Italia: habrá “renta de ciudadanía”, pero no para todo ciudadano

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La renta de ciudadanía fue la promesa electoral clave del Movimiento 5 Estrellas cuando ganó las elecciones en Italia en marzo del año pasado; dio lugar a tensiones con su socio de gobierno, la Liga; provocó un pulso con Bruselas, que teme que su coste desequilibre aún más el presupuesto. Pero finalmente fue aprobada en enero por el Consejo de Ministros, aunque con un traje más modesto del previsto en el diseño original.

La renta de ciudadanía se presenta como una medida para afrontar la pobreza y luchar contra el desempleo. Según lo aprobado por el gobierno, el Estado asignará un subsidio de 780 euros mensuales a las personas que estén sin empleo y en estado de necesidad, durante un plazo máximo de dos años. La única diferencia respecto a un subsidio de desempleo, que ya existe en Italia, es que no es necesario haber trabajado antes y hay que encontrarse en estado de pobreza.

Para satisfacer a la Liga, que teme que esta política favorezca el asistencialismo, el subsidio se condiciona a que el receptor se inscriba en un centro para la búsqueda de empleo, y que acepte al menos una de tres ofertas de trabajo que pueda recibir en un plazo de dos años.

También hay otra serie de requisitos que se han ido endureciendo para limitar el coste y aplacar las exigencias de Bruselas. Si los componentes del núcleo familiar tienen un índice de renta y patrimonio superior a los 9.000 euros anuales, no se puede pedir la renta de ciudadanía. La posesión de una segunda casa y tener una cuenta corriente con una liquidez de más de 5.000 euros, excluyen también. Para los propietarios de la primera casa, el importe de la renta se reduce y no puede superar los 500 euros mensuales. Y del subsidio base de 780 euros se detraen todos los subsidios asistenciales que se recibían antes.

Es decir, no es una renta universal sino para los desempleados, tiene un plazo máximo y está sujeta a unos límites de renta.

Cinco millones de posibles beneficiarios

Se prevé que podrían solicitar la renta mínima cinco millones de personas, que son las que, según el Instituto de Estadística Italiano, viven bajo el umbral de pobreza “absoluta”. El número de hogares afectados serían en torno a 1,8 millones.

El Gobierno estima que el coste de la renta mínima de ciudadanía será de 6.000 millones en 2019 y de 9.000 millones en 2020, de los cuales 1.000 se destinarían a transformar los centros para la búsqueda de empleo en una red para la formación y la reinserción en el mercado de trabajo.

Algunos cálculos simples ponen en duda que con estos presupuestos pueda financiarse la renta de ciudadanía. Dividiendo los 6.000 millones de euros presupuestados por los 1,8 millones de hogares necesitados, saldría a 3.330 euros anuales por familia. Si se empezase a pagar en este mes de marzo, habría que dividirlo por diez mensualidades, o sea, 333 euros al mes por familia, cifra que no llega a la mitad de los 780 euros mensuales per cápita. Y, por otra parte, apenas superior a los 305 euros mensuales que reciben ya hoy 380.000 familias, beneficiarias del subsidio de lucha contra la pobreza.

Cabe preguntarse también qué pasa si al beneficiario no le llegan tres ofertas de empleo en ese plazo de dos años. Unos interpretan que seguirá recibiendo la renta, otros que la perderá. Por el momento, incertidumbre. Como también es incierto su impacto sobre una elevada deuda pública, que ya alcanza el 130% del PIB.

En cualquier caso, va a poner a prueba la solvencia de una medida económica de signo populista, en la que el Movimiento 5 Estrellas ha puesto sus esperanzas.


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