Las estimaciones de los asistentes a la manifestación son, como de costumbre, tan dispares como interesadas. Desde el millón doscientos mil que dice la Comunidad de Madrid a los 265.000 según cálculos de El País. Pero, incluso aun en la estimación más baja, serían muchísimos, pues equivaldría a sacar a la calle toda la población de capitales como La Coruña o Granada.
En cualquier caso, se reconoce que ha sido la mayor protesta social contra el gobierno desde 2004, y una de las mayores manifestaciones de la democracia en España.
Por eso, más que la tarea imposible de contar los manifestantes, lo más significativo de la “demanda social” en este asunto es ver la capacidad de movilización de los adversarios y de los partidarios de la ley. El sábado 17 en la calle de Alcalá de Madrid desfilaron cientos de miles de personas, venidas de toda España, de lugares tan distantes como Cádiz y Lleida, después de fatigosos viajes en autobús, con críos de la mano y mochilas repletas. Gente que no era acarreada con viaje y comida gratis, como los que se llevan a los mítines de los partidos, sino que se pagaron el viaje de su bolsillo. No habían sido conducidos en masa, sino movilizados familia a familia, conforme al lema de la manifestación “cada vida importa”.
