El gobierno de la comunidad autónoma de Cataluña está investigando a una clínica de Barcelona donde un psiquiatra trata a personas homosexuales que buscan cambiar su situación.
Respecto a las causas de la investigación, la consejera de Salud, Marina Geli declaró este lunes que “la homosexualidad no es ninguna enfermedad, y la orientación sexual diversa es un derecho de libertad legislado en nuestro país”.
Zenit recoge la opinión de Pablo Nuevo López, coordinador de la cátedra de Bioética y Derecho de la Universidad Abat Oliba-CEU, quien cuestionó la base jurídica de esta actuación contra Policlínica Tibidabo.
Según el jurista, no hay normas para considerar ilegales estas terapias y la actuación del gobierno catalán afecta a una triple libertad: la de los pacientes, la de los médicos y la de la clínica.
“Los pacientes quieren ese tratamiento, son personas que se dirigen voluntariamente a la clínica, a unos doctores en concreto para un tratamiento en concreto”. Además, “los médicos deben ejercer la medicina según su criterio y las instituciones médicas tienen libertad para ofrecer servicios a la sociedad de acuerdo a una manera concreta de entender la profesión médica”.
En opinión de Nuevo, decir que la homosexualidad es una enfermedad tampoco puede ser ilegal, ya que la libertad de expresión garantiza que la mera opinión sobre el carácter bueno o malo de algo, sin incitación al odio ni al comportamiento agresivo contra personas, no puede ser objeto de sanción.
El experto también destacó que no hay unanimidad de criterios en la comunidad científica sobre el carácter del comportamiento homosexual. “Sin embargo, el poder público no puede decidir previamente si hay algunas teorías científicas que no se pueden someter a discusión; eso es incompatible con nuestro sistema”.
La consejera Geli atribuyó la actuación de la clínica a motivos ideológicos, no científicos.
Pero si algo responde a la ideología es la investigación a la clínica, respondió el presidente de la Federación Internacional de Asociaciones de Médicos Católicos, Josep Maria Simon, cuya opinión recoge también Zenit. “¿Por qué no cierran los centros de brujería y de hierbas y fármacos no basados en la evidencia científica?”, preguntó.
El representante de los médicos católicos afirmó que “si una persona está muy mal con su condición, está claro que puede ir a una terapia, igual que un ludópata puede asistir a una terapia aunque la ludopatía sea algo legal”.