El endurecimiento del Código Penal cubano, para combatir la ola de criminalidad, y la aprobación de una nueva ley que puede servir para castigar severamente la disidencia y la crítica periodística, revelan que el régimen castrista está lejos de adoptar una postura aperturista. El cardenal Jaime Ortega, arzobispo de la Habana, ha declarado que la reforma es preocupante y contraria al mensaje que dejó el Papa en su visita.
Con la aprobación de la Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, cualquier persona podrá ser perseguida por «colaborar» con el gobierno de Estados Unidos o «apoyar y facilitar» la aplicación de su embargo económico.
El gobierno cubano amplía así los delitos contra la seguridad y estrecha el cerco contra los periodistas independientes y las organizaciones de derechos humanos que existen en la isla. Según la nueva ley, quien «suministre, directamente o mediante tercero, al gobierno de EE.UU. información que pueda ser utilizada o que se utilice en la aplicación de la Ley Helms-Burton, el bloqueo, la guerra económica contra Cuba, la subversión y otras medidas similares», será condenado a una pena de 7 a 15 años de prisión. La condena puede llegar a los 20 años si el que suministra la información lo hace «con ánimo de lucro», y hasta 30 años si el acusado posee un cargo público que le permita acceder a los datos.
El artículo 8 de la ley, que afecta directamente a los periodistas independientes, sancionará con penas de 2 a 5 años de prisión a todos aquellos cubanos o extranjeros que «de cualquier forma, colaboren o mantengan relaciones con emisoras de radio o televisión, periódicos, revistas u otros medios de difusión masiva, con el propósito de contribuir a facilitar el logro de los objetivos de la ley Helms- Burton» o de cualquier ley estadounidense que pretenda subvertir el orden en Cuba. Si el periodista cobra por su trabajo o recibe alguna dádiva, la pena ascenderá a 8 años.
Mientras se debatía la ley, no estaba claro hasta qué punto la legislación afectaría a los corresponsales de prensa extranjeros.
Como respuesta a las medidas de «flexibilización del embargo» anunciadas por Clinton el pasado enero -que establecen el apoyo con fondos oficiales a entidades privadas e individuos que luchen por la democracia en Cuba-, la nueva ley establece penas de 3 a 8 años de cárcel a quienes reciban dinero o recursos del gobierno estadounidense.
Junto con esta ley, el Parlamento cubano prepara una reforma del Código Penal caracterizada por el endurecimiento de las penas: la pena de muerte, que ya existe para el asesinato, podrá ser aplicada a quienes trafiquen con droga a gran escala; se introduce la cadena perpetua para algunos casos de robos con violencia; y aparecen nuevas figuras delictivas de blanqueo de dinero y tráfico de personas.
Según el gobierno castrista, ante la ola de criminalidad, se hace necesario restaurar la seguridad ciudadana. También se reconoce que la inseguridad podría perjudicar al turismo.
Sin embargo, en la conferencia de prensa ofrecida al concluir la XXVII Reunión Interamericana de Obispos -celebrada por primera vez en Cuba-, el cardenal Jaime Ortega lamentó la política de radicalización de las leyes penales y afirmó que la reforma es «preocupante, no sólo con respecto al futuro, sino también porque contraría el mensaje espiritual que dejó el Papa en la isla».
En medio de este clima, Fidel Castro se reunió con una treintena de cardenales y obispos participantes en la Reunión Interamericana, para analizar la exhortación apostólica La Iglesia en América, hecha pública por el Papa durante su reciente visita a México.