Lima.— Han pasado 45 días de protestas y las cifras del desastre se cuentan por decenas: 55 muertos, 1.214 heridos, 120 bloqueos en carreteras, y 47 provincias paralizadas. Y la solución no asoma por ningún lado.
Desde el 7 de diciembre, tras el fallido intento de golpe de estado de Pedro Castillo, las protestas no han cesado. De acuerdo con los reportes de Defensoría del Pueblo, al 23 de enero de 2023, se registran movilizaciones, paros y bloqueos en 28 provincias.
A esto hay que sumarle el costo de las paralizaciones. De acuerdo con la presidenta Dina Boluarte, a la fecha, se han perdido aproximadamente 2.000 millones de soles (513 millones de dólares) en labores de producción y 3.000 millones (770 millones de dólares) en daños a la infraestructura.
Razones del caos
Si el escenario actual se mantiene, en dos semanas estaríamos registrando 60 días de protestas. Creemos que hay tres razones que mantienen este caos en el Perú.
Una primera razón es que el discurso y las acciones de mano dura no han conseguido apaciguar los ánimos. Estas decisiones no han frenado la ola de protestas; al contrario, han generado más violencia.
Los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los manifestantes continúan en las calles y las carreteras. Y parece que Dina Boluarte se cansó de intentar lograr la calma por ese camino. El 24 de enero, en una conferencia en Palacio de Gobierno con la Asociación de Prensa Extranjera, la mandataria hizo un llamado a una tregua nacional a fin de entablar mesas de diálogo y fijar agendas de desarrollo con las regiones.
Sin embargo, a pesar de este pedido, se mantendrá la mano dura. No hay que olvidar que el pasado 14 de enero, mediante Decreto Supremo N°009-2023-PCM, el gobierno central declaró el Estado de Emergencia en las regiones de Puno, Cusco, Lima, Callao, Apurímac, Madre de Dios y Moquegua, por un plazo de 30 días calendario.
Las protestas han recibido apoyo de dos universidades públicas de prestigio
En ese decreto, el Ejecutivo señala: “La Policía Nacional del Perú (PNP) mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas”. Esto quiere decir que los militares quedan autorizados a intervenir a cualquier ciudadano, junto con la PNP, para “resguardar” el orden público. Asimismo, al decretarse el Estado de Emergencia, el gobierno suspende varios derechos constitucionales de la ciudadanía.
Policía en la Universidad
Una segunda razón es la participación activa de dos universidades públicas con historia y de gran prestigio académico en el Perú: la Universidad Nacional Mayor de San Marcos –la primera universidad fundada en América Latina– y la Universidad Nacional de Ingeniería. Ambos centros superiores de estudios cobijaron a un gran número de manifestantes que procedían de diversas provincias del sur del país.
Como era de esperarse, dicha acción generó división en la opinión pública. Por un lado, se criticó que los recursos públicos sean usados para apoyar protestas que van contra el mismo Estado y que solo responden a fines políticos. Por otro, se exigía que los recintos universitarios solo deben usados para fines académicos y de investigación, tal como lo señala la Ley Universitaria.
Los que apoyaban la decisión de las universidades mencionadas argumentaron que la posición de las autoridades académicas eran loables porque respondían a cuestiones humanitarias.
La polarización se acrecentó luego de la intervención policial dentro del campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ocurrido el último sábado. Al promediar las 10 de la mañana, 500 agentes policiales redujeron a casi 200 manifestantes que se encontraban dentro del recinto universitario, entre ellos, adultos mayores y quechuahablantes. Este grupo había llegado a la capital para sumarse a la denominada “Toma de Lima”.
Manifestantes reforzados
La intervención fue hecha con rapidez y dureza; incluso, un tanque de la Policía Nacional derrumbó una de las puertas de acceso a la universidad. La Policía Nacional justificó el operativo debido a la denuncia penal del apoderado judicial de la San Marcos, quien acusó a los protestantes de haber agredido al personal de seguridad de la universidad para robarles chalecos, aparatos electrónicos y otros implementos de seguridad.
La defensora del Pueblo, Eliana Revollar, cuestionó el operativo policial y alertó que se debió contar con la presencia de la Fiscalía. “En Estado de Emergencia se deben garantizar los derechos humanos”, afirmó.
Los discursos de los parlamentarios y políticos no apaciguan sino que alborotan el avispero
La otra universidad que está en el ojo de la tormenta es la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). El pasado 17 de enero, el Consejo Universitario, con el aval del rector Alfonso López Chau, resolvió por unanimidad admitir el ingreso de las delegaciones de protestantes a la universidad. El rector argumentó que “en el uso de su autonomía universitaria, se puede acoger a los débiles y, en este momento, los más débiles son los estudiantes que vienen a protestar pacíficamente”.
Así, la “acción de hospitalidad” de ambas universidades “fortaleció” el ímpetu de los manifestantes y de sus organizadores. Mientras que las acciones del Estado por recobrar el orden público fueron aprovechados por los azuzadores para “echar más leña al fuego”.
Los políticos alborotan el avispero
Una tercera razón es que los discursos de los parlamentarios y políticos no apaciguan sino que alborotan el avispero.
Para los políticos de izquierda, el gobierno de Dina Boluarte es una dictadura cívico militar y fundamentan su calificativo con las acciones del operativo policial en San Marcos. Los políticos de esta tendencia lo comparan con otro realizado por el gobierno del expresidente Alberto Fujimori a la misma universidad, en la década de los años 90.
Mientras que los políticos de derecha mantienen su discurso de apoyo a las acciones del actual gobierno. Congresistas de esta línea política aseguran que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas están trabajando para recobrar el principio de autoridad.
En esta puja de posiciones, el avispero se mantiene activo porque la mayoría parlamentaria mantiene su decisión de no cambiar la fecha de las Elecciones Generales y su negativa a la propuesta de Asamblea Constituyente. Sin embargo, sí debaten un grupo de reformas constitucionales como el retorno a la bicameralidad.
Por el momento, lo que es seguro es el adelanto de elecciones para abril del 2024, a pesar del reclamo de los congresistas de izquierda y de los protestantes de que se realicen en abril o diciembre de este año. Los opositores aseguran que la negativa al adelanto de elecciones se debe a que muchos congresistas desean mantenerse en el poder a como dé lugar.
Injerencia internacional
A río revuelto, ganancia de políticos de la oposición. En este caso, el cargamontón de la izquierda latinoamericana contra el actual gobierno peruano se ha hecho evidente en los últimos días.
Declaraciones públicas de presidentes, expresidentes y embajadores han sido el pan de cada día. A todas ellas, la Cancillería ha respondido con enérgicos comunicados rechanzado la injerencia de dichos países en la vida política del Perú.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue el primero en opinar en contra del gobierno peruano. Sus declaraciones fueron rechazadas; días previos, el embajador mexicano en Lima fue expulsado. Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien exigió que la Organización de Estados Americanos (OEA) cite al gobierno peruano a explicar la acciones contra las protestas.
Otro presidente fue el de Bolivia, Luis Arce, quien señaló que “el pueblo peruano tiene que recuperar el derecho a elegir un gobierno que los represente”. El rechazo de la cancillería peruana no se hizo esperar. Esto se suma el discurso separatista del expresidente Evo Morales en las regiones del sur peruano, donde apoyó la propuesta de un grupo de peruanos de formar otro país.
En las últimas horas, se ha sumado a las críticas el presidente chileno Gabriel Boric. “[En Perú] Las personas salen a marchar y a reclamar lo que consideran justo y terminan baleadas por quien debiera defenderlas”. Seguramente, la cancillería peruana debe estar preparando la nota de protesta.
Para muchos, el Perú se resiste a que las ideas del denominado Socialismo del siglo XXI y de Foro de Sao Paula se instalen en el país.
¿Qué será del Perú en los próximos días? Es una pregunta sin respuesta.