mitad de las escuelas privadas de Arizona. La ley impone medidas de control, que incluyen que el alumno se someta a tests estandarizados y que se publiquen los resultados del conjunto.

La fórmula de las cuentas de ahorro educativo se está aplicando también en otros estados. Florida, Mississippi y Tennessee han establecido ESA para estudiantes con necesidades especiales. Nevada aprobó una legislación para ampliar la fórmula a todos los alumnos, pero el mecanismo de financiación de la ley fue rechazado por el Tribunal Supremo del estado, si bien reconoció su constitucionalidad. Más de 8.000 padres se habían apuntado al programa, pero ahora hace falta que el gobernador republicano del estado convenza a la cámara legislativa que hoy es de mayoría demócrata.


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