Las leyes de Indiana y Arkansas sobre libertad religiosa, comentadas en Estados Unidos y en medio mundo, han suscitado una fuerte campaña en contra. Empresas, organizaciones deportivas, conjuntos musicales amenazaron con suspender actos programados en esos estados. En Twitter se creó el hashtag #BoycottIndiana para denostar la medida.
Según los críticos, las leyes recién aprobadas autorizaban a empresarios, comerciantes, profesionales, caseros… a negarse a prestar servicio a los homosexuales. En una declaración pública, el presidente de Apple, Tim Cook, comparó la ley de Indiana con la antigua segregación racial en el Sur, cuando los negros no podían ir a la escuela con los blancos o tenían que sentarse en las últimas filas del autobús.
Pero las Leyes de Restauración de la Libertad Religiosa (RFRA) de Indiana y Arkansas no dicen eso. Como la ley federal del mismo nombre, de 1993, en que se basan, fijan un criterio estricto para que la autoridad pueda limitar el libre ejercicio de la religión. Ha de probar que lo hace por un interés común “imperioso” y de la manera “menos restrictiva” posible. Así, cuando una norma general supone para algún ciudadano una “carga excesiva” para practicar su fe, la RFRA obliga a buscar un acomodo razonable. La RFRA federal fue aprobada con amplio apoyo de demócratas y republicanos y firmada por el presidente Bill Clinton.
“Si no se intenta equilibrar la libertad religiosa y los derechos civiles, la causa gay se verá como imposición, no liberación” (David Brooks)
Intentos de proteger a los objetores
Al principio, la RFRA se aplicaba tanto al gobierno federal como a los estatales, aunque solo Connecticut y Rhode Island la incorporaron formalmente a sus legislaciones. Pero en 1997, el Supremo dictó que el Congreso no tenía autoridad para imponerla a los estados. Por eso, desde entonces otros 19 han ido promulgando sus propias RFRA, para implantar el mismo criterio estricto en sus jurisdicciones. Indiana y Arkansas son los últimos hasta ahora.
Todas esas leyes son casi iguales, y en la parte fundamental reproducen a la letra la RFRA federal. Ninguna se refiere a los homosexuales, ni permite que un negocio los rechace como clientes. Sin embargo, las más recientes añaden detalles que se explican por el trasfondo de las bodas gais. Desde las dos sentencias del Supremo sobre matrimonio homosexual en 2013, los tribunales federales lo han impuesto a 30 estados que lo excluían, 25 de ellos por enmienda constitucional aprobada en votación popular. Es previsible que cuando el Supremo, quizá en junio próximo, falle sobre los recursos presentados, haga obligatoria la redefinición del matrimonio para todo el país.
Por eso se teme que personas opuestas a la legalización de las bodas gais sean forzadas a cooperar en tales ceremonias. Sendos proyectos en las dos Carolinas prevén reconocer a funcionarios estatales el derecho a abstenerse de oficiarlas. Una reforma constitucional propuesta en Utah prohibiría obligar a una organización religiosa o a ministros suyos a realizar ritos contrarios a su doctrina.
Pero lo que más enemigos ha encontrado es el intento de dar la misma exención a profesionales (fotógrafos, restauradores…) y aun empresas (hoteles, salas de fiestas…), si tienen motivación religiosa. Esto es lo que ha suscitado fuertes campañas contra las RFRA de Arizona, Indiana y Arkansas. La primera fue aprobada en febrero pasado pero vetada por la gobernadora; las otras dos tuvieron que ser modificadas a última hora para apaciguar las críticas.
La polémica es si las nuevas leyes toman la libertad religiosa como excusa para discriminar contra homosexuales, o se está usando las leyes antidiscriminación para recortar la libertad religiosa
Tres críticas
Los críticos reprochaban que las nuevas leyes permitieran expresamente a un particular invocar la RFRA en una demanda interpuesta contra él por otro particular, y no solo en un litigio con el estado. Caso práctico: una pareja gay se querella contra el propietario de un restaurante que no quiso servir el banquete de boda, y el demandado apela a la RFRA contra la aplicación a su caso de la ley estatal antidiscriminación, en que se apoyan los querellantes. Eso, dicen los críticos, es una expansión abusiva de la RFRA, cuyo fin es solo proteger el ejercicio de la religión frente al estado. Cosa que no dijeron cuando Texas promulgó su RFRA (1999), que incluye la misma cláusula. Finalmente, Indiana y Arkansas cedieron a las presiones y retiraron esa disposición.
Otro ataque a las nuevas leyes es que extiendan la protección a entidades –incluidas empresas–, que no tienen libertad religiosa. Pero aparte de que eso ya estaba en la RFRA de Luisiana, de 2010, es congruente con la sentencia del Supremo sobre Hobby Lobby, la empresa familiar que objetó al “mandato anticonceptivo” de Obama, porque no quería financiar fármacos de posible efecto abortivo dentro de la cobertura sanitaria a sus empleados. Los dueños y administradores de una sociedad, dijo el Supremo, han de poder dirigirla de manera conforme a su conciencia.
Una censura más es que las RFRA de Indiana y Arkansas (como la de Pensilvania de 2002, por cierto) permiten recurrir contra una norma estatal aun antes de que se aplique al interesado, si este considera que supondrá “probablemente” una restricción excesiva a su libertad religiosa. Eso equivale, dicen, a conceder exenciones preventivas, sin necesidad de que el interesado demuestre haber sido perjudicado realmente. Pero también tal medida concuerda con el caso de Hobby Lobby, que pudo presentar su demanda contra el mandato anticonceptivo antes de que hubiera de pagar la multa por no cumplirlo.
Condenados por no participar en la boda
También se dice que estas nuevas RFRA, propuestas aparentemente para proteger la libertad religiosa en general, de hecho están pensadas específicamente para los objetores a las bodas gais. Y así es, en parte al menos; pero eso solo sirve de crítica si uno piensa que tales bodas no pueden entrar en conflicto con la libertad religiosa de algunos. Y, como dice David French, abogado especialista en libertad religiosa, hoy “nadie clama por exigir a los restaurantes kosher que ofrezcan carne de cerdo ni por obligar a los abogados gais a representar a la Iglesia Baptista de Westboro”.
Lo más criticado de las nuevas leyes es el intento de permitir a empresas y profesionales que rehúsen dar servicio en una boda homosexual, cosa por la que algunos han sido sancionados
En cambio, una pastelería de Oregón fue sancionada con 150.000 dólares por no querer hacer la tarta de boda a unas lesbianas. En Nueva York se impuso una multa de 13.000 dólares a los dueños de una casa de campo que alquilan para fiestas nupciales pero no admitieron la de dos mujeres. En Kentucky se ha condenado a una imprenta por negarse a estampar camisetas con símbolos y lemas para el Día del Orgullo Gay. Hay más casos: una florista del estado de Washington, una fotógrafa de Nuevo México… Entonces, ¿las RFRA toman la libertad religiosa como excusa para discriminar contra homosexuales, o se está usando las leyes antidiscriminación para recortar la libertad religiosa?
O conmigo o contra mí
El movimiento LGTB no reconoce diferencia entre negar a alguien un servicio por ser homosexual –lo que todo el mundo considera discriminatorio– y rehusar tomar parte en una boda gay o lesbiana. Tampoco parece entender que esa lógica se vuelve en su contra: un impresor partidario del matrimonio homosexual sería forzado a hacer pancartas para una manifestación contra eso mismo; y si fuera un hotelero, tendría que alquilar su auditorio para un congreso de los opuestos a lo que él piensa.
Como señala David Brooks, columnista del New York Times, las RFRA marcan un criterio para resolver, caso por caso, los conflictos entre un interés público y la libertad religiosa de alguien. En cambio, los contrarios a la ley de Indiana y similares no admiten que haya reparo válido contra la participación en una boda gay, y en los objetores solo ven fanáticos. Pero, advierte Brooks, “si no se intenta equilibrar la libertad religiosa y los derechos civiles, la causa gay se verá como imposición, no liberación”.
Así comienza a suceder. El movimiento LGTB ha adoptado una postura “absolutista”, como la llama Brooks: o conmigo o contra mí; si no me sigues, me discriminas. Pero la misma experiencia de los homosexuales en el pasado debería infundirle mayor tolerancia para admitir que, si defiende que ellos puedan casarse, otros tienen libertad para no ir a esa fiesta.