Bruselas. En el marco de las denuncias de abusos sexuales en ambientes eclesiásticos, la justicia belga realizó el pasado 24 de junio un registro policíaco “de película” en el arzobispado de Malinas-Bruselas. Varios días después, a la vista de las reacciones de los diferentes actores de esta historia, cabe preguntarse si, en el citado contexto, el remedio no ha sido peor que la enfermedad.
Registro en el palacio episcopal
El 24 de junio, varios agentes de policía, enviados por un juez instructor del distrito de Bruselas, irrumpen en el palacio del arzobispo de Malinas-Bruselas, en Malinas, para realizar un registro. Su objetivo: encontrar toda la información disponible sobre supuestos abusos sexuales perpetrados por el clero de la diócesis.
Son las diez y media de la mañana y en ese momento se encuentran reunidos en dicho palacio los miembros de la conferencia episcopal, junto con el nuncio de la Santa Sede en Bélgica. Excepto el nuncio, que puede ausentarse gracias a su pasaporte diplomático, todos los obispos presentes son obligados a permanecer en el palacio, hasta el final del registro, que dura nueve horas.
Los obispos son interrogados por los agentes, aunque la mayor parte no tenga nada que ver en el asunto. Además, el equipo de instrucción requisa abundante documentación escrita, así como los ordenadores y otro material informático del arzobispado. También los teléfonos personales de los obispos, mientras dura el registro. Todo ello bajo la mirada atenta de las cámaras de televisión y otros medios informativos, que han llegado al palacio arzobispal media hora antes que la policía.
Esa misma mañana, y en el marco de la misma investigación, los agentes enviados por el juez de instrucción desembarcan en el domicilio particular del cardenal Danneels, anterior arzobispo de Malinas-Bruselas, de donde se llevan varias cajas de documentos y los dos ordenadores del cardenal. El registro dura poco tiempo, y los agentes continúan su registro en la catedral de Malinas.
De criptas y tumbas
¿En qué lugar de una catedral puede esconderse la documentación relativa a los casos investigados? Los agentes reciben la información de que uno de los últimos trabajos de remodelación de la catedral ha tenido como objeto los monumentos funerarios de dos antiguos arzobispos, Jozef-Ernest Van Roey y Léon-Joseph Suenens. Y, como si de un best seller policíaco se tratara, los agentes perforan estas dos tumbas para introducir unas cámaras que permitan descubrir el escondite de documentos comprometedores.
En la misma archidiócesis y en el mismo día, pero en una ciudad distinta, Lovaina, tiene lugar otro registro. Se trata de la sede de la comisión independiente para el “estudio de quejas por abusos sexuales en el marco de una relación pastoral”, también conocida como “Comisión Adriaenssens”, un organismo creado por la Conferencia Episcopal hace diez años (ver anexo). Los agentes se incautan de toda la documentación escrita (principalmente de unos 475 dossiers de denuncias de abuso sexual en el marco de una relación pastoral, es decir de la parte de sacerdotes, catequistas, etc.) y el material informático de dicha comisión.
“Digno del Código Da Vinci”
A la mañana siguiente, el viernes 25, algunos artículos editoriales de la prensa nacional elogian la labor de la justicia civil, que ha mostrado que todos, incluida la Iglesia, son iguales ante la ley. Otros, sin embargo, se preguntan si el despliegue de medios no ha sido exagerado. Hay quienes, yendo más allá, dudan del carácter fortuito de la coincidencia del registro con la reunión mensual de la Conferencia Episcopal.
El arzobispo de Bruselas ofrece ese mismo día una conferencia de prensa. Se trata de anunciar el nombramiento del nuevo obispo de la diócesis de Brujas. El anterior había presentado su dimisión el pasado mes de abril implicado en un caso de abusos sexuales que tuvo lugar al principio de los años ochenta. Las preguntas de los medios de comunicación se concentran, sobre todo, en torno al registro de la víspera.
Ante las preguntas, el mensaje del arzobispo es claro: la Iglesia belga espera que la justicia actúe allí donde haga falta, y ofrecerá toda la colaboración necesaria. Pero manifiesta también su inquietud en cuanto a la forma en la que se ha realizado el trabajo de instrucción, juzgada excesiva y más propia del Da Vinci Code, ironiza. Además, la falta de criba en la incautación del material va a impedir el trabajo de la mayor parte del personal administrativo del arzobispado.
Otra ronda de cuestiones informativas se organiza ese mismo día en torno al presidente de la comisión independiente para el estudio de quejas por abusos sexuales, el psiquiatra infantil Meter Adriaenssens. El responsable de la citada comisión se dice conmocionado por los acontecimientos, y emite sus dudas en cuanto a las repercusiones sobre las víctimas de los abusos que se querían resolver.
Dura reacción de la Santa Sede
Los primeros rumores sobre el caso, que mezclan curiosas anécdotas reales con otras inventadas, llevan al cardenal secretario de estado, Tarcisio Bertone, a calificar la acción de la justicia belga de acoso propio de los antiguos regímenes comunistas. El Papa, sin detenerse en los detalles, aceptaba plenamente la libertad de los magistrados, pero se lamenta también públicamente ante el duro tratamiento que ha recibido la jerarquía belga. En una carta expresaba su solidaridad con los obispos belgas, lamentaba “ciertas maneras sorprendentes y deplorables” con que se había realizado la investigación , y recordaba que había repetido en numerosas ocasiones que «estos graves hechos deben ser tratados por el orden civil y por el orden canónico en el respeto recíproco de la especificidad y de la autonomía de cada uno”.
Suscita también interés en Bélgica la intervención de la directora de “Child Focus”, una asociación muy conocida en el país por su trabajo de búsqueda de niños desaparecidos y víctimas de malos tratos. Con la autoridad que le da su posición, se manifiesta en contra del carácter exagerado de la operación de instrucción judicial, y pone en duda la eficacia del método adoptado para resolver los problemas de las víctimas de abusos.
En el mismo sentido se manifiesta el ministro de bienestar social del gobierno flamenco, en cuyo territorio se encuentra la sede arzobispal afectada por el registro. Y no son pocos los foros mediáticos en los que, aunque el primer día se presentaba el caso como una manifestación de la igualdad de todos ante la ley, se admitía los perjuicios a los que podía conducir un celo excesivo del poder judicial. A estas alturas, el personal administrativo de la diócesis más grande del país también expresa su inquietud ante el futuro de su trabajo y su sueldo, resultado de la confiscación del material informático.
Se pierde la garantía de confidencialidad
A su vez, el doctor Adriaenssens anuncia su dimisión como responsable de la comisión independiente. Afirma que, por un lado, la incautación del material de trabajo de la comisión, le impide continuar su misión al frente del organismo que preside. Y, por otro lado, con la puesta en manos del juez instructor de los casos estudiados por la comisión, se ha roto la garantía de confidencialidad que la comisión ofrecía a las víctimas de abusos. De modo que aunque el juez devolviera al día siguiente la documentación incautada, la falta confianza de las víctimas en la comisión pone en entredicho el futuro de este organismo.
No sólo el presidente, sino también el resto de los miembros de la comisión independiente para el estudio de quejas por abusos sexuales presenta su dimisión. Al mismo tiempo, suenan los primeros ecos de personas que habían acudido a la comisión Adriaenssens que temen la publicidad que pueda darse a su caso.
Una víctima de abusos, cuyo caso estaba en estudio, se presenta ante la el tribunal de Bruselas, revelando públicamente su identidad, para mostrar su rebelión ante lo que considera un ultraje por parte de la justicia. Reclama también un estatuto especial, de “persona perjudicada”, para lograr al menos el derecho a conocer el tratamiento que recibirá su dossier por parte de la Justicia. En sus declaraciones, anima a otras víctimas a seguir su ejemplo para manifestar su desaprobación.
Para entonces los medios de comunicación nacionales comienzan a hablar de un posible incidente diplomático entre el gobierno belga y la Santa Sede. El ministro de justicia reafirma sus declaraciones sobre la independencia de la magistratura. El ministro de Asuntos Exteriores declara haber comenzado un diálogo con la diplomacia vaticana destinado a corregir los posibles errores.
¿Cómo ayudar a las víctimas de abusos?
La cuestión más importante es cómo ayudar a las víctimas de los abusos, cuestión que queda por ahora sin respuesta. Todos concuerdan en que la comisión presidida por el Dr. Adriaenssens estaba haciendo un buen trabajo. Nadie sabe todavía cómo va a ocuparse la justicia belga de esos cientos de víctimas, que no han querido dirigirse a ella sino a esa comisión, y que ahora se ven traicionadas.
Las circunstancias en que se ha desarrollado el registro policial y los rumores en torno a la orientación anticatólica del juez de instrucción dan pie a sospechas más o menos fundadas de parcialidad y de deseo de humillar a la Iglesia. Sea de esto lo que fuere, el escándalo que nos ocupa confirma una vez más la sabiduría del viejo adagio latino: summum ius, summa iniuria. La justicia estaba en su derecho de intervenir, porque los hombres de Iglesia no están, ni lo pretenden, por encima de las leyes humanas. Pero si un derecho se ejerce sin la debida moderación, corre el peligro de convertirse en una gran injusticia. Y en esta ocasión incluso en un motivo de ridículo para la misma justicia, por sus métodos a lo “Da Vinci Code”.
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